La octava Ronda de los Consejos de Salarios del grupo 22 (Ganadería, agricultura y actividades conexas) terminó con un acuerdo votado por el Poder Ejecutivo (PE) y los empresarios con la oposición de los trabajadores, y se aplicó la fórmula acordada en el Consejo Superior Tripartito. Los trabajadores nucleados en la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) esperaban llegar a acordar condiciones de seguridad laboral para votar a favor.
El grupo 22 abarca a la ganadería, el arroz, los tambos y la producción de caña de azúcar, pero este último sector tiene un convenio desfasado y negociará con Alur a fin de este año.
César Rodríguez, referente de UNATRA, dijo a la diaria que los trabajadores presentaron una serie de condiciones para votar a favor, entre ellas que el apero en la ganadería sea pago por el empleador; “ese es un rezago histórico, la reivindicación es que los empresarios paguen las herramientas de trabajo, que además forma parte de la seguridad laboral”. El apero es el conjunto de elementos que sirven al trabajador rural para montar a caballo.
En el sector arrocero los trabajadores pedían que cada aguador, “que en la realidad llega a atender superficies de 200 hectáreas”, se ocupe de 70 hectáreas. En la actualidad la Asociación Cultivadores de Arroz (ACU) “tiene el cálculo de que cada trabajador se ocupa de 50 hectáreas”, dijo Rodríguez. El sindicalista explicó que la diferencia se da porque los empresarios dividen el tamaño del terreno entre toda la plantilla de trabajadores, incluso los que no son aguadores. “Estábamos yendo incluso contra nuestros intereses, pero también dijeron que no. La tercera condición era hacer un relevamiento de las condiciones de salud, en especial con respecto a los agroquímicos. Eso se analizó durante unas semanas, pero cuando se redactó el párrafo no comprometía en nada a los empresarios. Por todo esto terminamos votando en contra”, afirmó.
Con relación al uso de agroquímicos se propuso a las gremiales: “Trabajar en la generación de un sistema de información sobre enfermedades y percepción de riesgos laborales relacionados con la exposición a agroquímicos en el sector arrocero”, en coordinación entre los profesionales de la salud, el Departamento de Medicina Preventiva y Social y el Instituto de Psicología Social de la Universidad de la República; “desarrollar instancias de capacitación con empleadores, trabajadores y técnicos; identificar casos de intoxicaciones agudas o crónicas vinculadas con la exposición a los agroquímicos”, articulado con el Departamento de Salud Ocupacional de la Universidad de la República. El presupuesto necesario proyectado era de 321.482 pesos de horas docentes del equipo universitario; 50.000 pesos de traslados para el equipo universitario a cargo de la generación del sistema de información y para las capacitaciones; y 40.000 pesos para el traslado de trabajadores a la policlínica de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República.
Por otra parte, en relación a la negociación en el grupo 23 (Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22), Germán González, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTAU), dijo que tuvieron un par de reuniones y “nos paramos y nos fuimos”, por lo que el PE deberá decretar.
“Las pautas del PE de 3% de ajuste a los salarios rurales no nos convence, nosotros pretendíamos una recuperación de, por lo menos, la inflación. Estamos hablando de salarios muy menguados”, aseguró.
Prevención de muertes durante el trabajo a la intemperie
Este martes la UNATRA presentó una propuesta en la Comisión Tripartita de Salud y Seguridad Laboral para el sector rural para regular las condiciones de trabajo a la intemperie.
“Se han perdido vidas de trabajadores en eventos que pudieron evitarse. En la actividad rural ese riesgo es aún mayor por las características propias de la tarea. El Decreto 321/09, reglamentario de la Ley 17.828 que vino a ratificar el convenio Internacional 184, en materia de salud y seguridad en las actividades agropecuarias, no abordó este riesgo laboral. Es tiempo de salvar esa omisión”, dice el documento que está a estudio de la Comisión.
En la actualidad, por ley el trabajador “puede interrumpir la jornada laboral si se ve expuesto a un peligro inminente y grave para su vida o su salud”. Los integrantes de la UNATRA consideran que la norma no alcanza, porque pone sobre el trabajador la carga de determinar la gravedad del evento, y “lo enfrenta a eventuales represalias por parte de su empleador”. Por esto el sindicato pide que se apruebe una ley “que prohíba toda actividad a cielo abierto mientras exista alerta naranja o roja determinada por la autoridad competente”, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). En el documento los trabajadores plantean que si no es posible asignar una tarea a resguardo “corresponderá igualmente la paga del jornal íntegro”, puesto que las medidas de seguridad e higiene no pueden ser una carga financiera para el personal.
La INDDHH observa al Estado uruguayo por no haber cumplido con la prevención de este tipo de accidentes y recomienda que se regule al respecto, en un plazo máximo de 60 días. “A poco de vencerse dicho plazo, insistimos sobre el tema porque no admitimos más muertes de compañeras y compañeros por trabajar. La salud no se negocia”, finaliza la nota.
Rodríguez dijo a la diaria que hubo varias muertes por rayos o ahogamientos que justifican la solicitud del sindicato. “Hay un vacío normativo y es en lo que estamos trabajando ahora”, comentó.