Un grupo de trabajadores que desempeñaron tareas en la Cooperativa Policial (Copol) denunció ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el accionar que llevaron adelante tiempo atrás algunas jerarquías de la institución, las cuales fueron denunciadas por maltrato, persecución, acoso laboral y por un caso de acoso sexual.
En dialogo con la diaria, las exfuncionarias, Laura Firpo, Claudia Campodónico y Gabriela Alcaire, explicaron la situación. Firpo detalló que el origen del reclamo hacia la cooperativa comenzó hace poco más de un año aproximadamente, contra una jefa que en ese momento cumplía funciones en una oficina de compras –integrada por seis empleados–, que fue denunciada por tres de ellos por persecución laboral, acoso y maltrato.
Agregó que la denuncia se decidió “después de soportar todo el despotismo de esta persona durante un tiempo. Posteriormente, en determinado periodo la cambiaron de oficina, entonces dejó de ser nuestra jefa. Decidimos esperar y ver qué pasaba, si se tranquilizaba todo, y así trabajar tranquilos”. El cambio obedeció a una reestructura definida en la cooperativa, y para ese entonces los trabajadores no habían hablado con el gerente.
Resaltó que como esta jefa era un alto mando en la cooperativa, “tenía injerencia en todas las secciones”, por lo que directa o indirectamente continuaba manteniendo autoridad sobre los denunciantes. “Todas las autoridades estaban en conocimiento de la situación, pero nadie intervenía”, añadió. En una jornada, los trabajadores fueron informados de que se les iniciaría una investigación por no haber respondido un correo electrónico a otra jefa de un área de la cooperativa, lo que fue calificado por la jefa en cuestión como una “falta grave”.
Acto seguido, las tres funcionarias solicitaron una reunión con el gerente general de la cooperativa, quien los respaldó, señalando que no toleraría maltratos ni faltas de respeto. Le informaron que querían denunciar a la jefa en cuestión, quien también habría ejercido maltrato sobre proveedores de la Copol. En esa reunión –mayo 2022–, el gerente de la cooperativa ofreció los servicios del abogado de la misma, y los empleados aceptaron. Días después, enterada de la conversación con el gerente, la jefa comenzó a amenazar a los empleados con despedirlos.
“Ahí se inició la investigación. De todos los trabajadores, unos 200, sólo seis la denunciamos, o sea, los tres de la oficina más dos de seguridad y una persona de otra sección. Al día de hoy, de las seis, cuatro estamos fuera. Los otros dos, uno ocupa un cargo que es tercerizado, y el otro fue reubicado en otra oficina, y allí está”, explicó Firpo.
La investigación siguió su curso, y se determinó, en noviembre de 2022, por parte del Consejo Directivo, un sumario. A la fecha, el gerente nunca dio a conocer la resolución del caso y según Firpo “archivó y congeló la misma en un cajón, y a la jefa nunca la sancionaron ni separaron de su cargo”. La denunciante añadió que la gerencia y el Consejo Directivo de la cooperativa desmienten la existencia de la información del caso en cuestión.
“Como sabíamos que iba a suceder eso, una vez que hablamos con el gerente, nos contactamos con otro abogado, hicimos un escrito y presentamos una denuncia por acoso laboral y persecución, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], en diciembre de 2022. Y desde enero de este año hasta la fecha, el expediente está en jurídica”, relató. Dijo que antes de dejar de cumplir funciones para la cooperativa, las tres trabajadoras que tomaron la decisión inicial de denunciar, fueron separadas y derivadas a otras secciones, modificándoles horarios y tareas.
En la actualidad, de los tres trabajadores que estaban en la oficina, Firpo fue despedida en junio del presente año, otro se vio obligado a renunciar por temas de salud (le hizo juicio a la institución, que actualmente está en proceso), y el tercero es el trabajador que, a pesar de haber denunciado a su jefa, continúa desempeñando funciones.
La cooperativa es una entidad privada, que no tiene relación con el Ministerio del Interior, y es de consumo. Gran parte de sus integrantes son expolicías. El consejo está compuesto por un presidente, secretario, tesorero, y los demás son consejeros (11 cargos en total) -en su mayoría expolicías, agentes y/o cabos.
