Acuerdo De Escazú

Entienden que deberían depender de la Universidad de la República por “su vasta idoneidad técnica en los temas de interés”; a su vez, observan pertinente crear una unidad de acceso a la participación pública, similar a la UAIP.

En la hoja de ruta se apunta a la especialización de los operadores judiciales y a que los sectores vulnerables también puedan acceder a la justicia ambiental; por otro lado, también se busca establecer “criterios generales” para la participación

El Ministerio de Ambiente está elaborando una “hoja de ruta” para bajar a tierra los postulados del acuerdo que entró en vigor en 2021; durante la instancia, organizaciones de la sociedad civil uruguaya denunciaron su falta de cumplimiento

La cartera no entregó los datos amparándose en el “secreto industrial y comercial” y decidió apelar la sentencia, que dictaminó que “el agua potable es un bien jurídico público y no un bien privado, sobre cuyo destino está involucrado indudablemente el interés público”

Comenzó a implementarse el Acuerdo de Escazú que busca dar “facilidades y garantías” a quienes realicen denuncias, según el director de Jurídica del Ministerio de Ambiente

Hay “una oportunidad para mejorar y ajustar la normativa nacional”, afirmó el director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente