“A los perros les van a meter un chip. / La idea es controlarlos hasta cuando hacen caca o pichí. / Siguiendo la misma línea, se nos ocurre algo brillante: / Para ver cuando nos cagan, pónganles un chip a los gobernantes”, cantaba la murga Doña Bastarda en el salpicón que interpretó ayer en el acto del Día de los Trabajadores. Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social; Carolina Cosse, su par de Industria, Energía y Minería; Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia de la República; y la vicepresidenta Lucía Topolansky eran algunos de los gobernantes que estaban sentados en primera fila.
Murro subrayó más tarde, por cadena de radio y televisión, que en los últimos 13 años la población de Uruguay aumentó en 150.000 habitantes y los puestos de trabajo en 300.000. “Nos duele cuando de 2014 hasta ahora hemos perdido 37.000 puestos de trabajo. Nos duele, nos preocupa y nos ocupa”, afirmó el ministro, y agregó que el salario real, es decir, lo que los trabajadores pueden comprar, aumentó 55% en relación con 2005, y que eso “es mérito” de los Consejos de Salarios y de la negociación colectiva en el sector público. “Vamos a poner algún ejemplo: si no hubiera Consejos de Salarios, hoy una cajera de supermercado ganaría 8.000 pesos, pero está ganando 20.000”, aseguró.
Por último, Murro se refirió a diversos proyectos de ley, entre ellos el de inserción laboral de personas con discapacidad, que “ya está pronto” y sustituirá al que había aprobado la Cámara de Diputados. “Hemos llegado a un proyecto serio, importante y gradual, que va a permitir que este sector tan importante de la población también tenga mejores oportunidades y mejor acceso al trabajo”, opinó.
Antes de mostrar su entusiasmo por Doña Bastarda, la senadora Daisy Tourné le comentó a la diaria que “el gran problema” del trabajo en la actualidad es “estructural” y que la pérdida de casi 40.000 puestos de trabajo impacta “fuertemente en los jóvenes”. El diputado nacionalista Pablo Abdala, en primera fila como Tourné (junto al embajador de Venezuela, Julio Chirino, y a Juan Raúl Ferreira), coincidió en que el empleo “tiene que estar en el centro del análisis”, dado que la desocupación aumentó “en niveles que nos deben preocupar a todos”, pero entiende que, si bien “eso seguramente responde a distintas causas”, sin duda “la política fiscal y del gasto público inciden en esta realidad. Los problemas fiscales que tenemos, a la corta o a la larga, se pagan con desocupación. Y, por supuesto, también está el fenómeno de la sustitución de la mano de obra por la tecnología; estas cosas las tenemos que solucionar entre todos”, dijo a la diaria.
Por verdad y justicia
Winston Mazzuchi, Mónica Grinspón, Jorge Hernández, Guillermo Sobrino y Lila Epelbaum eran algunos de los tantos nombres de desaparecidos en la dictadura que estaban en los carteles que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ubicaron abajo del estrado, y que generaron un aplauso cerrado. “Es el gran debe que tenemos. No puede ser que no podamos saber la verdad en una democracia desarrollada”, dijo Tourné sobre el tema. Abdala señaló que es defensor del “proceso histórico” que llevó a la aprobación de la ley de caducidad, y que esta, “contrariamente a lo que se dice”, no es “una ley de impunidad”, ya que, con esa norma vigente, “hoy están presos responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Luego de que se entonaran el Himno Nacional y “La internacional”, y de un minuto de silencio por “los trabajadores fallecidos este año y las mujeres que fueron víctimas de violencia de género”, comenzó la oratoria en la plaza Mártires de Chicago, con una intervención de Neala Santana Betancourt, representante de la Central de Trabajadores de Cuba. A continuación subió al estrado Alba González, de Familiares, y denunció que desde la apertura democrática no hubo “acciones enérgicas” para que las Fuerzas Armadas aportaran “información certera” sobre los desaparecidos, y que al respecto “las mentiras de los comandantes han sido una burla sostenida”. “Seguimos denunciando que el Estado fue, es y seguirá siendo responsable de lo sucedido, hasta que se sepa dónde está cada uno de ellos, qué pasó y cuáles son los culpables”, subrayó González, y agregó que la Suprema Corte de Justicia es “cómplice”, ya que “se niega a aplicar las resoluciones internacionales”. “Ni siquiera el gobierno se atreve a tocar los inmensos privilegios que siguen ostentando. Estas fotos aquí nos interpelan y nos convocan a una lucha activa contra la impunidad, a no naturalizarla, no aceptarla, pues eso sólo genera más impunidad”, concluyó.
Tres formas de decir
Óscar Andrade, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos; Gonzalo Castelgrande, de la Asociación de Funcionarios de UTE; y Abigail Puig, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, fueron los elegidos para hablar en nombre de la central.
