¿Cuál es el balance de este primer año de gobierno?

Para todos los ministerios y partidos lo que pasó el 13 de marzo [con la declaración de la emergencia sanitaria por covid-19] trastocó toda la agenda, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] no es la excepción. Cuando asumimos, había una línea de trabajo para priorizar el empleo porque teníamos una situación afectada, había un proceso de pérdida de unos 50.000 puestos de trabajo en los tres o cuatro años anteriores, con una tasa de desocupación de 10,5%, la más alta desde 2007, y con un número de personas en el seguro de paro en el orden de 48.000 en promedio durante todo 2019. Eso daba la sensación de que la prioridad tenía que ser el empleo; por delante teníamos la octava ronda de los Consejos de Salarios, que me imaginaba que iba a ser normal, con la apertura de todas las mesas y con un plazo razonablemente normal, de un par de años y con la perspectiva de impulsar la reforma de la seguridad social.

Cuando uno pasa raya lo que se encuentra es que a partir del 13 de marzo estuvimos muy marcados por una brutal crisis de empleo que se disparó. Fue como una lluvia torrencial sobre un terreno ya mojado: toda la preocupación pasó a ser cómo manteníamos la caída de la actividad y en particular de los puestos de trabajo. El 14 de marzo estábamos definiendo, y fue a través de un decreto que salió el lunes siguiente que toda persona cuarentenada podía ampararse en el subsidio por enfermedad; después, con el paso de los meses se agregó a los mayores de 65 años, y en la semana siguiente surgió la idea del seguro de paro parcial. El lunes 16 [de marzo] convocamos al PIT-CNT y a las cámaras empresariales para discutir cómo se trabajaba en tiempos de pandemia.

El 13 de marzo, el Conassat [Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo] definió algunos protocolos básicos y a la semana siguiente se volvió a reunir. Todo el tiempo era responder a la emergencia, empezamos a trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] lo que fueron luego las medidas de entrega de canastas de alimentos a los monotributistas, lo que fue la respuesta para las empresas unipersonales más débiles. Todo eso en el primer mes de gestión. Tuvimos un ritmo vertiginoso que después se fue multiplicando porque en paralelo fuimos conversando con los actores sociales sobre cómo iba a ser la ronda de los Consejos de Salarios, con la idea de que la incertidumbre era lo único cierto, y sugerimos que la ronda fuera corta, pensar en un año para después tener un panorama mucho más despejado. Tuvimos muy claro que el impacto laboral iba a ser fuerte, porque en marzo el número de trabajadores en el seguro de paro se triplicó –pasó a 120.000– y en abril y mayo llegó a 190.000; ese era el panorama, con el empleo afectado en el mundo entero, con una pérdida del PIB [producto interno bruto] de 4 puntos. En una conversación con el PIT-CNT les dije que siempre han sostenido que si el PIB crece, el salario real tiene que crecer, ahora estamos en una situación inversa, el PIB va a caer, por lo tanto el salario va a estar afectado. Tengo un recuerdo muy positivo de todo ese proceso: tanto el PIT-CNT como de las cámaras empresariales se hicieron cargo de una situación muy complicada, lo que permitió un entendimiento que no era fácil, porque lo que estábamos acordando era tiempo de malaria, y sin embargo hubo mucha responsabilidad. La octava ronda de Consejos de Salarios se firmó con salvedades de las dos partes, y luego cuando se abrieron las mesas de los grupos madre se cumplió con ese criterio. Salvo algunas mesas que se debieron abrir, más de la mitad firmaron la pauta, y por otro lado acordamos con [el sector de] la construcción a dos años y con la salud a tres. Cuando uno hace el balance, el saldo es positivo. Pusimos a andar la reforma de la seguridad social con la aprobación de la ley de urgente consideración, se atrasó un poco porque el Frente Amplio demoró en pasarnos los nombres para integrar la comisión, por lo que comenzó en noviembre, pero más allá de eso, que tuvo su propia explicación, todo ha ido funcionando razonablemente.

Las medidas fueron necesarias, pero ¿llegaron a ser suficientes?

