Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este miércoles, la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), “una alianza de organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, académicos y personas comprometidas en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Uruguay”, emitió una declaración sobre la situación actual del trabajo infantil y adolescente en el país.

PIAS señala que se puede “afirmar con certezas” que el trabajo infantil y adolescente “está presente de diversas formas en la cadena productiva, en su mayoría en el sector informal”. Agrega que se trata de tareas permanente o zafrales y que pueden ser en el ámbito rural “acompañando actividades agrícolas familiares, en el campo cosechando”, o “en el hogar realizando tareas domésticas y cuidando a otros miembros de la familia”, o “en la producción de alimentos”, “en los puestos callejeros”, “en la construcción informal”, “como mano de obra en talleres (mecánicos, carpintería)”, “en la venta de productos por internet, y mucho más grave en la cadena del narcotráfico”.

La plataforma asevera que el incremento de la pobreza infantil y de la desigualdad, el aumento de la informalidad y de los empleos precarizados “propician un notorio aumento de la violencia comunitaria, cuyas expresiones más evidentes devienen en muertes de niñas, niños y adolescentes que son tildados como ‘ajustes de cuentas’, ‘enfrentamientos entre bandas’ o ‘balas perdidas’”. Además, asegura que “una problemática igualmente preocupante es la explotación sexual infantil generada por las mismas causas”.

Uruguay: uno de cada diez niños, niñas y adolescentes trabaja

Acerca del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados hecho por niños, niñas y adolescentes, PIAS expresa que también es consecuencia de la pobreza infantil, y que son “las mujeres, niñas y adolescentes quienes asumen en mayoría estas responsabilidades (según evaluación de los organismos internacionales, 65% son mujeres y 35% son varones), lo que las lleva con frecuencia a quedar por fuera del sistema educativo”.

La declaración también menciona que la participación en tareas rurales o en la zafra turística y otras situaciones de trabajo infantil que se producen en las fronteras “devienen en trabajos de riesgo y generan condiciones de ausentismo escolar y rezago educativo, afectando el desarrollo pleno” de niños, niñas y adolescentes.

Según el censo de 2010, uno de cada diez niños, niñas y adolescentes de Uruguay trabaja, y muchos “se desempeñan en tareas peligrosas, que violentan fuertemente sus derechos e impactan de forma negativa en su desarrollo”, dos de cada diez tienen “dificultades en el tránsito educativo”, y “si desarrollan una actividad productiva, la relación pasa a ser cuatro de cada diez”, detalla la declaración.

Con respecto a las políticas públicas para “prevenir y erradicar el trabajo infantil”, PIAS señala que “los organismos encomendados” por el gobierno para “regir, proponer y abordar esta situación carecen de los recursos, la capacitación y el presupuesto para realizarlo”.

Añade que faltan recursos humanos calificados, técnicos especializados para investigar y asesorar, y que no hay “protagonismo” de los gobiernos departamentales “en el contralor y seguimiento del problema”.

La plataforma denuncia que no hay “protocolos de salud para detección de situaciones de trabajo infantil en los controles pediátricos” ni “protocolos de detección en el sistema educativo”, que faltan “campañas de sensibilización sobre estas problemáticas, por ejemplo, durante la zafra turística”, y que el gobierno “ha anunciado la realización de una encuesta a nivel nacional” desde 2020, con fondos aportados por la Organización Internacional del Trabajo y Unicef, pero aún no se conocen los resultados.

Por todo lo anterior, PIAS exhorta a implementar este nuevo censo para poder “implementar políticas concretas hacia los niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil en edades tempranas y regularlo estrictamente a partir de los 15 años, que es lo que autoriza el Código de la Niñez y Adolescencia del Uruguay”, y propone que se dote de recursos “suficientes” al Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil para que pueda “cumplir con sus cometidos y habilitar la participación real de las organizaciones que representan a la sociedad civil” en ese ámbito.

Finalmente, plantea que se defina claramente “qué organismo u organismos tienen que ejercer la rectoría de las políticas para la prevención y erradicación” del trabajo infantil y adolescente.