De seguridad estatal a derechos humanos: a diez años de la ley que cambió la concepción de la migración

El jueves de noche se llevó a cabo el Tercer Encuentro Entretierras, un seminario que busca poner sobre la mesa y debatir el estado de situación de Uruguay respecto de la población migrante. Convocados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el primero se llevó a cabo en 2012, el segundo en 2016 y el tercero esta semana, en la Intendencia de Montevideo, conmemorando los diez años de la Ley de Migración, la 18.250.

A partir de 2011, en Uruguay empezaron a surgir nuevos fenómenos migratorios, relacionados con diferentes orígenes nacionales, que plantaron nuevos desafíos. La migración tradicional proveniente de países europeos –Italia y España– y fronterizos –Argentina y Brasil–, se vio sustituida –en gran parte– y ampliada por nuevos orígenes: Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, principalmente. Aun así, el porcentaje de población no nativa se mantiene estable en 2,4% de la población (de acuerdo al Censo de 2011), dado el recambio por la muerte de la población inmigrante llegada a principios del siglo pasado.

Desde la política pública hay, en general, una visión de conformismo con las medidas tomadas para encarar el fenómeno migratorio. En un documento elaborado por la Dirección de Promoción Sociocultural del Mides que sirvió como base para el intercambio del jueves se concluyó que “Uruguay se encuentra a la vanguardia, en la región, en la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes”, y se destacó el “gran avance” que implicó en este sentido la Ley 18.250, dado que “la migración dejó de ser entendida desde una concepción de seguridad estatal, para pasar a un enfoque de derechos humanos”.

A través de su Departamento de Migrantes, el Mides atendió a 12.273 personas, de 85 países diferentes, entre 2008 y 2018 y en este sentido se sostiene que un desafío para las diversas instituciones y organismos nacionales y departamentales será brindar una atención integral a las personas migrantes, atendiendo la diversidad al mismo tiempo que a la especificidad de la temática. “Si bien el fenómeno migratorio es incipiente en Uruguay y cuantitativamente no representa un gran número de personas, cabe destacar que tiene un impacto cualitativo en la sociedad que hace necesario prestar especial atención”, se afirma.

En este sentido, se entiende necesario trabajar en el logro de un registro de datos unificados, fortalecer un sistema de respuesta a la emergencia, continuar avanzando en la democratización en el acceso a la información, difusión y promoción de políticas de derechos humanos, así como en la transversalización de la temáticas migratorias con perspectiva de género, de generaciones, étnico-racial, entre otras.

Por otro lado, tomando en cuenta el contexto migratorio actual, el Departamento de Migrantes visualiza la oportunidad de construir un Plan Nacional dirigido hacia la población migrante, elaborado y validado por el Estado, la sociedad civil y la academia, con el objetivo de reducir las brechas existentes entre la población migrante y nacional en lo que respecta al acceso y goce de los derechos humanos.

La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, destacó que el cometido del Estado, hoy por hoy, cuando el caudal de migración es más grande y diverso, será “sacar de arriba de la mesa los temores que una parte de la sociedad uruguaya tiene”. “Como refugiada, la historia de que venimos a quitarles el trabajo no es innovadora, pero si no se trabaja, se profundiza”, afirmó.