En el caso de que un trabajador o trabajadora no quiera vacunarse contra la covid-19 la empresa no le puede aplicar sanciones ni despidos si no hay una ley que haga a la inoculación obligatoria, explicó el miércoles el especialista en Derecho Laboral Nelson Larrañaga Zeni en una conferencia virtual organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) titulada: “Desafío empresario ante el covid y el próximo proceso de vacunación”.

Aunque Larrañaga Zeni dijo que hay situaciones en que la emergencia supera los derechos individuales, aclaró que sin una ley prevalece el derecho de cada uno de disponer sobre su cuerpo. Existe la norma general de vacunación obligatoria, de 1982, que fue establecida en la dictadura para prevenir determinadas enfermedades; el experto dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) podría incluir la vacuna contra el coronavirus en este esquema de vacunación, pero, por lo que ha anunciado el gobierno hasta ahora, cree que será el último paso a dar, en caso de que la población no se inocule de manera voluntaria.

En cuando a las normas laborales, dijo que no hay legislación pensada para este tipo de situación, por lo que será fundamental la colaboración entre los empleadores y trabajadores. “Hay una palabra clave que es ‘cooperación’. Todos tienen que cooperar en la prevención en salud, es una causa colectiva”, dijo.

Una de las preguntas que se están haciendo los juristas es si el empleador puede obligar a una persona no vacunada a trasladarse a otro sector, hacer que teletrabaje, poner sanciones o pedir como requisito para ingresar a un empleo la aplicación de la vacuna; a pesar de que son temas en discusión, Larrañaga Zeni dijo que lo óptimo sería que las empresas puedan persuadir a las personas reticentes por medio de campañas o con incentivos, como, por ejemplo, un día libre para ir a vacunarse.

“El empleador es el responsable de la salud de los trabajadores, pero en situaciones normales, si no hay vacunación obligatoria no es recomendable obligar a vacunarse; la Constitución consagra el derecho de que nadie puede ser obligado a hacer algo que la ley no manda, además está el derecho a disponer de su cuerpo”, dijo.

Larrañaga Zeni afirmó que es importante el rol que puedan cumplir las organizaciones sindicales y los compañeros de trabajo para generar un “efecto cascada” en aquellas personas que tengan dudas sobre los efectos secundarios. “Esto fue muy importante en la primera etapa, con las medidas preventivas, eso funcionó bien”, aseguró.

Con relación a la posibilidad de que una persona sea trasladada o envidada a su casa a trabajar dijo que la empresa debería tener razones fundadas para hacerlo. Comentó que el derecho laboral dice que con razones objetivas los traslados son posibles, siempre y cuando no causen un perjuicio al empleado, por lo que cada caso debería ser estudiado de forma individual. Afirmó que, a pesar de que hay un proyecto de ley a estudio del Parlamento, todavía no ha sido aprobado, por lo que “hoy no tenemos certezas jurídicas”.

En lo que fue claro el especialista fue en que no se puede despedir ni sancionar a una persona que no se quiera vacunar si no hay una ley que la obligue; en esto insistió varias veces.

Sin acceso universal, la vacuna no puede ser obligatoria

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que participó el miércoles de la conferencia, dijo que sería contradictorio que una ley hiciera obligatorio algo que aún no es de acceso universal, y recordó que el plan de vacunación va a ser por etapas.

Antes que nada, los vacunadores recibirán la primera dosis este fin de semana; y en la primera etapa, que comenzará el 1° de marzo, se aplicará la vacuna Sinovac al personal de la educación, los policías, militares y bomberos en actividad, así como a los trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (todos los que integran esos grupos y que sean menores de 60 años). Luego, cuando llegue la vacuna de Pfizer, a partir del 8 de marzo, se vacunará a todo el personal de la salud, indicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa que dio esta semana.

Esta madrugada estaba llegando a Uruguay la primera tanda de vacunas; se trata de 192.000 dosis de la elaborada por el laboratorio chino Sinovac, y el 15 de marzo se esperan 1.558.000 dosis más. Desde el 8 de marzo hasta el 26 de abril el país recibirá 460.000 dosis de la elaborada por el laboratorio de origen estadounidense Pfizer.

