El Ministerio de Salud Pública publicó la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, cuyo cumplimiento será responsabilidad de la Dirección General de la Salud.
Si bien el documento se difundió el martes, tiene fecha de noviembre de 2025. Consultados sobre esto, desde el MSP indicaron a la diaria que se debe a que “se cerró con la opinión de las organizaciones sociales y científicas post Acción País, la iniciativa a través de la cual el ministerio generó encuentros y recibió propuestas de diferentes organizaciones vinculadas a salud mental”.
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La estrategia publicada esta semana toma normativas anteriores, entre ellas, la Ley de Salud Mental 19.529, el Plan de Salud Mental 2020-2027 y la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021–2025. “Busca avanzar en la consolidación del modelo de atención comunitario propuesto por la ley, con fuerte anclaje territorial y con enfoque de derechos humanos, apuntando a superar definitivamente el paradigma biomédico, tutelar, asistencialista y asilar en la atención de la salud mental”, según la cartera. Además, “comparte el marco conceptual del plan de 2020”.
El documento agrupa las propuestas en acciones prioritarias, cronogramas e indicadores a implementar “con un enfoque progresivo” dentro de los próximos cinco años. En principio, establece firmar acuerdos multipartidarios en el Parlamento para asegurar la continuidad de las políticas de salud mental “que garantice la continuidad y sostenibilidad de las políticas de salud mental más allá de los cambios de administración”.
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Ley de salud mental y revisión de otras normativas
En materia de salud mental, uno de los principales objetivos es avanzar en la reglamentación de la Ley de Salud Mental. Para esto, se realizará un análisis técnico y jurídico de los artículos pendientes y se continuará el trabajo intersectorial. Se buscará, además, diseñar e implementar un marco jurídico que garantice la autonomía progresiva de personas con trastornos mentales severos, avanzando prioritariamente en los artículos 19, 33, 37 y 38 (vinculados a derechos, condiciones de internación, egresos y regulación de dispositivos de atención en salud mental).
En este marco, también se desarrollará una normativa específica para los dispositivos que integran la Red de Atención en Salud Mental, según la Ordenanza 1488/0 (que regula la organización y los servicios de salud mental en el sistema de salud), diferenciando aquellos destinados a adultos de los orientados a niñas, niños y adolescentes.
A su vez, se definirán conjuntos mínimos de datos en salud mental para su integración en la Historia Clínica Electrónica Nacional, promoviendo la incorporación de información proveniente de todos los servicios involucrados en los procesos de atención.
Con relación al sistema de salud, se fortalecerá la rectoría mediante el monitoreo y la fiscalización de las prestaciones de salud mental en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), haciendo énfasis en los tiempos de espera, el cumplimiento de la agenda prioritaria y la continuidad de cuidados.
Asimismo, se propone fortalecer la institucionalidad de la Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental, impulsando una reforma de su marco legal, así como la reformulación de su integración y la creación de mecanismos de financiamiento estables.
En la misma línea, se fortalecerá la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, “asegurando su operatividad técnica, autonomía y continuidad en el tiempo”.
Desinstitucionalización y revisión de dispositivos
En línea con el modelo propuesto por la ley, se elaborará un plan de desinstitucionalización de personas que se encuentran en centros monovalentes y asilares, con un cronograma definido para su cierre o reestructura.
Este proceso incluirá un relevamiento de las necesidades de las personas institucionalizadas, el impulso a dispositivos alternativos de base comunitaria y el desarrollo de normativa específica que regule estos procesos. Será complementado con un diagnóstico actualizado de los dispositivos alternativos a la hospitalización, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, identificar áreas de mejora, fortalecer el modelo de atención y detectar necesidades de nuevos dispositivos en el territorio.
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A su vez, se propone adecuar las prestaciones psicoterapéuticas y psicosociales al modelo comunitario, priorizando un enfoque basado en la atención primaria en salud, con énfasis en el primer nivel de atención y en prácticas basadas en evidencia.
Finalmente, se promoverá el desarrollo de unidades de corta estadía en hospitales generales como servicios de referencia para la atención de situaciones de crisis en salud mental.
