La Cámara de Diputados sesionó ayer en una instancia extraordinaria para discutir la aprobación de un proyecto de ley presentado de urgencia por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para mantener a flote la empresa citrícola salteña Caputto, que no pudo comenzar la zafra debido a la falta de capital de giro. Finalmente, después de tres horas de discusión sobre su pertinencia, acabó siendo aprobada por legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria la constitución de un fideicomiso por 115 millones de pesos que habilitaría el funcionamiento de la empresa por un año y la preservación de 2.000 puestos de trabajo a personas a las que la empresa les debe más de un millón de dólares en deudas salariales.

El proyecto de ley busca solucionar provisoriamente la situación. El diputado frenteamplista Alfredo Asti fue el miembro informante del proyecto, y explicó que apunta a cubrir la actividad durante un plazo máximo de un año, atendiendo exclusivamente los costos directos e indirectos de la cosecha, la clasificación, el empaque y la venta de la cosecha de 2019. El representante aclaró que no se trata de un sector en crisis, sino que es la empresa –que se presentó a concurso de acreedores y está, por decisión judicial, coadministrada por el grupo Caputto y la Liga de Defensa Comercial– la que lo está.

También explicó que a esta altura de los acontecimientos la no aprobación ponía en “grave riesgo” la posibilidad de realizar la cosecha de las plantas que ya están preparadas para ello, y que además de la producción se verían afectados los trabajadores –unos 2.000 puestos de trabajo– y los mercados internacionales –Caputto concentra 40% de las exportaciones citrícolas–, hecho que impactaría en el conjunto del sector, así como se generarían problemas fitosanitarios que afectarían el medioambiente.

Al texto remitido por el Ejecutivo se le propuso una modificación para prever que los desembolsos de fondos “deberán contar de manera previa con un detalle de su utilización”, así como con “una registración individualizada y una rendición de cuentas posterior, que serán validados por el interventor designado por la Justicia, acreditando que su destino se adecua a lo previsto”, explicó Asti.

El nacionalista Rodrigo Goñi criticó que el proyecto sea para asistir a “una empresa en particular”, y lo tildó de “tardío, incompleto, insuficiente e injusto”. “Esto no es apagar incendios, sino un parche incompleto por tres, cuatro meses”, agregó. Ante esto, la frenteamplista salteña Manuela Mutti le cuestionó la etiqueta de “tardío”, porque “el gobierno trabajó rápidamente en buscar soluciones a un cúmulo de decisiones que fueron privadas y no del Estado”, y también la de “injusto”, recalcando que “da respuesta a los trabajadores y trabajadoras que no cobran [sus honorarios] desde octubre y con los que las deudas [de la empresa] ascienden a más de un millón de dólares, más que al comercio y los riesgos fitosanitarios, que son temas que vienen después”. No obstante, reconoció que se trata de “un parche, porque hay decisiones a largo plazo que son empresariales y privadas en las que el Estado no pincha ni corta”. Por su parte, Asti aclaró que “no estamos interviniendo en los parámetros concursales de la empresa, sino evitando los problemas de esta cosecha, y sobre lo demás habrá que seguir trabajando para buscar una solución”.

Alineada con Mutti, la colorada también salteña Cecilia Eguiluz celebró “la actitud del gobierno” en un departamento donde afirmó que la porción de trabajadores en desempleo –según datos de 2017– asciende a 9,9%, mientras que la media país se ubica en 7,9%, una situación que estimó que “se ha sostenido desde 2008”.