El martes pasado el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció una “gran movilización” que se realizará en febrero. La noticia generó críticas de actores políticos oficialistas, entre otros del senador del Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva, quien escribió en Twitter, adjuntando una nota de Telenoche, que haría todo lo posible para evitar la manifestación. “Hoy la salud de la población está en primerísimo primer orden”, escribió.

Daniel Diverio, presidente del Sunca, aclaró a varios medios y también a la diaria que no se pensó en una movilización con gente en la calle y aglomeraciones, sino en otras formas de protestar evitando posibles contagios de covid-19.

El sindicalista admitió que las palabras elegidas, “gran movilización”, tal vez no fueron las más afortunadas, ya que dieron a entender que se haría una marcha con concentración de personas, pero reiteró que eso no sucederá. Dijo que a fines de enero definirán la manera y el día de la protesta.

Sobre los motivos de la convocatoria explicó que es en defensa de tres ramas anexas a la construcción: la de cerámica roja (ticholos y ladrillos) y cerámica blanca (elementos para pisos, baños); la extractiva, como por ejemplo las canteras y las empresas que trabajan para las cementeras, entre ellas las de Ancap; la tercera rama, la “más compleja”, dijo Diverio a la diaria, es la de los trabajadores de los peajes, por la pronta automatización de estos.

Sobre las empresas relacionadas a la fabricación de cerámicas dijo que han cerrado casi todas y las que quedaron “trabajan a media máquina” y “los otros centros de trabajo están en la informalidad o la ilegalidad”.

El presidente del Sunca comentó que vienen reclamando desde el período anterior que se cambien las compras para las obras públicas porque “en esas obras la presencia de esos materiales nacionales son casi inexistentes. Una forma de defender la industria nacional y de defender el empleo es fortaleciendo las compras públicas en este tipo de insumos, porque la competencia, en su mayoría, es de Paraguay”. Diverio dijo que a esos productos no se les hace un seguimiento e incluso aseguró que hay casos en los que las empresas de ese país usan niños para el trabajo, “casi de forma esclava”.

Sobre las cementeras dijo que el problema es que el gobierno actual está planteando una revisión de la producción de cemento y “eso llevaría a una privatización o incluso una eliminación de ese producción. Estaríamos perdiendo más de 350 puestos de trabajo de las plantas de Ancap de Paysandú, Lavalleja y Montevideo”, dijo.

El conflicto en los peajes

El presidente del Sunca explicó que los peajes dependen de las empresas constructoras que mantienen las rutas y por eso los trabajadores y trabajadoras están afiliados al Sunca. “Lo que venimos planteando con el gobierno anterior y con este es la reconversión de las trabajadoras, porque la automatización va a llegar”, dijo.

Diverio contó que había un planteo de las cámaras empresariales, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio Transporte y Obras Públicas a ir a ese proceso de reconversión, ya que esta nueva forma de peaje necesita personal para algunas áreas, “incluso el ministro de Transporte [Luis Alberto Heber] aseguró que se iba a dar la automatización, pero eso no iba a tener como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo; se lo dijo a las compañeras varias veces”.

A pesar de que se empezó a trabajar en esa línea, en diciembre de 2020 les comunicaron a los trabajadores que a partir de marzo de este año arranca el nuevo sistema y 350 personas, “la mayoría mujeres jefas de hogar, se quedarían sin ninguna alternativa”, afirmó Diverio.

“No se puede tomar medidas que afecten los puestos de trabajo en el marco de la crisis por la pandemia. Lo que están haciendo es generar mayor desocupación. Es claro que si se toman medidas antipopulares habrá respuestas. Nosotros no podemos decir: 'Compañeros estamos en plena pandemia y también van a perder los puestos de trabajo', por eso definimos un plan de acción”, aclaró.