Siempre dije que en estas crisis todo lo que se hace no alcanza, pero también teníamos el problema de que no sabíamos cuánto iba a durar esto, y la verdad es que duró bastante más de lo que se pensaba, por lo tanto tuvimos que graduar el uso de recursos para no quedarnos sin pilas en el medio de la pandemia. Mirado en retrospectiva, por suerte hicimos eso, porque Uruguay parecía que zafaba y sobre octubre y noviembre empezamos a tener la primera ola de contagios, que afectó mucho el proceso de recuperación. Uno mira los números y es clarísimo: veníamos sacando gente del seguro de paro mes a mes, teníamos 10.000 o 15.000 trabajadores menos en el seguro, noviembre fue el último mes que bajamos llegando a 76.000, pero en diciembre y enero quedó frenado en 77.000. No es que no haya movimiento: hay gente que entra y otra que sale del seguro. Lo mismo pasó con la actividad económica: en el cuarto trimestre no arrojó el crecimiento que esperábamos al comienzo, cuando la pandemia estaba controlada, por eso la caída del PIB fue mayor que la que se esperaba a mitad de año. La afectación del turismo fue clave; en setiembre teníamos el panorama de que la actividad iba a estar golpeada, pero no estaba previsto cerrar las fronteras, imposible, tuvimos que restringir más de lo que estaba, por lo que la temporada terminó siendo horrible. Fue inevitable, tuvimos que hacerlo con todo el dolor en el alma. Cuando me preguntan si es suficiente, contesto que nunca lo es cuando la situación es tan complicada, creo que ahora sí estamos viendo la luz al final del túnel, con las vacunas en el mundo y en Uruguay, incluso algunos especialistas dicen que la pandemia viene bajando su virulencia en la tendencia mundial. Entonces ahora hay que tomar algunas medidas más para apoyar a la gente que a esta altura lleva mucho tiempo complicada.

Lo que fue un hito en la vuelta a la actividad fue la licencia que tomó la construcción y después, cuando las calles estaban desiertas en Montevideo, hubo un acuerdo entre trabajadores y empresarios en que había que volver.

Cuando arrancó la emergencia sanitaria enseguida se planteó la necesidad de suspender la construcción y la propuesta fue adelantar la licencia y hacerla más extensa, en lugar de sólo la Semana de Turismo, y que llegara a una semana y media más. A partir del miércoles de Turismo se negoció durante tres días con el Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] y las cámaras la vuelta a la actividad, que se produjo el 13 de abril, sólo un mes después de la declaración de emergencia. Lo que pasa es que la construcción tiene características propias. El riesgo de contagio es menor porque es una actividad al aire libre y se puede mantener el distanciamiento. De todas maneras, estuvimos acordando hasta cuánta gente podía dormir en un dormitorio, cuánta podía trasladarse en el ómnibus cuando había viajes a las obras; fue otro ejemplo de mucha responsabilidad. El lunes tenía que volver la gente a trabajar y el acuerdo se firmó el sábado por la noche, después de muchas horas de diálogo y negociación.

Usted decía que ahora se podría pensar en más medidas de apoyo. ¿Es por eso que el Partido Independiente (PI) presentó la propuesta de crear un subsidio de 4.200 pesos por tres meses para unos 300.000 trabajadores informales?

Sentimos que hay gente que está muy jorobada, que fue atendida con una ayuda alimentaria. Algo muy positivo fue que el Mides generó un registro y hoy tenemos unas 300.000 personas registradas que son las que han recibido las canastas, y nos parece que hay que reforzarlas y, en simultáneo, generar una línea de integración social. De esa gente, no toda pero un montón son trabajadores informales que se quedaron sin ingresos. Son personas que no están registradas en ningún lado, no tienen jubilación ni pensión o asignación familiar, no están en el BPS [Banco de Previsión Social] ni tienen una unipersonal registrada. Hay que aprovechar ese registro para crear un registro de trabajadores informales y empezar un proceso de búsqueda de la formalización: capacitación laboral a través de Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] y formalización vía monotributo, o caminos nuevos que hay que inventar. Todo indica que después de una crisis la informalidad en lugar de disminuir probablemente aumente.

¿La propuesta del PI fue conversada antes con el presidente Luis Lacalle Pou?

Sí, le hicimos conocer los planteos sobre fines de 2020, tanto el subsidio para los más vulnerables como los apoyos a las micro y medianas empresas; eran los dos capítulos del planteo. Surgieron de un análisis: tenemos que de la población económicamente activa, la mitad son trabajadores formales privados dependientes, 15% son funcionarios públicos cubiertos por la propia naturaleza del vínculo. Nos quedan los informales y las unipersonales y cuentapropistas, entonces el foco tiene que ir ahí. La propuesta al presidente no fue secreta pero tampoco fue de alta difusión, y en la medida en que en esta etapa se plantearon otras iniciativas, nos parecía razonable que se hicieran públicas, con algunos ajustes y actualizaciones.

¿No cree que hacerlo de esa manera generó la idea de que la coalición es débil, porque el Partido Colorado (PC) también hizo algo similar?

