Defensa de funcionaria que denunció a la presidenta de la INDDHH: el Parlamento “debería apegarse al derecho” y “a la gravedad de la prueba rendida”

Hace casi un año que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) le inició a su presidenta, Carmen Rodríguez, un procedimiento para investigar un acoso laboral, tras una denuncia que le hizo la responsable del Área de Salud Mental de la institución, Mónica Giordano, para la que se aplicó el protocolo de acoso laboral y sexual de la institución.

El proceso dentro del organismo concluyó en octubre del mismo año y tuvo una resolución del consejo de febrero de 2025. El documento, al que accedió la diaria, sostiene que se pudo comprobar “conductas hostiles de la denunciada en el ámbito laboral y en diversas situaciones”.

Además, se constató la existencia de un trabajo “excesivo en el área de salud mental, producto del mandato legal y de una planificación ambiciosa y desproporcionada a los recursos institucionales existentes”. Sobre el área de salud mental la resolución agrega que “no se demostró existencia de directivas claras para la ejecución de tareas del área”, lo que profundizó el desgaste en el relacionamiento entre Rodríguez y Giordano.

Por otra parte, el documento sostiene que Rodríguez “no objetó el procedimiento ni ofreció probanza alguna, tampoco controvirtió la narración ni la valoración de los hechos y actos, ni cuestionó las conclusiones a las que se arribó, restringiéndose a pedir la nulidad por su aducida indefensión, provocada por aparentes aspectos formales”. Es decir, la denunciada “tuvo oportunidades para plantear su defensa sobre el fondo del asunto y optó por no desarrollarla”.

Para el consejo la directora de la institución no supo comunicar la dimensión de los problemas acreditados al consejo, que causaron “notorio y grave desgaste de la denunciante”.

La resolución dispuso el traslado de la investigación y la resolución a la Asamblea General. Aunque este mes integrantes de cinco organizaciones civiles presentaron en la mesa de entrada de la asamblea una nota firmada por 21 organizaciones para que el cuerpo legislativo trate el tema a la brevedad, aún no fue tratado en ese ámbito.

Para las organizaciones, la investigación de acoso laboral también “confirmó la responsabilidad de la jerarca en el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la INDDHH” por la Ley de Salud Mental 19.529, aumentó la vulnerabilidad de las personas que la institución está llamada a proteger y revictimizó a quienes requerían intervención oportuna y eficaz”, según detalla la nota entrada al Parlamento, a la que accedió la diaria.

“La INDDHH debe rendir cuentas al Parlamento sobre los hechos graves que han sido comprobados; resulta imperioso transitar esta situación de forma urgente y disponer la destitución de la directora”, agrega la nota.

En una entrevista con la diaria, la abogada y representante de Giordano, Soledad Suárez (SS) y la representante de la asociación de familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, Hilde Hansz (HH), dieron algunos detalles del proceso y plantearon los puntos que les “ocupan” de lo que pueda suceder en la Asamblea General.

¿Cuál fue el motivo central de la denuncia y qué configura el acoso en este caso?

SS: Para la víctima no es fácil poner en palabras las diferentes situaciones que ameritan la denuncia de acoso, porque son hechos que se acumulan, situaciones que afectan la dignidad y la salud de la víctima, que son violentas pero que aisladamente [la víctima] puede considerar que no son tan contundentes como en cúmulo. Entre los hechos que denunciamos está que la agresora le decía “vos te llenás de trabajo porque le hacés terapia a todo el mundo” o “vos le hacés el trabajo al [Ministerio de Desarrollo Social] Mides, el [Ministerio de Salud Pública] MSP y a [la Administración de los Servicios de Salud del Estado] ASSE”, entre otros comentarios burlescos que menospreciaban su función y su formación, a ella sola pero también ante sus compañeros, comentarios acompañados de un mal modo. También hubo hostigamiento al ver que mi defendida intercambiaba con los demás directores, y sobreexigencia en el trabajo, que de por sí no lo es, pero cuando se reiteraba y era acompañado de directivas no claras, porque todo era muy cambiante e incluso la violencia iba en aumento con cambios de instrucciones, mensajes sin respuestas, pasó de lo que podría ser estrés laboral a acoso. De todo presentamos pruebas.

HH: Cuando salió la resolución del consejo en febrero de 2025, 14 organizaciones autoconvocadas le solicitamos a la doctora Suárez y a la denunciante que nos informaran sobre el proceso y la situación hasta el momento, más allá de que observamos lo que sucedía en las actividades, que cada vez fluían menos –de hecho, algunas ni siquiera llegaron a realizarse–. Aun así, nos manifestamos desde el principio. Cuando nos enteramos de la denuncia, en julio de 2024, emitimos un comunicado dirigido a los directores de la institución para hacerles llegar nuestra profunda preocupación sobre el funcionamiento en el Área de Salud Mental de la INDDHH y para trasladar nuestro mayor respaldo a la víctima, porque en su larga trayectoria en salud mental y en la institución se ha caracterizado por su solvencia, compromiso y trato respetuoso. Es de destacar que en la última asamblea anual de la institución [2024], la acosadora fue ungida en el cargo de presidenta del consejo de la INDDHH, en pleno proceso de investigación.

