El gobierno planea establecer “protocolos y criterios” para que se lleven adelante los descuelgues en los Consejos de Salarios, anunció este miércoles el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. El descuelgue es un recurso mediante el cual una empresa es eximida de cumplir el convenio firmado en los Consejos de Salarios. Actualmente, para que una empresa quede fuera del acuerdo sectorial, es necesaria la habilitación de las tres partes involucradas en la negociación: Poder Ejecutivo, empresas y sindicatos.
Además, el jerarca manifestó que su cartera trabajará en “actualizar la clasificación de los grupos de trabajo para la negociación colectiva” y estudiará “los criterios para incentivar la productividad desde la mirada de trabajadores y empleadores”. Planteó que otro de los objetivos del nuevo gobierno es otorgar “jerarquía” al Consejo Superior Tripartito y, en ese sentido, se solicitará al movimiento sindical y a las cámaras empresariales su colaboración para establecer una “agenda de temas relevantes” para el “fortalecimiento del empleo”, que es “uno de los problemas principales de Uruguay”.
Asimismo, Mieres anunció que el gobierno está trabajando en las modificaciones que aplicará a la Ley de Negociación Colectiva “para responder a las observaciones de la OIT [Organización Internacional de Trabajo]”. “Por ahora no hay novedades, pero hay un equipo de técnicos trabajando al respecto”, sostuvo el jerarca.
“Amenaza”
En tanto, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió el viernes un comunicado en el que critica la flexibilización de las medidas para los “descuelgues” de las empresas que propone el gobierno. AEBU advierte que un cambio en los requisitos para habilitar el mecanismo “sólo puede implicar un cambio en la unanimidad requerida para pasar a un escenario de mayoría simple, en el que se resolvería el descuelgue sólo con los votos de los representantes del Poder Ejecutivo y de los empresarios”. En ese sentido, el sindicato ve una “amenaza” sobre “la incidencia de la representación de los trabajadores en los Consejos de Salarios”.
El texto agrega que cambiar las normas “puede extender el número de beneficiarias del ‘descuelgue’” y también habilitará a que este se aplique en distintas “áreas geográficas o subsectores”. “Esto llevará a un incremento importante del grupo de entidades habilitadas para alejarse de las condiciones de trabajo y de salarios generadas a partir de la negociación colectiva”, sostiene AEBU.