No, porque tanto el PC como el PI y creo que Cabildo Abierto también lo planteamos en términos de aportes, y no de exigencias ni de diferenciación. Si se quiere, en términos políticos cada uno marca su perfil, pero es en un afán de aportar; nadie pretende que las propuestas que presentamos sean tomadas en su totalidad, lo razonable es que estén arriba de la mesa distintas ideas. A nivel del conjunto del gobierno, estas cosas hay que procesarlas, trabajarlas e integrarlas. De seguro a partir de allí surgirá un conjunto de medidas; algunas se tomarán de un lado, otras de otro: algo que sea ordenado, sistemático y viable.

En el documento decimos que compartimos el sentido de disciplina fiscal y la orientación de reducción del gasto, por lo que las propuestas que presentamos hay que cargarlas al Fondo Coronavirus, de manera tal que se entienda que son gastos extraordinarios. Esa debería ser la orientación del gobierno: tomar las medidas que surgieron, armar un paquete consistente, convertirlo en realidad y cargarlo a la cuenta de los gastos extraordinarios.

Pablo Mieres.

Pablo Mieres.

Foto: Ernesto Ryan

La pandemia tiene efectos temporales, pero también se percibe que hay cosas que no van a volver a ser como antes. Por ejemplo, las empresas tomaron medidas para enfrentar la pandemia, pero después se dieron cuenta de que mejoraron la productividad y la organización del trabajo. ¿Qué está pensando el MTSS sobre estos casos?

Es un diagnóstico que compartimos. En general, después de una crisis económica mundial o regional se genera una aceleración de la reestructura del mercado de trabajo, los cambios en materia laboral se aceleran porque los empleadores tienen que reducir costos y tomar decisiones, en algunos casos las postergaban, pero cuando las papas queman las aceleran, el ejemplo es la incorporación del teletrabajo de una manera más significativa, pero también hay personas que piensan: “Si mandé al seguro de paro a algunos trabajadores y más o menos me fui revolviendo, tal vez no necesito tantos puestos de trabajo”. Ahí aparece la mejora de la productividad, por lo tanto tenemos un problema. Una vez transcurrida la pandemia va a haber más reactivación del empleo, pero quizá no volvamos a la situación prepandemia, que ya era complicada, por lo tanto hay un desafío. Un camino, que está fuera del MTSS, es el del crecimiento de la economía y la inversión; esa es la tracción fuerte, va a ocurrir porque hay actividades que están tan venidas a menos que cuando cesen las restricciones se van a expandir. Es el caso del turismo o la cultura, pero eso no va a absorber todas las posibilidades. Hay un dato que a primera vista suena raro y es que la desocupación no creció: la de diciembre es la misma que la de febrero, 10,5%. En lo peor de la pandemia no estuvo más arriba de 11%, pero lo que cayó fue la cantidad de ocupados: hay 50.000 ocupados menos. Eso significa que hay gente que se fue para la casa, dejó de tener actividad, y no busca trabajo. Algunos porque están en el seguro de paro esperando, otros porque dirán que el clima del mercado de trabajo no los alienta a buscar, pero ciertamente hay una desocupación encubierta de uno o dos puntos más de lo que aparecen en las estadísticas. En esta situación, es clave la capacitación laboral, primero afinar la puntería en cuanto a qué tipo de roles laborales van a ser requeridos, porque tampoco es cuestión de ofrecer capacitación laboral al voleo y que sea inútil. Inefop, que es el gran instrumento para esto, tiene que ofrecer cursos que estén alineados con la demanda laboral actual y futura, para eso estamos proyectando encuentros regionales por el empleo en el interior del país para escuchar la voz del PIT-CNT, de las cámaras empresariales locales, de las intendencias y los municipios. Luego lo que es fundamental es el seguimiento, cuál es el impacto de los cursos, cuánta gente recupera o consigue empleo. Otra línea es ver si podemos afinar los incentivos para el trabajo en algunos sectores vulnerables, uno son los jóvenes y otro las personas mayores de 45 años, que ya están hoy en algunas de las leyes vigentes como población vulnerable, pero lo que queremos es una propuesta más impactante para que se tomen en cuenta esas situaciones. Lo que vimos fue que la Ley de Empleo Juvenil ha tenido poco impacto: se beneficiaron 9.000 jóvenes en cuatro años, no movió la aguja. Los mayores de 45 años siguen siendo un problema, y en ambos grupos pensamos en un incentivo especial por género.

¿En cuanto a la capacitación tienen alguna idea de qué se necesitará?

Hay cosas que sí, que tienen que ver con actividades transversales como la formación en habilidades digitales, pero otras cosas tenemos que ajustarlas. En paralelo tenemos que mantener la contención. Hay tres soportes para el empleo este año, a nivel de las políticas activas de empleo la continuidad del sostén se expresa en prórrogas del seguro de paro normal y parcial, esas dos medidas hay que mantenerlas. Por otro lado, hay que dar beneficios para la contratación.

¿Qué surgió de la auditoría a Inefop?

