A pesar de que no hay un plazo para terminar las negociaciones, tanto el Poder Ejecutivo (PE) como el PIT-CNT esperan que la Octava Ronda de los Consejos de Salarios cierre en un par de semanas. Federico Daverede, director nacional de Trabajo, comentó ayer a la diaria que un poco más de la mitad de los 24 grupos madre cerraron de acuerdo con la pauta alcanzada en el Consejo Superior Tripartito para los privados: postergar por un año los acuerdos cuyos vencimientos se produjeron o se produzcan entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020; un ajuste de 3% para los trabajadores en general, más 1% para los que tienen un salario de 22.595 o menos. Ese acuerdo se alcanzó con la idea de que la pérdida del poder adquisitivo, verificada al finalizar la Octava Ronda, se recupere en la próxima negociación.

Daverede dijo que en lo personal considera que las negociaciones fueron positivas, “porque no podemos perder de vista que estamos en un contexto de pandemia muy complejo y que la fórmula puente a la que se llegó conlleva, seguramente, una pérdida de salario real que se empezaría a recuperar en 2022. En esa situación tan peculiar que vive Uruguay, y el mundo, hoy tenemos una ronda en la que más de 50% llegó a un acuerdo”.

El jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) especificó que hasta ahora hay 12 grupos que acordaron, siete en los que las partes votaron y tres en los que el Poder Ejecutivo deberá hacer un decreto. Estos últimos son: la industria gráfica, el subgrupo del taxi (nucleados en el Sindicato Único Autónomo de Trabajadores del Taxi, SUATT), y el de los trabajadores de los ómnibus interdepartamentales.

Tanto los taxis como el transporte interdepartamental están dentro del Grupo 13 (Transporte y almacenamiento), que fue uno de los grupos en que hubo negociación por separado. En el caso de los interdepartamentales, Daverede dijo que había diferencias en la readecuación salarial. La Coordinadora de Interdepartamental, Departamental Interurbano, Urbano del Interior, Internacional y Turismo, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, realizó una serie de paros en julio porque las empresas planteaban una rebaja de entre 30% y 40% del sueldo de los trabajadores de plataforma (choferes y guardas). El jerarca recordó que el sector todavía tiene un convenio vigente.

En el caso del taxímetro, el Ejecutivo también laudará por decreto. Damián Fernández, secretario general del SUATT, dijo a la diaria que, a pesar de que tuvieron entre cinco y seis reuniones, no hubo acuerdo. “La plataforma de la patronal es prácticamente la esclavitud puesta en un papel, nosotros pretendíamos no perder salario y la distancia era enorme. El ministerio intentó mediar, pero con una propuesta que era un acercamiento más a la miseria que a otra cosa”, dijo. Fernández aseguró que algunas de las propuestas de la patronal eran poner un chofer por coche, cuando en la actualidad trabajan por lo menos dos: “Lo que pretendían era que un chofer recaudara lo de dos, lo que les garantizaba que se cumpliera con el laudo con jornadas laborales eternas. Te pedían una recaudación de 5.000 pesos”; además la patronal pretendía eliminar los viáticos y hacer aportes por un ficto, también proponían que los autos se pudieran alquilar, lo que para el sindicalista es “romper con la lógica patrón-empleado”. Fernández contó que la propuesta del MTSS fue eliminar la mitad del viático, el no cobro de horas extras y un chofer por coche.

Una de las preocupaciones del sindicato es que todavía el decreto no salió. Fernández dijo que este lapso de tiempo está siendo utilizado por las empresas “para pagar lo que quieren”. “No se está ajustando a los laudos anteriores, porque por más que no esté vigente el convenio no están pagando viáticos ni feriados, eso crea una retroactividad alarmante. En negociaciones anteriores las retroactividades eran por ajustes de salario, de 600 o 700 pesos, y costaba cobrarlo; ahora los viáticos son 4.000 pesos por mes y ya vamos dos meses en los que hay muchos compañeros que no los están cobrando, esto nos va a llevar a un nuevo conflicto”, advirtió. De hecho, si el decreto no es firmado esta semana el SUATT está preparando un paro para el jueves 24 de setiembre. A través de un comunicado, los trabajadores expresan que “el decreto es una mera formalidad de un par de párrafos, y que nada justifica su demora más que la despreocupación por la realidad salarial de 6.000 familias”. “Exigimos a las autoridades un decreto inmediato y sin rebajas. Que cumplan de forma inmediata con los planteado tanto por el director nacional de Trabajo como por el propio ministro en más de una reunión, y den cierre, por medio del referido decreto a esta etapa, para poder abocarnos de una vez por todas a los problemas estructurales de este sector: un sector empresarial inmune a toda regulación”. La convocatoria al paro dice que la tardanza del decreto es “inexplicable e injustificada”.

