Dínamo

La educación en contextos de encierro es un derecho fundamental, que debe ser protegido y garantizado. Según la Ley General de Educación, no puede garantizarse solamente la instrucción, sino que debe existir una centralidad en el estudiante, facilitando un pleno “desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas, sin discriminación alguna”. Pero la ley es abstracta, y es necesario asociar sus postulados a los contextos específicos donde debería cumplirse.

Quiero plantear algunas interrogantes, tal vez con ánimo de encaminar una autocrítica. Minimizar la presencia de las noticias policiales de nuestras agendas informativas ¿sirvió como contrapeso al tono sensacionalista de los informativos televisivos que tanto nos indigna? ¿No deberíamos construir relatos propios que expliquen mejor cosas que suceden (sí, suceden)? ¿No estaremos, medio siglo después, cometiendo un error similar al de aquellos medios que despreciaban las noticias deportivas, aunque sus periodistas se pasaran todo el lunes hablando de los partidos?

El debate sobre la seguridad es político y es ideológico. Es político en un sentido general, porque tiene que ver con la política criminal del Estado, es decir, uno de los aspectos de la política (así como hay una política económica, también hay una política criminal). Es ideológico porque la cuestión de la seguridad nos remite a un sistema de creencias o ideas acerca de una cuestión determinada. Desde este ángulo, resulta pertinente preguntarse si es posible encarar este debate en el marco de las coordenadas “izquierda-derecha”. ¿Es posible hablar de una política criminal de izquierda y una de derecha? ¿Es útil plantear el debate en estos términos?