Este año se cumple el plazo que la Ley de Salud Mental (19.529), aprobada en 2017, establece, entre otras cosas, para que se cierren los centros de internación psiquiátrica prolongada. Si bien el artículo 38 de la normativa es clara en cuanto a que la acción “no podrá exceder temporalmente el año 2025”, se está aún lejos de la concreción.

Esto es un reclamo de los colectivos y no es ajeno al sistema político ni a los organismos estatales. Si bien no está claro cuándo se dará financiamiento y cumplimiento total a esta ley, este martes, en la comisión bicameral de seguimiento de la salud mental y de la Ley 19.529 –aprobada en este período– el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó los primeros lineamientos de la agenda nacional de salud mental 2025-2025.

En una extensa exposición que duró más de dos horas, jerarcas de la cartera, entre ellos la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la directora general de Salud, Fernanda Nozar, explicaron cómo planean abarcar la problemática a nivel nacional, en coordinación con quiénes y cuáles son los lineamientos que aún no están claros, aunque en otros ya se encuentran trabajando.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, los objetivos específicos de la estrategia global del MSP son siete: fortalecer las capacidades de rectoría y gobernanza pública en el abordaje de la salud mental y del uso problemático de drogas, favorecer los acuerdos intersectoriales que atiendan la determinación compleja del fenómeno y operen en línea con los mandatos de la ley, promover un sistema de atención en salud mental de calidad basado en el modelo comunitario, impulsar la promoción de la salud mental integral integrando la perspectiva de género y generaciones, potenciar las capacidades y competencias de los trabajadores de la salud para el abordaje de la salud mental desde el modelo comunitario y de atención, generar un sistema nacional de información de salud mental orientado a la planificación y evaluación de políticas públicas, y promover las acciones desde el sector salud para disminuir la incidencia de suicidios en Uruguay.

¿Qué artículos de la Ley 19.529 tendrán prioridad?

Si bien los planes que presentó el ministerio son muy extensos y abarcan una planificación quinquenal de gran dimensión, el énfasis inicial de las acciones está puesto en la reglamentación de los artículos pendientes de la ley, sobre todo en el 24, 36, 37 y 38, en el fortalecimiento de la gobernanza y del primer nivel de atención.

La implementación de la ley implica el desarrollo de una red de dispositivos comunitarios: unidades de corta estadía hospitalaria, casas de medio camino, centros diurnos, y sobre todo un sistema de atención primaria consistente sobre el que se sustente la atención del riesgo.

En la fase que tiene que ver con los dispositivos de atención, el MSP se planteó priorizar la atención ambulatoria, con una capacitación que ya se está llevando adelante, basada en el fortalecimiento de los recursos humanos necesarios para ese primer nivel de atención, los cuales están definidos como los equipos básicos del primer nivel de atención y los equipos especializados en salud mental.

En cuanto a lo institucional, vinculado a todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se solicitará que planteen sus planes institucionales de implementación de estructuras básicas de atención territoriales.

Paralelo a esto, y en acuerdo con múltiples instituciones que trascienden el ámbito de la salud, está el desarrollo de los dispositivos de inclusión social fundamentales para la desinstitucionalización de la atención. Todas estas fases se plantean realizar entre 2025 y 2027.

La cartera ya comenzó algunos proyectos, entre ellos, la evaluación de la estrategia de prevención del suicidio, que terminó este año, y con el plan de modificación de las prestaciones en salud mental, en el cual se están analizando las prestaciones y las modificaciones necesarias. A su vez, está desarrollando un protocolo para el abordaje de los intentos de autoeliminación a nivel institucional.

Por otra parte, está en marcha la elaboración de la Unidad de Corta Estadía, el análisis de la implementación de la ordenanza 1488/2019 –que marca cómo deben ser los distintos centros de atención– y el estudio sobre la percepción de la población actual de la salud mental, hábitos de consulta y tratamiento, así como la planificación de capacitaciones en prevención del suicidio.

El cierre del hospital Vilardebó

En cuanto al cierre de los centros, el senador colorado Andrés Ojeda consultó a las autoridades sobre cuál es el plan para este centro en concreto. Ante la consulta, Nozar manifestó que hay que transitar “algunas fases previas” que aseguren los dispositivos alternativos para poder proyectar el cierre.

“No podemos empezar por el final sin tener abierta la disponibilidad del resto del sistema asistencial”, aunque “sí lo estamos visualizando, hoy la ley especifica el cierre definitivo del hospital Vilardebó y de los dispositivos monovalentes en 2025, esto es parte de los aspectos normativos que seguramente queremos discutir”, agregó.

Lustemberg hizo énfasis en que el cierre también requerirá presupuesto: “Sabemos de las condiciones edilicias graves que hay en ese lugar, pero todo esto va a requerir, como ustedes saben, presupuesto”. El hospital Vilardebó “tiene dificultades gravísimas; para empezar, hay días en que no hay psiquiatra de guardia”, remarcó la ministra.

La inclusión de todos los recursos humanos en la atención de salud mental y en la prevención del suicidio

Otro de los reclamos de la población es la demora en el acceso a la atención, sobre todo a los especialistas en psicología y psiquiatría. A la fecha, el MSP tiene 382 psiquiatras registrados en el MSP y 412 trabajando, mientras que en psiquiatría infantil hay 133 y 159 trabajando, y licenciados en Psicología son 13.203 y 1.238 registrados.

En el marco de la formación y en la distribución de los recursos humanos, se planteó formar y acreditar en salud mental a los trabajadores de la salud en general, es decir, establecer la formación continua para equipos generales, con programas de actualización permanente, sobre todo para la atención primaria en salud.

Se pondrá especial énfasis en el fortalecimiento del primer nivel de atención, sobre todo para la atención en puertas de emergencia a usuarios con riesgo de suicidio y en la atención de los intentos y de los sobrevivientes.

En cuanto a la estrategia de prevención del suicidio, se plantea, a partir de la evaluación de la estrategia 2021-2025, “que ha sido sustancial”, diseñar una estrategia nacional hasta 2030, fortalecer el abordaje intersectorial a nivel territorial, la atención y el seguimiento de las personas con intentos de autoeliminación.