El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), reunido en asamblea, aprobó este martes “por amplia mayoría” el convenio colectivo que se alcanzó en la madrugada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP). El sindicato, que se encontraba en asamblea desde el sábado por la falta de avances en la negociación con la empresa –que es 80% propiedad de la belga Katoen Natie y 20% del Estado uruguayo–, resolvió levantar las medidas desde las 19.00, mientras que los trabajadores de Montecon –la otra empresa que opera con contenedores en el puerto de Montevideo– volvieron a las actividades desde las 15.00.

El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, se manifestó satisfecho con que se haya alcanzado la aprobación de la “amplia mayoría” de la asamblea –más de un centenar de trabajadores– porque eso significa “que fue un buen preacuerdo”, sostuvo en diálogo con la diaria, y dijo que “la actividad portuaria va a volver un poco a su normalidad”.

Aunque no quiso profundizar en los detalles del contenido del convenio colectivo, ratificado por las partes, señaló que contempla uno de los principales reclamos del sindicato, que son los jornales asegurados. La obligatoriedad del pago de 13 jornales en el puerto fue validada por ley años atrás, pero el sindicato ha reclamado que en TCP no se paga ese mínimo, y aseguran que algunos son convocados en menos ocasiones que las 13 fijadas por ley.

Álvaro Reynaldo y Francisco Flores, el 12 de octubre, en el local del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines.

Álvaro Reynaldo y Francisco Flores, el 12 de octubre, en el local del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines.

Foto: Federico Gutiérrez

“Lo que más estábamos buscando nosotros era tener un ingreso garantido, lo que nosotros llamamos jornales asegurados, que le permiten al trabajador saber cuánto va a cobrar a fin de mes, por lo menos, como mínimo. De ahí en más, dependerá de la actividad que haya, pero por lo menos tiene un sueldo asegurado; ese era el punto más importante para nosotros, y se logró un acuerdo en ese sentido”, afirmó Reinaldo. No quiso ahondar en la fórmula alcanzada, pero dijo que el trabajador “va a tener un ingreso asegurado” dependiendo de aspectos como la antigüedad y la situación en la que esté la empresa.

Según supo la diaria, la propuesta que manejaba el sindicato hasta este lunes era que a los trabajadores que tienen más de 12 años de antigüedad se les asegure ser convocados en 22 jornadas cada mes, que los que tengan entre ocho y 12 años lleguen a 20 días de trabajo, y que los que tengan más de cinco años pasen a 18 jornadas. Finalmente, se busca que a los nuevos empleados se les garantice al menos 13 convocatorias.

Por su parte, TCP emitió en la tarde del martes un comunicado en el que ratificó el convenio colectivo alcanzado y afirmó que con su aprobación se volvería a “reencauzar la normal actividad en el puerto de Montevideo”. Destacó que “como en toda negociación el acuerdo es producto del diálogo y mucho intercambio”, y subrayó “la paciencia y esfuerzo de todas las partes y en especial el realizado por los funcionarios y autoridades del Ministerio de Trabajo”.

En la misiva, la compañía expresó su “satisfacción por el acuerdo alcanzado y el deseo por mantener siempre un diálogo que permita resolver las diferencias sin afectar la normal actividad en el puerto”, lo cual es “fundamental para mejorar la competitividad, el desarrollo, la producción, la generación de empleo e ingresos del país”, afirmó.

En diálogo con la diaria, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, valoró la negociación que desembocó en el convenio colectivo, que será por cuatro años, y que requirió 15 horas de negociación de corrido entre las partes para llegar al preacuerdo.

El jerarca opinó que el conflicto en el puerto era “muy complicado” y “preocupante” para el conjunto del país, porque se trata de la puerta de entrada y salida de la producción. Explicó que el convenio alcanzado tiene un número importante de cláusulas relacionadas a la negociación y remarcó la incorporación de los criterios de adjudicación para determinar los jornales mínimos garantizados para cada conjunto.