El gerente general es un cargo de confianza
Hay una asamblea general ordinaria de delegados que se realiza una vez al año. La última se celebró el pasado viernes 24 y en esta edición eran unos 40 delegados. En esa instancia los socios aprueban la gestión y lo efectuado en la misma. Allí se puso a consideración la memoria anual 2022-2023 y el balance general al cierre del ejercicio económico al 30 de junio pasado. Ambos fueron aprobados. Se ratificó además el presupuesto para el ejercicio 2023-2024. Todos los asistentes a la asamblea eran adherentes a la lista 5 (oficialismo). En la instancia se aprobó la expulsión de 11 integrantes de la lista 20 -incluida Alcaire-.
En total, la cooperativa tiene unos 31.000 socios en todo el país. En la asamblea se aprobó el gasto en un ascensor por la suma de 60 mil dólares y 1.500.000 de pesos. Por su parte, en la sesión del año 2021, los afiliados aprobaron la remodelación de un salón–comedor, ubicado en el piso 3 del edificio de la cooperativa. El costo de las obras ascendió a un millón de pesos. En 2022, se realizaron obras por la suma de 2.712.000 pesos, dinero que sale de los socios que van invirtiendo y realizando aportes, según las denunciantes.
Semanas atrás, cabe mencionar que quien ocupaba el cargo de gerente renunció, y ahora, quién era la jefa denunciada, es la nueva gerenta. En tanto, el gerente que renunció quedó como asesor externo, “indicando directrices a la gerenta”, dijo Firpo. Posterior a esta renuncia, quien también renunció fue el presidente que estaba en funciones hasta setiembre pasado.
La Cooperativa Policial tuvo a un mismo presidente varios años, pero renunció hace más de tres años y medio. En su lugar, en ese momento quedó el vicepresidente, que luego falleció. Hoy la presidenta es Elda Salomon Castell, que reside en Salto. Además, otros tres miembros residen también en el interior del país, y eso se agrega a que uno de los integrantes de la directiva fue expulsado. Todas estas situaciones ocasionan que el Consejo esté parcialmente desintegrado, explicaron.
La mayoría de las personas que han sido despedidas, y que integran este grupo que realiza reclamos y protestas, en la actualidad no ha cobrado su indemnización correspondiente porque no se ha puesto de acuerdo con la cooperativa. Precisamente, desde la cooperativa le fueron enviadas a algunos extrabajadores telegramas de intimación a que dejaran de expresarse en contra de la institución en manifestaciones y movilizaciones efectuadas.
Elecciones suspendidas y denuncias
Alcaire también explicó que la Corte Electoral suspendió los comicios para elegir a las nuevas autoridades, dado que consideró que “no había garantías” para llevar adelante el acto eleccionario, que tenía que haberse llevado a cabo en abril pasado. Señaló que la mayoría de los integrantes de este consejo directivo están hace 15 años, y que cada vez que llega la fecha de las elecciones, “hacen lo imposible por sacar de carrera a la lista opositora que se presenta”. Los mandatos que debe cumplir cada consejo directivo es de cuatro años. Quienes ocupan los cargos lo deben de hacer de forma honoraria.
En febrero pasado, un grupo de personas que integraban la lista 20 (oposición), comenzó a transitar los pasos correspondientes para presentarse a las elecciones. Fue así que se les solicitó presentar 350 adhesiones, de las cuales les anularon 300 por presuntos errores. Por tal motivo, los representantes de esa lista luego presentaron 1.500 adhesiones en 48 horas. Gracias a esa cantidad, la lista fue aceptada.
Cuando presentan la lista, el consejo directivo expulsó a Alcaire como socia de la cooperativa, por lo que se ve impedida de integrar la lista. Diez días después, son expulsados las personas que ocupaban las 10 primeras posiciones de la agrupación, ante lo cual se ven impedidos de presentarse a las elecciones. Posterior a eso se solicitó a las autoridades de la cooperativa la entrega del padrón electoral a la lista 20, pero esto fue rechazado. Vale destacar que la comisión electoral de la cooperativa está compuesta por integrantes de la lista oficialista. Dicha comisión, nunca recibió para dialogar a los representantes de la lista 20.
Ante la suspensión de las elecciones en abril, las mismas pasaron para el 7 de agosto pasado. Para esa fecha, la comisión electoral seguía sin conceder una entrevista a los integrantes de la lista opositora. Ahora, se desconoce cuándo serán las elecciones, si en 2024 o más adelante. En una resolución de la Corte Electoral del 28 de noviembre, a la que accedió la diaria, el organismo, de acuerdo a un informe de la “Sección Contralor de Elecciones”, da vista a la Copol para que fije “a la mayor brevedad” fecha para la elección de autoridades “en el mes de diciembre”.
