Este viernes, la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental 19.529 emitió un comunicado en el que denunció “la gravedad” de la modificación del artículo 38 de la ley, en el marco del presupuesto nacional, que entre otras cosas eliminó el párrafo que decía que “queda igualmente prohibida, a partir de la vigencia de la presente ley, la internación de personas en los establecimientos asilares existentes. Se establecerán acciones para el cierre definitivo de los mismos y la transformación de las estructuras monovalentes. El desarrollo de la red de estructuras alternativas se debe iniciar desde la entrada en vigencia de esta ley”.

“Este cambio ignora la participación de los colectivos y organizaciones sociales que venimos trabajando y aportando a una transformación del modelo de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, integral e intersectorial, y que mucho se involucraron en la redacción de dicha ley”, reclaman por medio del comunicado.

En tanto, enumeran una serie de motivos por los que la modificación es preocupante. En principio, el hecho de que habilita acciones que estaban prohibidas por la ley, como el ingreso o derivación de personas, “que nos consta que ya se están dando”, a centros monovalentes y a colonias de San José.

También manifiestan disconformidad con que se haya dado conocimiento a la opinión pública del cambio de fecha de cierre de los centros asilares para 2029, “pero no informa que hay una modificación en la redacción del artículo que altera sustancialmente su contenido”. En este sentido, reclaman que “no se estableció un cronograma de cierre, lo cual es contradictorio con el propio artículo 38 y, por ende, también lo es el ingreso de personas si estas instituciones deben cerrarse”.

El comunicado remarca “el silencio y la falta de comunicación que antes había con las organizaciones que forjamos durante años la redacción de la Ley 19.529”. “Claramente, nos encontramos ante un retroceso en los derechos humanos, ya que el ingreso de personas a las colonias y centros monovalentes, como Ceremos, atenta gravemente contra el acuerdo de cerrar este tipo de instituciones, donde se vulneran la integridad y la dignidad de las personas, que tienen derecho a vivir en comunidad”, agregan.

El malestar de las organizaciones que integran la comisión también radica en que han presentado propuestas “tanto de transformación del hospital Vilardebó (mediante la plataforma Acción País, impulsada por el Ministerio de Salud Pública, así como para la apertura de casas comunitarias y emprendimientos de la economía social y solidaria, para resolver problemáticas habitacionales y socioeconómicas” que no parecen haber sido tomadas en cuenta para los cambios realizados en la normativa.

“Si no ampliamos la mirada y abordamos la complejidad del problema, solo nos quedamos con los diagnósticos psiquiátricos y las internaciones extensas en estos centros, en los que no es posible atender a las personas con el cuidado y el respeto necesarios”, reflexionaron. Recordaron que las organizaciones sociales no olvidan la muerte de Carlos Grecco, un interno de la ex Colonia Etchepare, en 2015, “ni la de tantos otros compañeros y tantas otras compañeras víctimas del encierro, el aislamiento y la desidia”. Por último, reclaman a los legisladores una revisión del artículo, en línea con todas las expresiones de los colectivos sorprendidos por la redacción inconsulta.

El primer organismo en alertar sobre estos cambios fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Según supo la diaria, la semana próxima la comisión por el cumplimiento de la ley tendrá una reunión con la institución. Por otra parte, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay envió una nota al Parlamento dirigida a la comisión bicameral de salud mental en la que expresan “gran preocupación” ante los cambios y solicitan ser recibidos.