Este martes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”. Una de las primeras afirmaciones del documento es que la pandemia generada por la covid-19 evidenció “la brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a la región”.

“El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien”, señala el resumen difundido por PNUD.

En la presentación, el director de PNUD, Luis Felipe López Calva, dijo que en América Latina y el Caribe se produjo un tercio de las muertes por coronavirus, siendo que tenemos 9% de la población mundial, números que evidencian que la pandemia afectó mucho a la región. Además de la crisis económica dijo que el coronavirus se reprodujo en un momento de elecciones por lo que en muchos países se complejizó la situación.

“Los problemas coyunturales interactuaron con los estructurales”, dijo, y aseguró que “vivimos en un entorno de enorme polarización”, algo que preocupa a la organización.

Para López Calva, si bien la región no crece desde lo económico, otro de los problemas es la desigualdad. “Lo que necesitamos es sentarnos a la mesa y contar cada quien su parte de la historia para entender cuáles son las interacciones entre los problemas; por ejemplo, el más importante que analiza el informe son las interacciones entre el crecimiento, la productividad y el problema de la desigualdad. Ambos son importantes [...] pero en realidad estamos hablando de la misma historia, y si no entendemos con rigor analítico las interacciones entre estos fenómenos no podremos tener soluciones que conduzcan a la llamada ‘mejor normalidad’”.

Explicó que estar atrapados se refiere a la forma en que los grupos se empantanan en una de las dos visiones: la que dice que el problema es sólo el crecimiento y la que se enfoca en la desigualdad. Si cada uno de estos grupos propone soluciones para uno de los dos problemas, “nos vamos a mantener en la trampa; es como si estuviéramos cavando en un hoyo haciéndolo más grande”.

“La desigualdad y el bajo crecimiento se manifiestan en una concentración del poder e influencia sobre ciertos grupos y eso refuerza la trampa, y lleva a que se utilice la violencia, o la amenaza de la violencia como un instrumento de negociación en lo económico, político, y abre espacios de ilegalidad. Por último la política de protección social, en donde de manera legítima grupos sociales, políticos y económicos proponen políticas para tratar de proteger a los desprotegidos”, algo que sería bueno, “pero si esto no se hace de manera integral, nuevamente profundizan más esta trampa”, aseguró López Calva.

“Una llave para romper esa trampa es la protección social”, aseguró el director del PNUD: “Si los países hacen un esfuerzo amplio”, planteando que la protección social sea universal, sostenible, incluyente y “amigable con el crecimiento económico”, sería una llave para “revertir esa trampa”.

Por su parte, la economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, Marcela Meléndez, comentó que para el informe se eligieron tres indicadores que caracterizan a la región: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas, y las políticas de protección social que no funcionan bien.

“La desigualdad, como la pobreza, tiene varias dimensiones y va más allá de los ingresos; el reporte explora alguna de esas dimensiones”, por ejemplo: la desigualdad de las mujeres en los mercados laborales, la discriminación hacia las personas LGBT, las minorías étnicas y raciales que carecen de reconocimiento como agentes políticos y económicos activos.

Meléndez dijo que el bajo crecimiento está asociado a la baja productividad, por lo que la región se rezaga cuando se la compara con otros países. “Tenemos que comprender mejor la naturaleza de esa trampa, porque en esa comprensión está el primer paso para poder librarnos de ella”, dijo.

La economista aseguró que las personas percibimos la desigualdad de diferente manera: “Lo que estamos encontrando al explorar las percepciones de la gente [...] es que en América Latina [las personas] saben qué tan desigual es la sociedad en la que viven, tienden a sobrestimar un poco los ingresos de los más ricos y también el ingreso de los más pobres, pero en general la percepción es bastante parecida a la realidad, y la gente piensa que esto es injusto”, en especial en el acceso a los servicios básicos, la educación, la salud y la igualdad ante la Justicia.

Meléndez dijo que hay una “gran frustración” por la influencia política que “tienen unos pocos grupos poderosos”. “Las percepciones de desigualdad y justicia, junto con el lugar en que las personas piensan que ocupan sobre la distribución de ingresos, son importantes para determinar las preferencias que tienen sobre las políticas redistributivas, es decir, lo que deben ser los impuestos y las transferencias de los gobiernos”. El informe dice que 80% de las personas considera que el 20% más rico debe pagar impuestos, y una gran mayoría piensa que el 60% más rico debería pagar impuestos, lo que es interesante si se compara con “lo que de verdad ocurre en la región, donde en muchos países ni siquiera el 20% más rico de la población paga impuestos. Uno pensaría que hay espacio para generar consensos alrededor de un movimiento y de contribuciones tributarias más progresivas”.

Además, según el Latinobarómetro, 40% de la población identifica como grupos poderosos a las empresas grandes de la región, que tienen alto poder de mercado (diferencia entre el precio y el costo de los productos); “las firmas que operan en el mercado con poca competencia hacen que la población pague precios más altos, lo que afecta de manera desigual perjudicando a la gente más pobre. El poder del monopolio y el poder político empresarial son las dos caras de la misma moneda porque, con frecuencia, las rentas que permiten que operen sin competencia se destinan a la búsqueda de rentas a través de las interferencias en las políticas públicas y el círculo se cierra: monopolio, búsqueda de rentas, influencias en políticas públicas que permiten perpetuar ese poder de mercado”, dijo Meléndez.

“La violencia también perpetúa la desigualdad”

El texto destaca que la región es “la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad”.

“La violencia también perpetúa la desigualdad” y el crecimiento económico. “La incertidumbre sobre los derechos de propiedad desvía las inversiones” privadas y públicas; en este último caso se gasta en seguridad.

Meléndez destacó que la región necesita más datos sobre las formas más graves de violencia: “Necesitamos entender con detalle lo que está pasando y poder estudiarlo para poder solucionarlo”. En el documento se propone fortalecer los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

El tercer punto de estudio fue la fragilidad de los sistemas de protección social de la región. “La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, que en la región son la mayoría. Los países de América Latina y el Caribe tienen mercados laborales segmentados y sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos”, por ello el documento sugiere “repensar la protección social para asegurar universalidad”.

Meléndez comentó que en la región mucha de la población “no está considerada como parte de un sistema contributivo de protección social”, dijo que una parte de ese incumplimiento se da por parte de empresarios y trabajadores. “Los trabajadores no son siempre formales o siempre informales”, sino que transitan entre las dos formas; las normas de acceso a la seguridad social a veces son “caprichosas e inconsistentes” y producen efectos indeseados sobre la desigualdad.

Un punto en que el reporte hace mucho hincapié es que la seguridad social y la asistencia son complementos, dos elementos de un gran sistema, pero no son sustitutos. “La región no puede esperar que las transferencias focalizadas, por sí solas, eliminen la pobreza. Los sistemas de seguridad social frágiles son una de las piezas que vimos fallar de manera estruendosa durante la pandemia del coronavirus. La seguridad social fue la que más dificultó la respuesta de los gobiernos en los momentos de crisis”.

Finalmente, el reporte plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir el ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social.