Una de las posibilidades que manejó Mieres fue que las personas que decidan no vacunarse no estén amparadas en el subsidio por enfermedad si contraen coronavirus, pero aclaró que se trata de sólo de una hipótesis, ya que la exigencia “podría configurar una discriminación laboral”.

El ministro destacó que a pesar de que Uruguay no es de los primeros países en iniciar el proceso, el gobierno sí aseguró una continuidad en el suministro. “Lo que importa es el ritmo una vez que comience la vacunación”, sostuvo, y agregó que debe haber un flujo continuo disponible para los ciudadanos. “Hemos dado cumplimiento a los anuncios de manera seria y responsable”, afirmó, y agregó que hay una “enorme esperanza” gracias a la cultura de vacunación que tienen los uruguayos, lo que le hace suponer que en un par de meses el grado de cobertura será superior al de otros países del mundo.

Mieres dijo que recibió decenas de solicitudes de prioridad de varios sectores de actividad, pero se siguió la recomendación de los expertos.

“Vamos a hacer un esfuerzo enorme en la exhortación, vamos a hacer publicidad, promociones, e impulsar a que los ciudadanos sientan que ese es el camino que tienen que tomar. No se puede establecer la obligatoriedad de un bien que no va a ser accesible a todos hasta que no pase un tiempo; es claro que no se puede convertir en obligatorio porque ahora va a ser de acceso limitado. […] Este debate recién empieza y de seguro va a ser largo”, sostuvo.

Otra de las hipótesis que planteó Mieres fue la posibilidad de que los países de destino de las exportaciones exijan un “pasaporte sanitario” para asegurar que los trabajadores involucrados en la producción tengan vacunas al día. “Si eso llegara a ocurrir nos planteará nuevas exigencias, lo estamos viviendo con sectores sensibles por restricciones de acceso”, dijo, y sostuvo que esto podría suceder cuando esté universalizada la vacunación. “Hay que estar muy rápidos en las respuestas, pero no puede haber definiciones por ahora”, afirmó.

Sobre la nueva ronda de los Consejos de Salarios, que comenzará en junio, sostuvo que “no estaría mal” que como parte de las cláusulas se incluya la inoculación.

Antivacunas centenarios

En tanto, el infectólogo Álvaro Galiana, director del Hospital Pediátrico del Centro Pereira Rossell, dijo que las vacunas han contribuido a erradicar enfermedades como la poliomelitis y el tétanos, y recordó que los grupos antivacunas existen desde que se aplicaron las primeras. Teniendo en cuenta que en 1796 Edward Jenner inició un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina, y lo inoculó a un niño de ocho años, el movimiento antivacunas no es un fenómeno nuevo. Para demostrarlo, Galiana mostró la ilustración de una persona que estaba a punto de ser vacunada rodeada de personas ya inoculadas a las que les salían del cuerpo partes de vacas, una campaña contra la vacuna de más de 100 años.

A pesar de que aseguró que el antígeno contra el coronavirus es seguro, dijo que aún quedan dudas; una de ellas es si genera inmunidad contra la enfermedad asintomática, por lo que cabe la posibilidad de que una persona vacunada no enferme pero pueda ser portadora y seguir trasmitiendo la enfermedad; por eso dijo que hay que mantener las medidas de prevención, como el lavado de manos, la distancia social y el uso de tapabocas.

Una de las preocupaciones que planteó Galiana fue la obligación de proteger a sus pacientes ante la posibilidad de contagios de personal de la salud que no se quiera ser vacunado. Como ejemplo, dijo que no puede exponer a un niño que fue operado del corazón a una enfermedad que lo pueda perjudicar. “No puedo permitir que un funcionario genere un problema para los pacientes, debería poder exigir la vacuna, es un dato que me genera dudas. No puedo permitir que en un CTI cardiológico un niño se llegue a agarrar una varicela, porque se muere; esta es una situación similar”, planteó.