¿Cómo fue el proceso entre mitad de 2024, cuando se presentó la denuncia, y febrero de 2025, cuando el consejo emitió la resolución?

SS: En cuanto al proceso, yo no puedo decir que fue demasiado lento, pero tampoco que fue rápido. En el durante no teníamos un resultado asegurado, nos preguntaban, por ejemplo, desde la prensa, pero no quisimos expresar antes lo que pasaba en la interna del procedimiento porque es reservado y porque no teníamos ninguna denuncia pública para realizar durante el transcurso. Lo cierto es que es muy difícil probar el acoso y que denunciar a un jerarca siempre desafía los poderes, pero en este caso los pasos que se siguieron fueron los correctos. Lo que sí sucedió fue que durante las primeras sesiones del consejo, luego de haber presentado la denuncia, la intervención de la denunciada en las sesiones del consejo resultaron absolutamente inadecuadas y eso determinó que se la recusara para que dejara de participar en decisiones que tenían relación con la denuncia presentada. También al director Marcos Israel Cúneo, porque prejuzgó haciendo un comentario. Por lo tanto, el tema se trató en presencia de los tres directores restantes, Jimena Fernández, Wilder Tayler y Bernardo Legnani. Para mi defendida fue muy difícil la situación porque, aunque se intentó que no se cruzara con la denunciada dentro de la institución, esto no se logró debido a la dinámica interna y ella durante el proceso sufrió y continúa sufriendo diversos padecimientos, tanto físicos como mentales. De hecho, se certifica esporádicamente porque no aguanta la situación que se extendió hasta ahora.

¿Qué opinás de la actitud de Rodríguez, sobre todo una vez dictada la resolución del consejo?

SS: Entiendo que, ante la comprobación de los hechos, lo correcto sería que se apartara del cargo por voluntad propia, lo que no hizo –y está en el derecho de no hacerlo–, por lo que ahora estamos a la espera de lo que se resuelva en el Parlamento. Para destituirla, de acuerdo a la Ley 18.446, la que creó la INDDHH, se necesita la misma cantidad de votos por la que se designó, es decir, dos tercios, salvo que en las dos primeras sesiones no se llegue a esa cantidad de votos, en cuyo caso se convoca a la asamblea dentro de 20 días y se define por mayoría.

¿Qué esperan del Parlamento? ¿Entienden que se conseguirán los votos para destituir a Rodríguez, o les da “miedo” que no se ratifique la resolución del consejo?

SS: Miedo no es la palabra, nos ocupa. Creemos que el Parlamento debería apegarse al derecho, pero bueno, son políticos y puede haber otros factores que influyan. Yo espero que estén apegados al derecho y a la gravedad de la prueba rendida. Por nuestra parte, luego de que se envió la resolución con los antecedentes al Parlamento, pusimos en conocimiento a la sociedad organizada: había que informarle a la sociedad civil y a su vez plantear la otra dimensión, que es que se probó la omisión, la negligencia y la desatención, es decir, no atender debidamente el área. Porque eso surge en la prueba y los involucra, les comunicamos la importancia de lograr los votos en el Parlamento porque es un tema que atañe a toda la sociedad, no es algo interno de la institución nada más.

HH: Las organizaciones de la sociedad civil reunidas el 19 de febrero con la víctima y su abogada elaboramos una denuncia pública, dirigida a los medios y a la población, y resolvimos escribir una nota que se presentó en la mesa de entrada de la Asamblea General el 14 de marzo, con el apoyo de 21 organizaciones, solicitando tramitar la situación de forma urgente y disponer la destitución de la directora responsable de acoso laboral. Solicitamos que la presente sea distribuida a todos los parlamentarios.

Hace algunas semanas, la senadora Graciela Bianchi sostuvo, en diálogo con este medio, que Rodríguez le trasladó a la bancada del Partido Nacional que el origen de la denuncia es político. ¿Cómo lo recibieron?

SS: Esto se trata de una denuncia de acoso en un ámbito laboral que finalmente se resuelve en la Asamblea General por las características del órgano. Por eso la denuncia y nuestra postura no están relacionadas a ningún partido. Si cualquier político o legislador nos pide información del caso, se la vamos a dar, pero no estamos en contacto directo con ninguno. Con respecto a cómo va el proceso dentro del Parlamento, no sabemos si la asamblea ya recibió la nota sobre el tema o si se creó alguna comisión para tratar el tema.

HH: A las organizaciones nos alertó la actitud de Rodríguez de presentarse ante el Partido Nacional. De alguna manera, ella partidizó el tema porque antes nadie lo había hecho ni tenemos pensado hacerlo; de hecho, la nota la ingresamos las organizaciones por la mesa de entrada, no se la entregamos en mano a ningún legislador.