“Nuestro sindicato no tiene otra opción que retomar las medidas de lucha aprobadas en Asamblea durante el Conflicto. En este sentido, informamos que como primera medida estamos convocando un paro del taxi por tiempo indeterminado para este jueves 24 de setiembre, desde las 11 horas con concentración en el local sindical para marchar en caravana hacia el MTSS”.

Acuerdos peculiares

Daverede dijo que en esta ronda hubo “algunas peculiaridades”, por ejemplo “en el Grupo 7, que es Industria química, se hicieron dos actas por subgrupos, en el de los medicamentos salió con los votos del Poder Ejecutivo y los empresarios. En la industria frigorífica, que fue un mix entre la Séptima Ronda y la Octava, porque tenía convenio vigente hasta el 31 de diciembre, se hizo un convenio a 18 meses para contemplar los primeros seis meses del año y luego unirlo al puente. En esa rama los trabajadores votaron divididos y los empresarios votaron con el PE. En el caso del transporte nacional e internacional de carga el Poder Ejecutivo votó junto a los trabajadores, en ese sector el acuerdo también fue por 18 meses”.

Entre los grupos que acordaron está el de la pesca, los textiles, la industria maderera, la construcción, comercio en general y comercio minorista y de alimentación, servicios culturales de esparcimiento, culturales y comunicaciones, y servicios profesionales técnicos y especializados. El servicio doméstico acordó “con la peculiaridad de que aún tiene un convenio vigente, por lo que se acordó la forma de pago: se juntó el correctivo y el aumento, eso daba casi 8%, y lo que se hizo fue pagar el correctivo retroactivo a julio y lo que corresponde a la inflación proyectada se pasó para el 1º de noviembre”, especificó Daverede.

Acuerdos con beneficios

Milton Castellano, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dijo a la diaria que el caso en que los trabajadores decidieron acordar fue porque el convenio incluía beneficios que fueron prorrogados o ajustados; “aquellos que no tenían beneficios se votó, en la mayoría de los casos el gobierno con las patronales”.

Cabe recordar que el Ejecutivo sólo puede decretar la pauta salarial, todo lo que corresponde a las condiciones de trabajo tiene que ser acordado entre trabajadores y empresarios.

“La votación unánime no obedeció tanto a la pauta del Ejecutivo, fue por el mantenimiento de los beneficios. Por ejemplo, hay sectores, como el comercio, en que los beneficios pueden ser más importantes que los ajustes salariales. En el comercio hay premios de fin de año, canastas escolares o primas por presentismo, esos factores motivaron que la votación fuera unánime. Eso o sale por consenso o no sale, entonces los patrones decían: ‘Yo te mantengo todos los beneficios, pero acordamos la fórmula salarial’. Eso genera la cláusula de prevención de conflictos”, afirmó Castellano.

Para el economista esta fue una ronda “compleja”, en la “que hay un deterioro del salario real, como hacía muchos años que no se daba, producto de la pandemia de covid-19, y en algunos casos, aprovechando las circunstancias, hay sectores empresariales que están haciendo procesos de ajuste. Hay un factor que lamentablemente no se negocia, que son los puestos de trabajo”, comentó. Castellano dijo que la central sindical insistió en que la rebaja de los salarios fuera acompañada de una contrapartida de mantenimiento de los puestos laborales, pero no sucedió. “Yo en los años que tengo de negociación colectiva nunca vi que mandaran a más de 100.000 personas al seguro de paro, son muchas personas, tenemos una crisis importante que quizá pasó un poco desapercibida por el colchón que existía: tuvimos más de 15 años de mejora del salario real, por eso no es igual a la crisis de 2002, pero son meses difíciles y la negociación no trae grandes beneficios; al contrario, es una de las negociaciones que se produjeron en las peores condiciones posibles”.

Castellano agregó que el proceso fue corto porque en la mayoría de los casos sólo se abrieron los grupos madre, si hubieran negociado por subgrupos se debería haber convocado a más de 200 mesas de negociación. “Producto de la circunstancia en la que vivimos, quedó limitada a las reuniones de los grupos madre, con acuerdos globales, algunos con el voto favorable de las tres partes y otros con dos”.