Se aprobó ayer la ley de promoción del trabajo para las personas con discapacidad en el sector privado. Todos los partidos acompañaron el proyecto en general, pero hubo discrepancias sobre algunos artículos. Como informó ayer la diaria, en filas oficialistas había posturas distintas con relación al artículo 1º, ya que el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) e Ir no estaban de acuerdo con las modificaciones que le introdujo el Senado, con apoyo del Frente Amplio (FA), al texto original enviado por el Poder Ejecutivo. En este, se reservaba 4% de los puestos de trabajo de cada empresa para personas con discapacidad, y los senadores oficialistas acordaron que la proporción se calculara sólo sobre el total de “trabajadores permanentes”, a fin de lograr que la oposición respaldara la iniciativa.
Ayer los diputados Gerardo Núñez (PCU), Alejandro Zavala (Ir), Luis Puig (PVP) y Mariela Pelegrín (Congreso Frenteamplista) propusieron volver a la redacción original, pero esa iniciativa no fue aprobada. Cuando se pasó a la votación en particular, los representantes del FA antes mencionados votaron negativo, y a ellos se sumó el representante de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, que también consideró mejor la redacción original.
La diputada Susana Pereyra (Movimiento de Participación Popular) dijo ayer que se habló de una división en el FA, pero que lo que “en realidad pasó fue que los senadores buscaron consenso para que la ley tuviera el apoyo de todas las bancadas”, y que eso le da más “peso político” a la norma, necesario para que luego “no se dé un paso atrás”.
En el debate, Núñez afirmó que la ley no “hace caridad”, sino que “reconoce derechos”, y que su redacción “fue el resultado de una larga lucha del movimiento social”, por lo que “los equilibrios deberían haberse cuidado”. Contó que en el FA pasaron “horas y horas” tratando de encontrar una salida, y dijo que gracias a eso ayer se presentó un nuevo proyecto que define licencias para padres de personas con discapacidad (un punto que el Senado había quitado del proyecto). No obstante, opinó que el fundamento de los cambios en el Senado era “insuficiente” y partía de “errores conceptuales”, buscando “aliviar la carga de algunos sectores empresariales” y, por lo tanto, considerando a “las personas con discapacidad como un peso”.
Óscar Groba, del Espacio 609, alegó que, como después de este sábado no pueden aprobarse normas que modifiquen el presupuesto, el proyecto ya no podía volver al Senado y existía el “compromiso” de votarlo. La oposición acusó al FA de contemplar planteos de los empresarios, y Groba afirmó: “Ninguno de mis compañeros senadores es proclive a que le tuerza el brazo el sector empresarial”, deslizando que eso sí ocurre con integrantes de otros partidos.
Algunos legisladores de la oposición se opusieron a la creación de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, para el seguimiento de la aplicación de la norma, que dependerá del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e incluirá a representantes de otros organismos, de trabajadores, de empresarios y de personas con discapacidad. La objeción se debió a que ya existe la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, creada por una ley de 1989 y ratificada por otra de 2010. La diputada nacionalista Elisabeth Arrieta sostuvo que crear un nuevo organismo “genera más burocracia”.
La mayoría de los legisladores, oficialistas y opositores, afirmaron que es necesario que en el sector público se cumpla también la cuota de 4% para las personas con discapacidad. “Sabemos que no se cumplió, y debemos velar por que se cumpla desde el Estado”, dijo el frenteamplista Felipe Carballo (Lista 711), y el nacionalista Omar Lafluf opinó que el gobierno tuvo la posibilidad de cumplir con la cuota, ya que desde 2005 se crearon 70.000 puestos de trabajo en el Estado.
El diputado independiente Fernando Amado, ex colorado, comparó la votación de ayer con la de la Ley Integral para las Personas Trans y dijo que hay que contemplar las necesidades de ambos colectivos. También afirmó que “el Estado tiene que cumplir con la cuota, tiene que dar el ejemplo, pero no es una excusa decir que no se cumple aquello para decir que no se vota esto”.
Dos por uno: insolvencia patronal
Diputados también aprobó ayer, en medio de la discusión sobre el proyecto de empleo para personas con discapacidad, la ley de Fondo de Garantía de Créditos Laborales, también llamada “de insolvencia patronal”. En el breve debate, Omar Lafluf (Partido Nacional) dijo que la acompañaría porque venía de un acuerdo en el Senado, y destacó que allí el colorado Pedro Bordaberry, pese a no compartirla, alertó sobre un error de redacción que la volvía inconstitucional. Para Lafluf, eso demuestra que “todos los partidos pueden ayudar y tener ideas para una mejor tarea legislativa”.
El diputado frenteamplista Luis Puig afirmó que se trata de “un buen proyecto”, pero criticó modificaciones de algunos plazos y afirmó que van a dificultar que los trabajadores accedan a los pagos. El martes el Senado había aprobado el proyecto, que apunta a solucionar el problema creado cuando las empresas quiebran y no se constata que posean el dinero necesario para hacer frente a los créditos laborales adeudados.