Dínamo

Quizás el único experimento exitoso de redistribución de ingresos a gran escala compatible con el logro de altas tasas de crecimiento y elevado bienestar ha sido el ensayado por los partidos socialdemócratas en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia). Los logros obtenidos por este grupo de economías pequeñas y abiertas resultan intrigantes.

El siglo XX registra diferentes ensayos de socialismo. Es probable que sus fracasos o mutaciones no siempre generen la necesaria identificación afectiva como para citarlos en pos de “invitar” al socialismo. Pero desde una perspectiva histórica resulta al menos necesario tener en cuenta qué pasó (y qué pasa) con esos socialismos, para aprender, no repetir, ser creativos y también humildes a la hora de proponerse pensar el socialismo de cara al futuro.

En el primer número de Dínamo, el pensador Boaventura de Sousa Santos decía en una entrevista, refiriéndose al futuro de los movimientos sociales y de la izquierda latinoamericana: “Hay otras formas de transformación social que quizá no se van a llamar socialismo ni comunismo: se van a llamar respeto, dignidad, protección de los territorios, derechos del cuerpo de las mujeres”. La afirmación me quedó resonando. La abdicación propuesta no resultaba extraña.

Cuando despuntaba el siglo XXI, el panorama del sector agropecuario era desalentador. Con un endeudamiento cercano al equivalente del producto bruto agropecuario de un año y precios en baja de los diversos productos, arreciaban los cierres de empresas. A ello se sumó la devaluación del real en Brasil en 1999 y la debacle económica de Argentina en 2001. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron a percibirse signos de recuperación.

A 186 años de la jura de la Constitución, sería saludable adecuar el texto constitucional vigente al siglo XXI. La actual Constitución uruguaya se basa en la aprobada en 1966 con las modificaciones introducidas en las sucesivas reformas de 1989, 1994, 1996 y 2004. Muy distante, por cierto, de aquella de 1830 sancionada el año anterior por la Asamblea General Constituyente y Legislativa producto de la Convención Preliminar de Paz.