En conjunto con representantes de la sociedad civil, la academia y el Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó este miércoles en el Palacio Legislativo las bases del trabajo que lleva adelante para contribuir a la creación de un tratado internacional que regule a las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. El documento, elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinario, formará parte de la discusión internacional que habrá sobre el tema en octubre en Ginebra, Suiza, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En efecto, será la octava sesión de negociación en el Grupo Internacional de Trabajo de Naciones Unidas en torno a la definición de un tratado jurídicamente vinculante que fije obligaciones para las empresas multinacionales. La discusión comenzó en 2014; ya han participado más de 80 países y centenares de organizaciones sociales.
Juan Faroppa, presidente de la INDDHH, fue el encargado de iniciar la presentación del trabajo, y calificó la instancia como “un evento sumamente relevante para la agenda de derechos humanos en nuestro país”. Aseguró que “se están concretando avances a nivel internacional” en la regulación y la limitación del “ejercicio abusivo de poder de algunos actores”, pese a que en el desarrollo histórico de los derechos humanos “siempre hay impulsos y resistencias”. El informe elaborado por el grupo uruguayo, sostuvo, “es un trampolín para seguir trabajando en los próximos meses”.
A Faroppa lo siguió el director del Instituto de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Daoiz Uriarte, quien expresó que hasta ahora los intentos por transparentar la actuación de las empresas transnacionales han tenido “resultados muy escasos”. Recordó que en la década de los 90 “se apeló a la responsabilidad social”, pero, “más allá de la imagen estereotipada del CEO de una empresa donando material para una escuela”, “hay que reconocer que en el mundo globalizado existe una situación de desigualdad” que implica “una afectación clara a los derechos humanos”.
Uriarte subrayó que “la búsqueda de las ventajas competitivas para el lucro” acaba “afectando los derechos humanos”; por lo tanto, afirmó que “es necesario que haya una normativa internacional obligatoria que establezca condiciones”. Agregó que ya existen antecedentes de cooperación internacional en otros temas, como el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo.
Viviana Rumbo, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, manifestó que desde la central sindical observan “con bastante preocupación” los cambios en el mundo del trabajo impulsados por las compañías multinacionales. “Cada vez hay más pobres en el mundo y cada vez hay menos gente con más dinero. Esto tiene que ver con la acumulación de las transnacionales”, aseveró. Una acumulación, agregó, que se obtiene en parte de la negociación con países “que necesitan inversión extranjera para generar puestos de trabajo”, lo cual a su vez conlleva una mayor “flexibilización laboral”.
Rumbo afirmó que el tratado internacional en discusión en Naciones Unidas procura establecer que “el negocio de las multinacionales no sea a cualquier costo”. Para el PIT-CNT, indicó, “es necesario tener un instrumento jurídicamente vinculante que reafirme la superioridad de las normas de derechos humanos sobre los tratados de comercio e inversiones” entre países.
“Asimetría” e “impunidad” de las empresas transnacionales
La presentación contó también con voces de organizaciones ambientales. Alberto Villarreal, de Redes-Amigos de la Tierra, puso sobre la mesa el juicio internacional de la tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo en 2010. Si bien este caso finalmente tuvo una sentencia favorable para Uruguay, apuntó que “solamente la amenaza [de juicio] es un elemento que mete miedo al Estado para que eche atrás sus políticas públicas”. Añadió que los tratados de inversión firmados entre países “les permiten a las empresas transnacionales demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Mucho menos los ciudadanos. Hay una asimetría muy importante”.
A su turno, Alejandra Scampini, de la organización Poder, retomó los comentarios de Uriarte y remarcó que “los mecanismos voluntarios” no son suficientes para “prevenir el daño y la impunidad” de la actuación abusiva de algunas empresas transnacionales. A su criterio, la discusión internacional sobre la creación de un acuerdo regulatorio en materia de derechos “va a abrir una nueva puerta del derecho internacional”. Opinó que Uruguay “debería jugar un rol más activo en la región” al respecto.
Al cierre de la presentación, la diputada del Frente Amplio Lilián Galán realizó algunos comentarios, como miembro de la Red Mundial Interparlamentaria Pro Tratado Vinculante. Señaló que, a diferencia de las empresas uruguayas, sujetas a “las leyes que se diseñan en el Parlamento uruguayo”, las empresas transnacionales “muchas veces” violan la normativa local cuestionando “la soberanía del Parlamento”.
A modo de ejemplo, mencionó la venta de marihuana en las farmacias, “un tema de salud y seguridad nacional” que “la banca transnacional” criticó e intervino “para que no se pueda llevar a cabo”. Galán abogó por “seguir hablando de la importancia de un tratado jurídicamente vinculante” que contemple los derechos humanos como “la razón principal de las leyes de los distintos países y de esta gobernanza mundial que hoy se está imponiendo a través de las transnacionales”.