Con respecto a los proyectos dirigidos a la capacitación e investigación en negociación laboral lo que hicimos fue reglamentar el literal Ñ, que es el que establece las capacitaciones, en diálogo con los directivos de Inefop, para que los proyectos estén alineados con criterios estrictos de aprobación, control y evaluación. El decreto reglamentario ya está y va a regir para los llamados de los proyectos de este año. Con respecto a los convenios establecimos normas para ajustar el funcionamiento. El gran problema es que Inefop no tenía los mecanismos de control y evaluación de los proyectos, que se aprobaban a cargo de las organizaciones sociales bajo la modalidad del literal Ñ o de convenios. Al mismo tiempo estamos haciendo informes de evaluación de lo ocurrido hacia atrás para ver si hubo responsabilidades, lo que implicará, si es necesario, investigaciones administrativas, pero lo que más importa es que para adelante esté proyectado el funcionamiento con garantías para todos.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social tuvo que cumplir un rol para el que no estaba preparada: asegurar que se cumpliera con las medidas sanitarias.

Lo primero que nos enorgullece es que en América Latina buena parte de las inspecciones dejaron de actuar en muchos países, en Uruguay los inspectores siguieron trabajando a tal punto que en 2020 hubo más inspecciones que en 2019. A partir de noviembre, a pedido del Ministerio de Salud Pública iniciamos una especial tarea de inspección de las condiciones sanitarias.

¿Ya tienen alguna conclusión sobre estas evaluaciones?

Sí, en las primeras semanas 60% de los lugares de trabajo tenían algún grado de incumplimiento, ahora bajó a 50%, sigue siendo alto. Siempre hago una salvedad: cuando se habla de incumplimientos se incluye a todos, desde no tener una cartilla con las especificaciones de lo que hay que hacer en pandemia, que es menos relevante que el hecho de que no haya distanciamiento social o que no se use tapabocas. También destacó que cuando se va por segunda vez la tasa de cumplimiento es casi 100%. La gente corrige.

A partir de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reiteró su pedido de que se modifique la Ley de Negociación Colectiva, usted anunció que se está trabajando en un proyecto de ley que se presentaría en el correr del año.

Es así. Heredamos este tema: fue una observación de 2019, en su momento el gobierno anterior envió al Parlamento un proyecto de ley con las modificaciones, pero no fue tratado y cuando venció la legislatura se archivó. Para nosotros es una buena base, el proyecto con la firma de Tabaré Vázquez y de Ernesto Murro iba en la dirección de subsanar el problema, seguramente necesite un ajuste.

Durante la primera parte de 2020 las observaciones de la OIT estuvieron a un costado por obvias razones, pero en la segunda mitad empezamos a asumir que había un tema pendiente que encarar. En diálogo con el PIT-CNT elaboramos un anteproyecto de personería sindical que se está analizando en el consejo superior tripartito, seguramente tengamos algún retorno en la primera reunión, y a su vez creamos a fin de 2020 una comisión para retomar el tema de la observación de la OIT, y la idea es presentar a esa comisión el anteproyecto. En la medida de lo posible esperamos llegar a un entendimiento entre las dos partes para presentar el proyecto al Parlamento, si no fuera posible el gobierno igual tendrá que presentar las modificaciones. Lo que está claro es que tenemos que levantar las observaciones, Uruguay no puede seguir estando en offside frente a la OIT.

¿Cómo se imagina la ronda de Consejos de Salarios de este año, que va a tener todos los convenios puente del año pasado, más los que vencen a mitad de año? En 2020 estaba la pandemia, que llamó a los acuerdos, pero ya habrá población vacunada con la pandemia en retroceso.

Espero que sea una ronda similar a la que se da en situaciones normales. Esto significa que sean acuerdos por más de un año. Me gustaría lograr acuerdos de un par de años y que se abran las distintas mesas y subgrupos. En cuanto a los contenidos, no hemos empezado a definirlos, pero el Poder Ejecutivo va a presentar sus pautas, como siempre.

¿Espera que aumente la conflictividad?

La conflictividad fue baja todo el año pasado, creo que fue algo marcado por los momentos que estamos viviendo. Nuestro objetivo es generar diálogos abiertos que avienten la conflictividad. Nosotros hemos dicho desde el principio y estamos comprometidos todos en el equipo con que nuestra estrategia es dialogar y abrir puertas. Transcurrido un año, los trabajadores y empresarios saben que este ministerio que dijo desde un principio que no iba a estar ni para un lado ni para el otro, hemos dado muestras de que es así. Tenemos una actitud de escucha y de que se sepa que esta es una casa en la que trabajadores y empleadores tienen un lugar en condiciones de ecuanimidad y equilibrio.