Si bien la decisión se tomó en 2016, no fue hasta julio de 2019 que se firmó el acuerdo entre la empresa finlandesa UPM y el Estado uruguayo para instalar una segunda planta de celulosa en el centro del país, la inversión más importante de la historia en nuestro territorio, pero también “la más grande en la historia de UPM, que ese es un punto que a veces se pasa por alto”, dijo a la diaria el gerente de Comunicación de la empresa, Matías Martínez. Se trata de unos 2.700 millones de dólares en la propia planta más otros 350 millones en obras para la comunidad, logística e infraestructura relacionada.
A partir de la firma, según Martínez, “se empezó a trabajar junto con el Estado para ver cuáles eran las necesidades del proyecto, para poder generar las condiciones y el contexto para, de alguna manera, concretar la inversión”. Es que la relación de UPM con Uruguay atraviesa tres décadas: la empresa trabaja en el ámbito forestal desde los años 90 y en 2006 se instaló la primera planta de celulosa en Fray Bentos. Este trabajo continuado ha requerido un “diálogo permanente, no sólo a nivel central sino también a nivel de los municipios” y un trabajo de “intercambio y actualización con todas las intendencias”, además de que UPM “atravesó” seis períodos de gobierno desde que se instaló en Uruguay, “siempre con buen diálogo con todos los partidos”, añadió el directivo, y sostuvo que la “reinversión” que supone la segunda planta “es una muestra de confianza en el país, en su institucionalidad”.
No obstante, es innegable que tanto la instalación de la primera planta en su momento, como el anuncio de la nueva en Paso de los Toros se enquistaron en la agenda mediática. Para Martínez, esto se debió a “la envergadura del proyecto”; sin embargo, la aparición casi al instante de colectivos como la Coordinación Nacional contra UPM y “UPM2 No” habla de otro tipo de problemas que una parte de la sociedad veía en la instalación de la planta. Si bien la preocupación de estas organizaciones tenía que ver con lo ambiental y la “entrega de soberanía”, desde otros colectivos la incertidumbre pasaba por la llegada de miles de trabajadores en un período corto de tiempo, lo que durante la instalación de la planta de Fray Bentos había causado “ciertas tensiones sociales”, en palabras de Martínez. Estas tensiones refieren, por ejemplo, a relevamientos hechos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la ONG El Paso en su momento, que constataron el aumento de denuncias por explotación sexual infantil y otros delitos asociados al mercado del sexo, como la trata de personas, además de problemas vinculados al abuso de alcohol y drogas.
“Si sabés qué es lo que genera una planta de estas, la pregunta es ¿cómo me adelanto a atenuar esos potenciales efectos negativos?”, se preguntó Martínez. Para mitigar, de alguna forma, estas tensiones, desde UPM se apostó por descentralizar el alojamiento de los obreros en lugar de concentrarlo –por ejemplo– en Paso de los Toros. Los alojamientos temporales se construyeron, además de en la localidad tacuaremboense, en la ciudad de Durazno y los pueblos Carlos Reyles y Centenario. Actualmente las viviendas están casi al tope –aproximadamente unas 5.000 personas–. Se trata de 133 bloques habitacionales de 77 metros cuadrados en los que pueden vivir 12 personas, elaborados por la empresa local Volfer. Cada alojamiento cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños. Asimismo, la instalación de las viviendas requirió un importante desarrollo de saneamiento y fibra óptica, y en el caso particular de Carlos Reyles, una planta de ósmosis inversa para sacar el arsénico del agua de perforación, según constató Telemundo en su momento. Por otra parte, tanto con El Paso como con el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, se desarrollaron talleres para trabajar “junto con la comunidad” sobre estos temas.
Entre las obras laterales que desarrolla UPM se encuentra el proyecto de una terminal especializada en celulosa en el puerto de aguas profundas de Montevideo, lo que supone una inversión de 280 millones de dólares. Con el acceso por ferrocarril desde la fábrica hasta la terminal se espera crear una “cadena de suministro eficiente hacia los mercados globales”, de acuerdo con la web de la empresa. Actualmente, ya culminó la estructura y el techado del depósito de celulosa, que implica un área de 50.000 metros cuadrados, además de finalizar la línea de descarga para la futura operación del ferrocarril y continúan los trabajos en la dársena portuaria.
Sin embargo, la terminal portuaria y el acuerdo al que se había llegado con el Estado uruguayo implicaban profundizar el dragado del puerto de Montevideo y llevarlo a 14 metros, lo que generó conflictos en su momento entre el gobierno uruguayo y argentino, luego de que este último enviara una nota al presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en la que se objetaba que el acuerdo era por 13 y no por 14 metros. De acuerdo a lo que informó la diaria en su momento, la idea de Uruguay era lograr ante la CARP llegar a este metraje de dragado; de hecho, según dijo la abogada Lucía Etchebarne al periodístico No toquen nada, de Del Sol FM, UPM mandó a hacer barcos “diseñados para ingresar con ese calado” y para “transportar 50.000 toneladas de celulosa”. El contrato con UPM debería cumplirse; además, a este acuerdo ya existente se sumó la extensión de la concesión del Estado uruguayo a la empresa Katoen Natie.
Viejos y nuevos conflictos
Martínez dijo que “de alguna forma pueden haber cambiado algunos actores” respecto de la instalación de la planta de Fray Bentos, pero los cuestionamientos seguían siendo los mismos, sobre todo cuando hay “muchas aristas por cubrir”, y aseguró que hoy, “por ejemplo, ya hay respuestas concretas” y además “las realidades y los hechos te van marcando lo que realmente sucede”. De todas formas, consideró que “es bueno que existan distintas voces, necesidad de información; me parece que es muy saludable para el país y para la empresa”.
De todas formas, el 31 de agosto, cuando se tenía que firmar la renovación del convenio al que habían llegado anteriormente la Cámara de la Construcción, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), UPM y el gobierno, no se pudo llegar a un acuerdo con los trabajadores, puesto que implicaba comenzar la “segunda etapa, que es la de montaje”. Según explicó Martínez, “se negocia de esa forma para tener un beneficio mayor para esta segunda etapa”.
Epílogo
Las obras civiles continúan al mismo tiempo que desde la planta de Fray Bentos llegan, en camiones, piezas y equipamiento necesario para los siguientes pasos de la obra de la planta, que se encuentra en su etapa de montaje. Cerca de la planta culminó la construcción de una subestación de UTE y de una línea de alta tensión de 11 kilómetros que conecta con Rincón del Bonete, en Durazno.
Al mismo tiempo, en un nuevo vivero en Sarandí del Yi están por culminar las obras de estructuras y techado, además de culminar la construcción del terraplén del tajamar, de unas 30 hectáreas, y que será la fuente de riego del vivero. Respecto de las obras para trabajadores, las estructuras metálicas para algunos edificios principales, tales como la “nave central”, el comedor, vestuarios y un área de manejo de insumos.