Dínamo

El proceso de implementación de la Ley Marco de Defensa Nacional (18.650, LMDN), promulgada por el Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 2010, es un excelente ejemplo de cómo se tramitan las políticas militares y de defensa nacional en nuestro país desde principios del siglo XX. Ello conduce a interrogarse acerca de la relación entre esas prácticas tradicionales y la endémica problemática que arrastra la defensa nacional.

Subalternos y oficiales, destituidos, pasados a situación de reforma, encarcelados, perseguidos: alrededor de medio millar de militares de las tres armas optaron por oponerse de distintas maneras al advenimiento de la doctrina de la seguridad nacional de las Fuerzas Armadas (FFAA), que desembocó en el golpe de Estado de 1973.

Este año, en el marco del proceso de “consolidación fiscal” (o ajuste fiscal) propuesto por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2015, el gobierno frenteamplista planteó públicamente la necesidad de reformar la Caja Militar. El impulso a esta idea, que algunos sectores sostienen desde hace años, pareció relacionarse con la necesidad de ajustar nuestras cuentas, visto el abultado aporte que hacemos todos los uruguayos al mantenimiento de las jubilaciones y las pensiones militares.

El fin de la Guerra Fría puso el asunto de los archivos de los regímenes represivos en la agenda de debate de organismos internacionales como UNESCO o el Consejo Internacional de Archivos. En Uruguay, la idea de que la documentación producida por el Estado en dictadura había sido destruida y que no existían archivos estaba instituida. Eso, a pesar de los debates públicos en torno al derecho a saber.