Suicidio
En cuanto a la prevención del suicidio, se propone fortalecer la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio, consolidándola como órgano de referencia mediante el fortalecimiento de su marco legal, operativo y financiero.
Se avanzará también en la elaboración de diagnósticos y planes de acción a nivel departamental, identificando necesidades, recursos y oportunidades, en línea con el Plan Nacional 2020-2027.
En este contexto, se implementarán acciones priorizadas en el Plan de Salud Mental de Río Negro como experiencia piloto para su posterior extensión a otros departamentos.
En lo asistencial, se fortalecerá el primer nivel de atención, mejorando la capacitación de los equipos de salud para la atención de personas con riesgo de suicidio, incluyendo la implementación de protocolos específicos en puertas de emergencia y el uso de sistemas de registro como el Sivisa para los intentos de autoeliminación.
Se desarrollarán instancias de capacitación para personal técnico y no técnico en prevención, atención de intentos de autoeliminación y acompañamiento a sobrevivientes.
Por último, se impulsará una estrategia específica para la prevención del segundo intento de autoeliminación, considerando que una proporción significativa de los casos presenta antecedentes previos.
Drogas
En materia de drogas, se plantea la revisión y actualización del marco normativo vigente. En particular, se propone modificar el Decreto Ley 14.294 de 1974 (norma que regula los estupefacientes y los delitos vinculados a drogas en Uruguay), adecuándolo a los principios actuales de las políticas de drogas y revisando el rol de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.
Se revisará la normativa de los centros de tratamiento vinculados al consumo de sustancias, con el objetivo de garantizar su supervisión, evaluación y control de calidad, mediante la actualización del Decreto 274/013 (que regula el funcionamiento de los centros de tratamiento para personas con consumo problemático de drogas).
En paralelo, se fortalecerá la fiscalización del mercado informal y del uso inadecuado de psicofármacos, promoviendo controles más efectivos, campañas de concientización y acciones coordinadas entre instituciones.
También se impulsará la revisión de la normativa sobre sustancias legales, como alcohol y bebidas estimulantes, en función de los nuevos patrones de consumo y su impacto en la salud mental, especialmente en adolescentes y jóvenes.
Intersectorialidad para cumplir objetivos
Para cumplir con todo lo anterior se promoverá la articulación entre distintas instituciones para el abordaje integral de la salud mental y del consumo de drogas. En este sentido, se contribuirá al diseño, implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Drogas 2025-2030, integrando las acciones del MSP a los sistemas de prevención y atención.
Se desarrollarán también programas con énfasis en niñez, adolescencia y juventud, adaptados a cada etapa del ciclo de vida, con la participación de organismos educativos y sociales como Administración Nacional de Educación Pública, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de la Juventud.
En esta línea, se fortalecerá el programa Ni Silencio Ni Tabú, orientado a la promoción del bienestar psicoemocional en jóvenes, mediante acciones de prevención, formación, investigación y articulación institucional.
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Finalmente, se promoverá la creación de Unidades Docentes Asistenciales interservicios en conjunto con la Universidad de la República, favoreciendo la articulación entre el sector público y privado y fortaleciendo la respuesta territorial en salud mental. Cada eje tiene un calendario de ejecución con acciones concretas, los organismos involucrados y una fecha de finalización que oscila entre 2025 y 2030.
Ojeda propone citar a Lustemberg al Parlamento para “puesta a punto”
Hace una semana, en la comisión bicameral de salud mental, uno de sus integrantes, el senador colorado Andrés Ojeda, planteó convocar a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. “Hace un año que comparece en este espacio y muchas de las cuestiones conversadas el año pasado se encontraban en una etapa incipiente, y hoy contamos ya con un presupuesto aprobado”, agregó Ojeda. También señaló que le parece “interesante” tener “una mínima puesta a punto respecto de la situación actual”.
En la misma sesión se aprobó por unanimidad convocar a Lustemberg y sugerirle la compañía de Fernanda Nozar, la directora general de salud. Consultado por la diaria una vez publicada la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030, dijo que la convocatoria a la ministra se mantiene. “Nos alegra que a un año del inicio de la gestión tengamos el tan anunciado plan de salud mental, lo que hace que la convocatoria esté mucho más justificada”, concluyó.
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