El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó este martes la gira nacional para diagramar la futura ley de empleo, que está previsto que ingrese al Parlamento el primer semestre de 2026. El objetivo es elaborar una ley que promueva el empleo digno, decente e inclusivo, con especial énfasis en los colectivos vulnerados y con mayores dificultades de empleo y formalización.

Participaron en el lanzamiento el titular del MTSS, Juan Castillo, el director nacional de Empleo, Federico Araya, y la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar. De acuerdo con lo explicado por Araya, la ley vigente desde 2021 “no ha cumplido con los objetivos previstos”. Agregó que “la Ley 19.973, que fue votada en un contexto de pandemia, no tuvo los efectos deseados”.

En materia de datos, explicó que “si se repasa las expectativas que tenía el gobierno anterior, se encuentra que en declaraciones ante el Parlamento se esperaban generar entre 8.000 y 8.500 puestos de trabajo, y los datos que tenemos de la Dirección Nacional de Empleo [Dinae] es que tan sólo se generaron entre 3.500 y 4.000 puestos por año, la mitad de lo que se esperaba”.

Araya añadió que “los datos que tenemos nos muestran que alrededor de un 40% de las personas que pasaron por la Ley 19.973, en la actualidad, no se encuentran cotizando en la seguridad social. Y no sólo eso, sino que además un 25% de estos trabajadores que pasaron por la ley no cotizaron más en la seguridad social. Es decir, una vez que tuvieron un acceso al empleo formal a través de la ley, fue el único trabajo que tuvieron en condiciones de aporte a la seguridad social”.

El jerarca señaló que “lamentablemente la ley no ha cumplido con los objetivos de asegurar el trabajo decente y digno a colectivos vulnerados y postergados. Tan sólo 29 personas con discapacidad hicieron uso de la ley en todo el período anterior, unas siete personas con discapacidad por año. Por otra parte, tampoco cumplió con el objetivo de descentralización de la política. El 80% de las contrataciones de la ley fueron en Montevideo y Canelones. Por todos estos datos y por la situación compleja que atraviesa el país en materia de desempleo e informalidad, es que queremos cambiar esta realidad”.

En el nuevo marco legal que surja del proceso participarán la ciudadanía, instituciones del Estado, organizaciones sociales, empleadores y trabajadores. Para llevar adelante esta iniciativa, se convoca a intercambiar ideas y aportes, en varios departamentos, a través de los comités ampliados de Empleo y Formación Profesional. La gira comienza en Rocha, Maldonado y Lavalleja esta semana. Está previsto que la gira nacional finalice antes de culminar noviembre, para ser discutida, creada y presentada en el primer semestre de 2026.

En tanto, Chiquiar expresó que este proceso “tiene que ser de carácter colectivo, no desde un escritorio en Montevideo, sino dialogando con quienes van a utilizar esta herramienta, para que tenga legitimidad social, con los empleadores, los trabajadores, las instituciones del territorio, la sociedad civil y las diversas comunidades”.

Sobre la futura ley, comentó que la Dinae planteará la posibilidad de que se incorporen como poblaciones beneficiarias de la ley las personas afrodescendientes, los jóvenes, las personas trans, las personas liberadas del sistema penitenciario, mientras que de las personas con discapacidad dijo que “seguirán siendo una población prioritaria, porque tienen enormes barreras y dificultades para acceder a un trabajo digno y decente”.

“En la Dinae consideramos también que tiene que incorporarse una lógica de las trayectorias. Hoy prácticamente el trabajo que hace el ministerio está asociado a asegurar la contratación, ese vínculo funcional. Pero no hay un ejercicio de seguimiento. Nos consta que no es porque los equipos técnicos no quisieran hacerlo, sino por cómo está diseñada la herramienta. Hay un desafío vinculado a los recursos, pero la expectativa es generar un proceso que implique un seguimiento de las trayectorias, que genere habilidades y recursos para las personas que transitan por la ley”, afirmó Chiquiar.

Castillo: “La idea apasiona, pero no sé si tendremos recursos”

Por su parte, Castillo reconoció que “la idea apasiona”, pero avisó que “no sé si tendremos los recursos económicos presupuestales, pero será otra parte de la pelea que tengamos que dar. Esto no es chiste, porque tiene que ver con el debate presupuestal. Es una discusión muy grande, y los recursos hay que estirarlos como un chicle”.

Agregó que tienen una visión crítica de la ley actual. Había un gran proyecto, una gran iniciativa aprobada, de que podía generar expectativas de empleo, que les diera la oportunidad a los empleadores de que con menos costos y simplificando las cuestiones pudieran tener la posibilidad de contratar trabajadoras y trabajadores. Luego, en la práctica, esto no ocurrió”. Mencionó, además, que meses atrás se mantuvieron reuniones por la aplicación de la ley actual con representantes de diversos sectores, en Colonia y Maldonado, y que la conclusión fue que “la ley tiene distintas trabas y complejidades”.

El ministro sostuvo que dado “las demandas que nos han presentado, más las críticas que hemos recogido, lo que se propone es reelaborar con una base concreta un proyecto de ley que dé respuesta a los trabajadoras que necesitan conseguir un empleo, a los empleadores que tienen posibilidad de emplear en determinado marco y condiciones, y que rápidamente se presenten instrumentos a los efectos de que esto ocurra. Esto dará más trabajo, más tarea; recorrer el país ocupará más horas, pero aprenderemos muchísimo”.