Trabajadores de empresas y entes públicos aseguraron que el gobierno está desmantelando servicios

Este jueves la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) realizó un paro con movilización que culminó con un acto en la plaza Primero de Mayo en el que hablaron Laura Martínez, vicepresidenta de la Federación Ancap (Fancap); Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria; y Milton Rodríguez, trabajador de Alur (Alcoholes del Uruguay). Esta semana los trabajadores de las empresas públicas habían iniciado una serie de actividades, que incluyó la instalación de una carpa frente al Palacio Legislativo.

“Estamos sumergidos en una crisis económica y en una pandemia que no nos afecta a todos y todas por igual [...] Mientras los sindicatos estamos dando batalla y ayudando en las ollas populares, porque en este país se pasa hambre, una minoría privilegiada capitalista, agentes financieros, hacen todo para incrementar sus ganancias y se llenan los bolsillos. La derecha al poder impuso un modelo de país con un programa de gobierno que lo que hace es pautar con recortes y achicar el Estado quitando derechos fundamentales, atentando contra las libertades, y que beneficia al capital por encima de las necesidades del pueblo”, dijo Martínez en el acto.

La sindicalista aseguró que, al contrario de los trabajadores, los grandes capitales “no han aportado nada” en la lucha contra la pandemia. Señaló que la quita a los trabajadores no sólo fue ante el incremento de impuestos y los recortes presupuestales sino también por el aumento de los productos básicos. Con relación a las pautas salariales propuestas por el gobierno, dijo que habrá una pérdida de salario en todas las ramas que exige una recuperación genuina. “Necesitamos contar con ajustes salariales por encima de la inflación, y en este escenario el rol de las empresas públicas es fundamental”, así como la inversión pública para crear puestos de trabajo genuinos. “En las empresas hay miles de vacantes a cubrir [...] En los entes del Estado y en los servicios descentralizados no hay personal para mantener los servicios que se brinda. Rechazamos la pauta tres por uno, que lo único que hace es agudizar esta situación. Exigimos que se presupueste a las compañeras y compañeros que vienen realizando tareas desde hace años; es una respuesta caprichosa la del gobierno porque no les cuesta nada incorporarlos y darles seguridad laboral”, dijo.

Sobre la incidencia en UTE de la decisión del gobierno de que ingrese una persona cada tres vacantes, Martínez dijo que el deterioro en el servicio se ve en “los cortes de energía, que son cada vez más frecuentes, y en la demora en el restablecimiento”.

Con relación a la Administración Nacional de Puertos (ANP), aseguró que por medio de un decreto el Poder Ejecutivo (PE) estableció que en los muelles públicos no se puede operar con contenedores, lo que hace perder a la ANP nueve millones de dólares al año.

“En Antel vienen por la revancha [porque] no le dejamos al padre del actual presidente de la República que la cerrara en 1992. Sutel [Sindicato Único de Telecomunicaciones], con mucha batalla y lucha en las calles, pudo quitar de la ley de urgente consideración artículos que perjudicaban a la empresa. La portabilidad numérica es totalmente innecesaria en un momento en que el país está viviendo una gran crisis: implica que Antel gaste diez millones de dólares”, señaló sobre la empresa de comunicaciones.

Respecto de Ancap, aseguró que la reforma del mercado de los combustibles va a implicar el desmantelamiento de la empresa: “Ancap está desfinanciada por el aumento del Imesi y por la suba del dólar, dos decisiones del gobierno”, subrayó. “No es rentable el pórtland, nos dicen. Entonces ¿por qué cada vez aparecen más figuras en el mercado?”, se preguntó Martínez, y agregó que se ocultó que en 2019 hubo una recuperación de la empresa.

Por su parte, Sánchez destacó que “hay plata para subirles el sueldo a los cargos de confianza, hay plata para el aparato represivo, pero no para asegurar servicios públicos de calidad. Con un efectivo despliegue comunicacional intentan convencer a la población de que el Estado uruguayo necesita un ajuste y que una forma de procesarlo es achicar la plantilla de funcionarios, con una disminución de la inversión y de las políticas sociales”.

Sobre los planes del gobierno en relación a Antel, dijo que en administraciones anteriores se invirtió en fibra óptica, en torres de telefonía, “y ahora vienen sin poner un peso, en nombre de la libre competencia, y se llevan toda la ganancia”.

Además, Sánchez señaló que hoy los trenes arrastran en cada recorrida casi un millón de kilos, “cruzan por pueblos y ciudades poniendo en riesgo a la población”, ya que no tienen el mantenimiento necesario. “Para proteger los pasos a nivel parece que no hay plata, pero para pagarle 800.000 pesos por mes a un supervisor de la obra de UPM sí hay plata. Al impedir el ingreso de personal a AFE se están manchando las manos con sangre”, subrayó.

El integrante del sindicato dijo que desde 2015 se aplican medidas de ajuste y recortes presupuestales que “sólo han traído un aumento del trabajo precario a través de las tercerizaciones y una considerable caída en la calidad del servicio, que afecta sobre todo a los sectores más vulnerables”.

En el acto Rodríguez dijo que el gobierno está tratando de cerrar Alur, con lo que deja a los trabajadores sin empleo: “Si nos van a matar, nos van a encontrar de pie, no nos van a encontrar encerrados en una oficina. A los trabajadores no nos importa viajar 600 o 700 kilómetros o estar tres días fuera de casa dejando nuestras familias. Eso a los trabajadores no nos interesa cuando nos quieren tocar el bolsillo; nos duele, claro que sí, perder tres jornales, pero no queremos quedarnos escondidos”.

También aseguró que el gobierno de Luis Lacalle Pou quiere eliminar la empresa de alcoholes, y aseguró que se trata de “un gobierno neoliberal que lo único que quiere es gobernar para los amigos, se olvida de los trabajadores, no le importan”. Rodríguez comentó que este miércoles tuvieron una reunión con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y con el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, y pensaron que iban a recibir una respuesta positiva “o que nos iban a dejar respirar unos días más”, pero “vinieron por nuestras cabezas de primera”. El martes 13 los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) comenzaron una serie de movilizaciones que culminó con un acto en la plaza Primero de Mayo en contra del cierre de Alur.