Trabajadores de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau) denuncian las consecuencias del despido de 65 personas de la empresa de cannabis medicinal Pharmin, instalada en Zonamérica, ocurrido en febrero. Reclaman que tienen deudas que pagar y que nadie los ha ayudado a resolver su situación. A través de una publicación en el sitio web de Utrau, los trabajadores informan que hablaron con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mario Aritzi, para solicitarle una extensión del seguro de paro, y que la cartera aún no ha logrado que se presente algún responsable de la empresa, “destacando que esta no es una empresa común y corriente, es una empresa que cuenta con un registro en el Ircca [Instituto de Regulación y Control del Cannabis], el cual le otorgó licencia para producir cannabis medicinal”.

En diálogo con la diaria, el secretario general de la Utrau y secretario general de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), Germán González, declaró que en diciembre las autoridades de la empresa les aseguraron a los trabajadores que su rendimiento laboral era óptimo y la situación empresarial era estable, pero a fines de enero la historia dio un giro de 180 grados, dado que Pharmin cerró de manera sorpresiva sus instalaciones en Zonamérica, despidiendo a todo su personal a través de Whatsapp sin pagarles la indemnización correspondiente y sin dar la baja reglamentaria ante el BPS.

Por esta razón, González afirmó que este lunes se reunirán con el abogado de los trabajadores para posteriormente sumarse a un concurso de acreedores con el objetivo de que sus deudas queden incluidas en el proceso, pero aunque hay varias empresas que quieren rematar a Pharmin, el sindicato encuentra “sospechoso” que firmas que negociaron en el pasado con Pharmin “estén tan interesadas en participar”.

El artículo publicado por Utrau también menciona otros dos casos de empresas relacionadas al cannabis medicinal (BCBD Medicinal Sociedad Anónima y Boreal), donde los propietarios tomaron la misma acción y los trabajadores sufrieron consecuencias similares. El secretario general contó que en el caso de Boreal, cuyo dueño fue asesinado en Maldonado por su expareja, se realizó un llamado a remate sobre un millón y medio de dólares, pero solamente mostró interés una empresa y con intención de aportar un monto inferior, por lo que el llamado se declaró vacío. Por otro lado, los trabajadores de BCBD Medicinal firmaron un acuerdo en el MTSS en el cual se especificaba que se les tenía que pagar la liquidación a todos, pero la empresa no cumplió.

“No han tenido la capacidad de poder citar a la contraparte de los trabajadores a una audiencia de conciliación”

Según González, en 2021 Pharmin anunció sorpresivamente que había quebrado, pero “abrieron de nuevo poco tiempo después”. Explicó que esta práctica es común porque en Uruguay las empresas cannábicas son sociedades anónimas y los inversores son extranjeros, por lo que la mayoría desaparece sin dejar rastro. González remarcó que el MTSS no ha intervenido para asegurar las liquidaciones de los afectados por el cierre de la empresa y tampoco ha logrado encontrar a los propietarios. Sólo se sabe que el representante de Pharmin en Uruguay es Nicolás Bustillo, hermano del excanciller Francisco Bustillo, pero este ha negado estar vinculado a la propiedad de la compañía y ha dicho que sólo trabajó allí como un empleado más.

“Hasta el momento el MTSS, que tenía la herramienta más fácil y más rápida para averiguar, no nos ha dicho quién es el dueño, quién es el propietario, quiénes son los directores. No ha tenido la capacidad de poder citar a la contraparte de los trabajadores a una audiencia de conciliación”.