La Asociación de Recicladores de Plástico del Uruguay (ARPU) pide al gobierno que frene la importación de productos y bolsas para poder competir con la industria nacional. Afectados por la nueva ley de uso sustentable de bolsas plásticas, que comenzó a regir el 1º de julio, y temerosos del proyecto de ley de gestión integral de residuos, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, se declararon en crisis. ARPU nuclea a 24 pequeñas empresas de recicladores de plásticos, la mayoría de las cuales está enviando personal al seguro de desempleo, reduciendo turnos laborales y paralizando sus máquinas.

Fernando Sommaruga y Miguel Bertorelli, directivos de ARPU, dijeron a la diaria que no están en contra de las dos leyes, pero necesitan que el gobierno reaccione a la compleja situación. Agregaron que hoy en día aumenta la importación de plásticos y la industria nacional no puede competir debido a los altos costos de producción. Asimismo, aseguraron que hay importaciones que no cumplen con la normativa ambiental aprobada.

Las empresas están imposibilitadas de apostar a una reconversión para poder fabricar bolsas porque la inversión que deben hacer es muy alta, la maquinaria que tienen perdió su valor y muchos se endeudaron para poder comprar nueva. Además, esa reconversión no garantiza que las personas adquieran bolsas hechas en Uruguay; esto podría lograrse si se pusiera freno a la importación.

Sommaruga y Bertorelli afirmaron que la forma en que se está implementando la nueva legislación no es beneficiosa. “Nosotros estamos preocupados por el medioambiente, pero si no tratamos el tema [laboral], las cosas se van a desbordar y ahí si nos vamos a quedar sin trabajo”, planteó el primero. Los trabajadores sostienen que a nivel mundial el medioambiente se cuida reciclando, no con medidas sustitutivas y cambiando los materiales de producción. El sindicato considera que esa no es la solución al problema ambiental. Las empresas buscan enfrentar la situación con propuestas alternativas mediante dos vías: el uso de bolsas biodegradables-compostables (aunque apuntan que no están 100% convencidos de que sea una solución viable para el cuidado del medioambiente) y el reciclado que promueve la economía circular.

Actualmente y con la nueva ley, las autoridades exigen a las empresas que usen materiales que hoy no pueden reciclar. Solamente se hace el reciclaje posindustrial, el que no sale a la calle. Sommaruga señaló que tienen dudas de si “esta ley es ambientalista o es recaudatoria”, debido a la apertura a la importación a todo tipo de bolsas, como las de residuos. Esas llegan a Uruguay desde Brasil, Chile y Argentina, mientras que para la fabricación nacional no hay espacio por la carga en impuestos y gastos que la encarecen. “Somos laburantes, mucha gente de bajos recursos depende de nosotros, y si a esto no se le pone trabas vamos a desaparecer, porque no podemos competir con otros países. Si eso ocurre, desaparece el reciclaje de estos materiales”, dijo Sommaruga. “Si salimos del círculo en el que colaboramos con el cuidado del medioambiente imponiendo el reciclado, desaparece la economía circular y se pierde un eslabón: sería semicircular”, agregó.

Bertorelli explicó que las bolsas de material llamado TNT, que no es tela como acostumbramos a pensar, sino un polipropileno, cuando se rompen no son recuperables y deben ser enterradas. Sin embargo, una bolsa elaborada con plástico reciclado de 50 micras, recuperada, luego de su uso puede someterse a recuperación innumerable cantidad de veces y resiste mucho más que la compostable. Hoy a la industria nacional se le exige una bolsa recuperada de 100 micras, algo inviable para las empresas debido a su alto costo de fabricación.

Los integrantes de ARPU dijeron que se han reunido infinidad de veces con autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y que en las últimas semanas plantearon su situación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Sin embargo, todavía no han tenido una respuesta de los legisladores. El proyecto de ley de gestión integral de residuos espera por su aprobación en setiembre en la Cámara de Diputados, y todo indica que se convertirá en ley.

Los recicladores de plásticos están de acuerdo con la ley, pero afirman que deja de lado cosas importantes. No piden subsidios del Estado, sino un freno a las importaciones de bolsas. Algunos ya cuentan con beneficios estatales. También han propuesto ser socios del Estado e ir incorporando a los trabajadores informales, ya que el mercado informal del reciclaje es el mayor: en Uruguay se recicla casi 3% del plástico en empresas que funcionan en la formalidad, mientras que, confirmaron, si se suman las que trabajan en la informalidad ese reciclaje asciende a 40%. Es un punto que podría sumar en la cadena de reciclaje y ayudaría a la industria nacional, agregan los trabajadores.

Las empresas que se nuclean en ARPU son familiares. Se formaron lavando plástico y moliéndolo, pudieron tener su negocio y hoy se declaran en crisis. Algunos empresarios están teniendo, además, problemas de salud y deudas. Suspendieron los trabajos de los fines de semana y feriados. Sólo fabrican envases primarios para la higiene de los alimentos. Frenaron la elaboración de bolsas plásticas y no pueden fabricar las biodegradables debido a las exigencias que impone la nueva ley. Bertorelli asegura que en muchos países este tipo de leyes se implementan de otra forma y que el reciclaje del plástico se usa en la construcción de rutas, edificaciones, infinidad de alternativas. Por último, los trabajadores sostuvieron que al desaparecer el reciclador, como está sucediendo, una tendencia que se prevé que aumente con la aprobación del proyecto de ley de gestión integral de residuos, se perderá el estímulo para juntar, lavar y recuperar plástico.