La Intendencia de Montevideo (IM) rechazó la posibilidad de modificar una fecha que permitiría a trabajadores contratados por la comuna en 2023 ser funcionarios presupuestados. Una delegación de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) fue recibida este viernes por el jefe comunal, Mauricio Zunino, y allí les comunicó la decisión. Así las cosas, en este período 2020-2025 serán presupuestados los funcionarios contratados hasta el 31 de diciembre de 2022.

De la reunión participaron el intendente y el encargado de Gestión Humana de la Intendencia, Jorge Mesa. La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo a la diaria que “no existieron avances importantes, pero sí hubo en un tema un cambio puntual”, ya que el intendente se comprometió a analizar la posibilidad de hacer una excepción jurídica para presupuestar a 12 funcionarios que cumplen tareas en distintas áreas de la comuna.

Esos 12 trabajadores no pudieron ser presupuestados porque no cumplían con la reglamentación general, y por eso no integraron la lista de aproximadamente 400 funcionarios que sí fueron presupuestados por la Intendencia de Montevideo mediante una resolución del 30 de abril.

A esa cantidad de empleados en Adeom se los denomina “históricamente contratados”, dado que trabajan desde hace años –algunos tienen hasta 30 años de antigüedad–, pero no son presupuestados. La presupuestación de 400 trabajadores, una “excepcionalidad” realizada por la IM, estuvo contemplada dentro del último convenio colectivo entre las partes, una decisión que se tomó por única vez. Para discutir nuevas presupuestaciones, se debe negociar un nuevo convenio colectivo, a partir de julio de 2025.

Ante la negativa de presupuestar a los trabajadores que ingresaron durante 2023, Tejera dijo que “vamos a realizar las averiguaciones jurídicas correspondientes y el jueves 16 haremos una asamblea general, en la que tendremos este tema como primer punto del día. Evaluaremos caminos y medidas para saber cómo seguimos dando la pelea”.

Explicó que en la reunión la IM sostuvo que los motivos para no presupuestar a los contratados en 2023 son tres. Uno es presupuestal, otro es que los funcionarios no tendrían completada a tiempo una evaluación anual y el tercero es que el intendente comentó que para la IM tener el 87% de los trabajadores en cargos presupuestados “es un excelente número”. “No compartimos ninguno de los tres puntos”, afirmó.

La secretaria acotó que se solicitó a Zunino la posibilidad de que fueran presupuestados a partir del 1° de enero de 2025, pero que la respuesta fue negativa.

La Junta Departamental no tiene injerencia

El jueves, una delegación integrada por cinco personas –acompañadas por decenas de trabajadores movilizados– fue recibida por la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Patricia Soria, conjuntamente con el secretario y el prosecretario del legislativo.

Allí quisieron presentar una carta a los efectos de plantear la situación con la IM, pero las autoridades expresaron que es la Intendencia la que debe resolver sobre el planteo, y la junta no tiene injerencia. Luego se acordó la cita con Zunino y Jorge Mesa.

Adeom emitió un comunicado en el que expresa que “el pasado 10 de abril se recibió el borrador de propuesta de presupuestación general, vía correo electrónico”, que “en líneas generales se reflejaban las mismas condiciones para acceder al cargo presupuestal que en el período 2022, pero no fue de recibo la fecha de corte de ingreso definida por la administración departamental del 31/12/2022”.

“Ante esta disconformidad”, agrega la nota, “solicitamos un ámbito para intercambiar y argumentar de por qué la necesidad de extensión del plazo de fecha de cierre, en la búsqueda de alcanzar la mayor cantidad de trabajadores presupuestados, teniendo en cuenta que el próximo período, siendo optimistas, será en el año 2026”.

El 26 de abril Adeom solicitó nuevamente con carácter grave y urgente el ámbito para discutir el tema, y el 30 se aprobó la resolución que reglamenta la presupuestación general, señala el comunicado, y afirma que las definiciones de la comuna que impiden la presupuestación “pueden ser modificadas con voluntad política”.