La Auditoria investigó
Posteriormente, se realizó una auditoría -por denuncias presentadas por socios expulsados- por parte de la Auditoría Interna de la Nación, la cual realizó un informe. La auditoría fue a mitad de este año, y sus conclusiones se conocieron durante este mes. El resultado fue elevado a la Corte Electoral. Alcaire se unió a este grupo de trabajadores para manifestarse por todo lo sucedido.
En ese informe, en un fragmento, se da cuenta que “la Cooperativa mantiene las autoridades con mandato vencido, no obstante, siendo la Corte Electoral la encargada del contralor de las elecciones de Copol, que en definitiva debe definir si se cumplen o no, las garantías previstas para el desarrollo del acto eleccionario. La cooperativa deberá comunicar el resultado de las elecciones mediante esta oficina, una vez se definan las mismas con las formalidades correspondientes”.
En un resumen, el documento explica que “se constató que el órgano no sesiona de manera independiente a las reuniones del Consejo Directivo, siendo una buena práctica que se reúna de forma autónoma, y deje asiento de ello en el libro correspondiente, así como de los informes anuales que serán puestos a consideración de la Asamblea General y en los que se pronuncia sobre la gestión del Consejo y los Estados Financieros”. Se resalta además la “falta de capacitación de los fiscales en el ejercicio de las funciones, que reciba un asesoramiento contable independiente e imparcial al que recibe el Consejo Directivo”.
Otra de las denuncias realizadas por quienes fueron expulsados ante la Auditoria de la Nación es que existen dos laudos. Uno, para los funcionarios que ingresaron a trabajar antes de 1990, y otro para aquellos que entraron a partir de 1990, que rige para las cooperativas de consumo hasta la actualidad. “La realidad es que no pueden existir dos laudos”, manifestó Alcaire. Enfatizó que eso favorece a personas que ingresaron hace más de 40 años, y que están aún dentro del laudo de antes del año mencionado. Incluso, dijo que hace décadas atrás se entraba a trabajar siendo menor de edad.
Decisiones erróneas, amenazas y acoso sexual
Una de las primeras manifestaciones realizadas por parte del grupo de trabajadores que reclamaba y denunciaba ciertas situaciones, fue en entre julio y agosto pasados. “Ahí empezamos con las pancartas y pasacalles de acoso sexual en la cooperativa. Eso provocó un gran revuelo porque nunca habían denunciado ni sacado a la luz, porque existen denuncias anteriores que fueron resueltas económicamente y con ingresos de familiares”, dijo Firpo.
Afirmó que “dentro de la cooperativa está todo normalizado, y todo el mundo sabe quién tiene determinado tipo de conductas, tales como el acoso sexual. Y se lleva adelante una gestión y una autoridad de estilo policial que está mal. Y está presente una mentalidad machista. Y lamentablemente, mujeres y hombres lo aceptan por necesidad y por buenos sueldos”.
Aclaró además que las decisiones las toma el consejo directivo, pero se rigen por las órdenes y resoluciones de la gerencia. “La línea de mando está cambiada, invertida”, resaltó. Señaló que la actual comisión directiva no quiere otra lista en las elecciones porque, aunque la lista opositora pierda, igual tendrá derecho a tres puestos en los 11 que ocupan la directiva, y por más que estén en minoría, esos tres integrantes harían las veces de “contralor” de los otros ocho componentes.
Por su parte, Campodónico dijo que es considerable el daño psicológico que la institución ocasionó a varias funcionarias, incluida ella, a quien despidieron de un día para el otro, sin aviso ni argumento alguno. Ella fue despedida tras cinco años de trabajo, en los cuales no tuvo sanciones ni suspensiones.
Comentó que en la cooperativa, a raíz de las elecciones, “hubo personas despedidas”, y que “se intimó a muchos trabajadores a no nombrar a la lista 20, y a no estar de acuerdo con la misma”. Explicó que, dentro de los errores que cometió la institución, estuvo el despedir a funcionarios que estaban en licencia por certificación médica. En algunos casos puntuales, le han realizado juicio a la cooperativa por sumas que han ascendido a los tres millones de pesos.
“Si el consejo directivo, jefes y autoridades de la cooperativa quieren denunciarnos, el grupo compuesto por exempleados no tiene problemas en ir a la Justicia y exponer las pruebas pertinentes de todo lo que denunciamos”, concluyó Firpo.