Los sindicatos de los trabajadores públicos comenzaron las reuniones con el gobierno para negociar sus aumentos salariales a incluir en la Rendición de Cuentas, que debe ingresar al Parlamento antes del 30 de junio. La discusión central entre ambas partes pasa por el salario real perdido durante 2020 y 2021, cuando debido a la pandemia se fijó que no se decretarían aumentos que igualaran la inflación, con el fin de reducir el gasto, pero se acordó que en los años siguientes se ajustaría por encima de la inflación para equilibrar la pérdida salarial.

En la Ley de Presupuesto votada en 2020 se incluyó un párrafo que indica que “a partir del 1° de enero de 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto el nivel de salario real no haya sufrido deterioro, conforme al Índice Medio de Salarios Real del Gobierno Central”.

Pero con este compromiso escrito, lo que falta acordar no es solamente si el porcentaje perdido, y a recuperar, se entregará todo a partir del 1º de enero de 2023 o si se dividirá y se terminará de pagar en 2024, sino que el gobierno y los sindicatos de los trabajadores públicos discrepan en cuál fue el porcentaje de pérdida. De hecho, tampoco todos los sindicatos reclaman el mismo número, debido a diferencias en sus convenios colectivos y a que contabilizan distinto algunos ajustes.

El jueves se reunieron por separado la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), los trabajadores de la educación y del Poder Judicial con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El presidente de la COFE, Martín Pereira, declaró a la diaria que el elemento central de la discusión fue “el ajuste salarial que se debe dar en la Rendición de Cuentas” y que esta es la segunda reunión a la que convocaron a su sindicato, pero “el gobierno no trajo una postura porque parte de la delegación del MEF no se encontraba en el país”, y les pidieron “más tiempo” para presentar “un número más acabado” para empezar a negociar.

“COFE plantea que en los primeros años de gobierno se perdió 6% [del poder adquisitivo] y el gobierno dice que fue 2,9%; no sabemos de dónde saca ese número”, señaló. La cifra de 6% no es la misma que reclaman los tres sindicatos que concurrieron el jueves a las reuniones, pero el 2,9% sí fue el mismo que planteó el gobierno en todas las instancias, y proviene del índice medio de salarios.

El cálculo que hacen los funcionarios de la administración central es que en 2020 “se ajustó un 5% menos de lo que fue la inflación”, y en 2021 “quedó 0,96 de pérdida”. “Ahí sacamos el 6% que le planteamos al gobierno que tiene que recuperar”, señaló Pereira.

En este contexto, el dirigente sindical identificó “un problema” que representa el adelanto de dos puntos porcentuales del aumento previsto para enero de 2023 para funcionarios públicos, porque “nadie asegura qué es el 2%”, si es efectivamente un aumento, que achicaría la deuda de 6% a 4%, o si es un adelanto a cuenta del aumento por inflación de 2023, lo que mantendría la deuda tal como está.

Pereira reclamó que “el gobierno se comprometió” a “que no iba a haber pérdida salarial” y, por ahora, lo está incumpliendo, y por tanto llamó a acelerar las negociaciones para llegar a un acuerdo, y adelantó que el ajuste “se puede dividir en dos o tres partes”. “Estamos abiertos a negociar”, dijo sobre ese último punto.

A su vez, Pereira expresó que ya están previstas algunas medidas sindicales como una movilización de COFE el 16 de junio, aunque aún no se sabe si habrá un paro parcial o de 24 horas, y aseguró que de no arribar a un acuerdo en la negociación en próximos días, antes del 30 de junio se intensificarán las medidas.

A su vez, Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, dijo que en su reunión el gobierno también señaló que la deuda es de 2,9%, mientras que el reclamo sindical es de 7,96%. “Consideramos que la pérdida es el 100% del IPC [índice de precios del consumo] de 2021, y eso es 7,96%”, señaló en diálogo con la diaria. Sobre el número dado por el gobierno, dijo desconocer “el criterio para el 2,9%” y aseguró que en la reunión con las autoridades no se explicó.

En este caso fue la primera reunión entre las partes por este tema, y Elizalde señaló que “próximamente se convocará a otra mesa de negociación para seguir afinando las propuestas, cuánto está dispuesto a dar el gobierno”.

A su vez, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de la Educación Primaria, Elbia Pereira, coincidió en que la “pérdida salarial en este período es 7,96%”, y señaló que el equipo económico se llevó “algunos deberes”. El primero es determinar si el incremento salarial de 4,41% que se dio a partir de enero de 2021 “corresponde a un correctivo o es adelanto por inflación”, y el segundo es cuál será “efectivamente el período que va a tomar el gobierno para determinar la pérdida” salarial. “Para nosotros es el 100% del IPC del año 2021”, señaló y dijo que no está claro cuál es el que utiliza el gobierno.

“Cuando esas respuestas estén dadas, allí vamos a ver cuán alejado está el gobierno” del porcentaje que el sindicato calculó. Esas respuestas, precisamente, se esperan para una futura reunión entre ambas partes, que será en las próximas semanas, ya que esta fue la primera vez que se juntaron.