“Es difícil para cualquier militante del campo popular no emocionarse en un día como el de hoy y con una plaza completa de pueblo”, comenzó Andrade, quien en su discurso hizo hincapié en los derechos de los migrantes, la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, y la necesidad de darle prioridad a la empatía sobre la salvación individual.
“¿Qué tiene de humanidad aceptar una forma de organización económica que promueve un silencioso genocidio sobre los más empobrecidos y vulnerados?”, preguntó, en referencia a la próxima Rendición de Cuentas –la última de este gobierno– y a la séptima ronda de los Consejos de Salarios. Criticó en este sentido a las cámaras de Comercio e Industria (comentó que su denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo fue por “entender que existe demasiado derecho laboral” en Uruguay, instalando una “presión insólita”) y también al gobierno, que “está como el programa de [Joel] Rosenberg: ‘No toquen nada’”. “Si uno se deja llevar por los mensajes de la prensa, pareciera que Uruguay se está cayendo a pedazos y que los empresarios –todos– están mal”, ironizó, antes de aportar datos de crecimiento en la recaudación de distintos impuestos. En esa línea, relativizó la situación de los sectores en “dificultad” –“pequeña y mediana producción, producción familiar agropecuaria y los pequeños comerciantes”–.
“Todavía tenemos salarios con los que a una familia le cuesta vivir, tener acceso a una vivienda, a la salud y a la cultura. ¡Vaya reclamo tan radical!”, sostuvo, e hizo hincapié en “no perder el espacio de humanidad que nos hace poner en el lugar del otro”.
Castelgrande, uno de los más críticos con el gobierno, afirmó que “la estructura de poder de la clase dominante de este país no se ha tocado”, y consideró “un error” haber “desperdiciado” una “década de bonanza económica”. Acerca de los Consejos de Salarios, dijo que hay que “empezar a rascar donde pique”; criticó el nivel del salario mínimo –“¿qué hace un trabajador con 15.000 pesos?”– y reclamó una rebaja de la tarifa de UTE: “Dejar de subsidiar a los grandes empresarios, que pagan dos mangos, mientras a la gente les pesa hasta 20% de su salario”.
Tanto Andrade como Castelgrande pusieron sobre la mesa la necesidad de cuestionar la violencia en todas sus formas, especialmente la ejercida sobre las mujeres por su condición de tales, pero fue Puig quien planteó una autocrítica del movimiento sindical. “La estructura está llena de mujeres comprometidas con la clase trabajadora y, sin embargo, en los puestos de dirección, decisión y mayor visibilidad no están. Todavía algunos creen que no es conveniente que hablen las mujeres”, denunció, y señaló que, cuando se decidió que fuera ella quien cerrara el acto, “algunos pensaban que se iba a vaciar”. “Está llena la plaza. Ya no hay que tener más miedo, compañeros. Estamos más que prontas”, aseguró. También apuntó que, “aunque duela”, estos temas requieren una discusión introspectiva, porque “no salimos separados, sino que sólo juntos”.
En otro orden, insistió con la necesidad de reglamentar la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género: “Necesitamos recursos y que no se olviden de nosotras, porque esas 30.000 denuncias nos duelen. Son nuestras compañeras y nuestras mujeres”. También cuestionó la cara más visible del desempleo: “Mujeres y jóvenes, y algunos empresarios siguen atentando contra sus derechos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo eso?” finalizó.
Opiniones coloradas
El diputado colorado Fernando Amado, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara que integra, escuchó los discursos de pie a un costado, junto con dos colegas de bancada, Adrián Peña y Conrado Rodríguez. Luego del acto, dijo en rueda de prensa que el discurso de la sindicalista cubana fue “un viaje en el tiempo”, como “si no hubiera caído el Muro de Berlín”, pero que las demás intervenciones le causaron “una buena impresión”.
“El discurso de Andrade fue muy sustancioso y muy profundo, en clave de análisis de una realidad mundial y de nuestro país, con un ingrediente humanista muy importante”, dijo Amado, y destacó que el de Castelgrande fue “tremendamente crítico con el gobierno”, demostrando la “independencia” del PIT-CNT. También señaló como “muy positivo” que en la oratoria estuviera presente el tema de la seguridad, y dijo estar convencido de que no se arregla “sólo con el Ministerio de Interior”, ya que en el fondo, el problema está “mucho más ligado a la fragmentación social”. “Si bien los gobiernos del Frente Amplio han logrado bajar la pobreza y la indigencia, no han logrado revertir el círculo vicioso de fragmentación social”, sostuvo.
En cambio, Rodríguez escribió en Twitter que tiene discrepancias con el discurso de Andrade, porque sigue pregonando el “modelo confrontativo entre el capital y el trabajo”. “La armonización de estos y su humanización ha sido una política Batllista que matrizó el Uruguay”, sostuvo, y añadió: “Los oradores mencionaron a los trabajadores de Cuba y Brasil, pero ninguna alusión a lo que sufren los trabajadores en Venezuela y Nicaragua”.
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