Ya lo dijo el filósofo y economista indio Amartya Sen: la falta de independencia económica es el primer paso para la carencia de libertades en lo político y lo social. Con esta definición como inspiración, la Unidad Temática Programática de Economía está cerrando esta semana su documento para definir los lineamientos del programa del Frente Amplio (FA) hacia las próximas elecciones nacionales. Un tema que ocupa a la fuerza política es la integración –transversal– de la equidad de género. En términos teóricos e ideológicos puede ser apoyada por muchos de los militantes, pero en los hechos no parecen ser sencillas, ni consensuadas, las formas de hacerlo. Por este motivo, la Unidad Temática Programática de Género convocó hace una semana a diversos integrantes del gobierno, militantes y académicos a poner sobre la mesa “propuestas concretas” que servirán de insumo para el avance en el desarrollo integral de cara a cinco años más de gobierno frenteamplista.

La desigualdad de género es un debate que se ha incorporado de manera integral desde hace relativamente poco tiempo. Para la economista Alma Espino, presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur), son “las inequidades que impiden que las mujeres alcancen ciertos grados de autonomía económica. ¿Y esto qué implica? Tomar decisiones con libertad”.

La participación laboral en Uruguay ha crecido en estos últimos 30 años sólo a fuerza de las mujeres, que aumentaron 20 puntos su actividad, mientras que los hombres mantuvieron la suya constante o incluso con una leve caída. Pero entre ellas, es “enorme” la diferencia entre las que tienen hijos pequeños y las que no los tienen, afirmó el director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Fernando Isabella. Un reciente estudio de proyección de la oficina llama la atención precisamente sobre este punto. Si todo sigue igual de acá a 2050, la participación activa en el mercado de trabajo en términos generales caería de 65% a 58%, lo que, con una mayor proporción de adultos mayores inactivos, generaría tensiones en las relaciones de sostenibilidad intergeneracional. La única salida, según el economista, es intentar mantener la participación, y los caminos son dos: aumentar el nivel educativo y reducir la brecha de género.

Mauricio de Rosa, economista, integrante del Ecomité y de la Unidad Temática Programática de Economía del FA, consideró que desde el punto de vista del crecimiento instrumental ya hay mucho para ganar. Se sabe que las mujeres, en promedio, están más calificadas –en términos de nivel educativo– que los hombres, lo que implica que “segregarlas en empleos de baja productividad y subremunerados” es “un disparate desde el punto de vista de la eficiencia, el desarrollo productivo y el aprovechamiento tecnológico”, equivalente a “rifarnos buena parte de nuestras potencialidades de crecimiento económico”.

En el mercado de trabajo las diferencias se conciben en un mayor desempleo para las mujeres y en menores ingresos en la realización de las mismas tareas con iguales responsabilidades que los hombres. Según Espino, el causal está en que “el mercado de trabajo está organizado para el ‘trabajador ideal’: que no tiene compromisos y que está siempre disponible como fuerza laboral”, pero a su vez afirmó que “mejorar la equidad implica, en principio, mejorar la distribución de ingresos”. Y eso a pesar de que, según De Rosa, “no tenemos una brecha de ingreso que nos explota en la cara, porque la brecha a favor de las mujeres en términos educativos neutraliza buena parte de la presión hacia mayor desigualdad”.

Pero también hay otras dimensiones que, en opinión de Soledad Salvador, economista e investigadora del área de género de Ciedur, sostienen la “segmentación” y “segregación ocupacional” en el mercado laboral: las restricciones impuestas en términos de estereotipos de género y servicios de cuidados. Asimismo, el “acoso” percibido en la medida en que las mujeres “avanzan en su trayectoria laboral, al ascender o acercarse a puestos más masculinizados”. Por esto sostiene que las políticas deberían apelar a considerar la responsabilidad del sector privado y “animarse a hacer cumplir las normas” para la eliminación de estereotipos de género.

Además, para Espino, una realidad que hace más complejo el abordaje es que los problemas de género se agudizan entre los distintos estratos socioeconómicos, ampliándose “muchísimo” las diferencias entre las propias mujeres. También la economista e integrante de la Unidad Temática Programática de Economía, Gabriela Cultelli, sugirió poner la mirada sobre las mujeres con menos ingresos, ya que, siendo que la reducción de la pobreza fue mayor en los hombres que en las mujeres (83% y 70% en los últimos 13 años), consideró que la feminización de la pobreza constituye “un debe” de la fuerza política convocante. En este sentido, y tomando en consideración los más de 1.000 hogares monoparentales femeninos pobres, dijo que la vivienda es una dimensión clave que atender, y que “calculando el costo de vivienda con terreno de MEVIR a 55.000 dólares”, con 60 millones bastaría. “Nada del otro mundo. Tal vez con un impuesto a las herencias podíamos resolverlo”, aventuró.

Para abarcar la desigualdad de género no basta con quedarse en las inequidades que se manifiestan en el mercado laboral. Para Espino, “hay que definir de la manera más amplia posible lo económico, concibiendo las actividades invisibilizadas que históricamente han recaído sobre las mujeres”: las de cuidado. Y en este sentido, resulta “importante” modificar la manera en que hasta ahora se han llevado a cabo estas tareas. En este sentido, Salvador propuso al partido centrarse en la promoción de “servicios, licencias y prestaciones” para resolver las necesidades de cuidados y sobre este punto, “adecuar la organización del trabajo para permitir una mayor corresponsabilidad de varones y mujeres”.

Otra dimensión “relevante” propuesta por De Rosa es la relacionada con el patrimonio y la riqueza. “Hay muy poca información y es muy poco claro lo que está sucediendo, pero hay cosas que saltan a la vista”, advirtió. Según el economista, los hombres siempre tienen, en promedio, para cualquier grupo etario, más riqueza que las mujeres, y la brecha aumenta a medida que se incrementa la edad. Alcanza su punto máximo entre los 60 y los 65 años y se cierra a los 70. Pero esto no es algo a celebrar: por el contrario, la causa de cierre radica en una mortalidad anticipada de los varones. “Ahí vemos lo cavernícolas que somos: tienen que morirse para que se cierre la brecha”, afirmó.

En este sentido, salta a la luz otra complejidad inherente a estas desigualdades. Entre un cuarto y un tercio de la riqueza lo tiene el 1% más rico de la sociedad –básicamente, se trata de utilidades empresariales– y estos son todos, sin excepción, hombres. Entonces, De Rosa consideró que “si hablar de discriminación en el mundo del trabajo implica ver quién decide qué producir, cómo y de qué manera, y las decisiones las toman los que tienen el capital, y el capital lo tienen los varones, resulta muy difícil desde el punto de las políticas públicas remar contra eso”. “Se puede, y lo estamos haciendo, pero es complejo. Es algo que tenemos que tener en cuenta para tratar el tema de género. No debemos quedarnos sólo en el mercado de trabajo”, observó.

En este sentido, reconoció que existen “problemas” para pensar cómo hacerlo, y esbozó algunas ideas: “Desde el punto de vista tributario, un IRPF [Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas] superior para hombres, un IRPF de utilidades más altas –ya que los varones concentran los capitales–, una nueva cláusula para promover inversiones con mujeres en el empleo calificado para combatir la segregación, e instrumentos financieros que puedan ser adquiridos exclusivamente por mujeres y generar retornos de capital”. Pero advirtió que “es un tema delicado” y estas son “sólo posibilidades”. “No sé si es por ahí”, concluyó.