“Este gobierno logró algo muy importante que es frenar el crecimiento de las denuncias de los delitos”, afirmó el precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado durante una entrevista el pasado lunes en el programa matinal Arriba gente, de Canal 10. “2018 y 2019 fueron los dos años más violentos que tuvo el país. En 2020 se frenó la suba y empezó a descender”, agregó, y atribuyó estas cifras a una “actitud política diferente” y a que la ley de urgente consideración aportó respaldo jurídico además de político, y mencionó que el trabajo en materia de seguridad se basó en cuatro pilares: prevención, represión, rehabilitación y reinserción.

De acuerdo al último informe de delitos presentado por el Ministerio del Interior en el Parlamento, la cartera exhibió estadísticas de delitos al cierre de 2023 que avalan, en principio, la afirmación de Delgado respecto del freno en las denuncias.

El año pasado cerró con denuncias de 112.743 hurtos, que representan una caída en el período del 19,5% respecto de la cifra de 140.025 de 2019, último año de la administración del Frente Amplio. Una tendencia similar ocurrió con las rapiñas, que evolucionaron de las 30.638 denuncias en 2019 a las 22.390 en 2023, lo que significó una caída de casi 27%.

Denuncias no son delitos

Consultado por la diaria Verifica, el doctor en Sociología Gabriel Tenenbaum señaló que debe tenerse en cuenta que, de momento, el Observatorio de Estadística de Criminalidad del Ministerio del Interior sólo tiene en cuenta cinco delitos para elaborar sus informes: hurtos, rapiñas, homicidios, violencia doméstica y abigeato.

“Dentro de estas cosas no están los delitos que están comprendidos en la ley de estupefacientes, que por indicadores indirectos sabemos que crecieron, pero como no se miden las denuncias de esos delitos, no lo sabemos y no está ese dato”, señaló el especialista. Agregó que existe un “amplio repertorio” de delitos que no se miden.

Respecto de los hurtos y las rapiñas señaló que la baja “no es significativa” y que esto puede deberse a un corrimiento hacia delitos “más rentables”, como los vinculados al mercado ilegal de drogas. Advirtió que existe un problema de fondo relacionado con la construcción de los datos, ya que sólo se conoce “el tamaño de lo que se denuncia”, a partir de la accesibilidad de la población para radicar denuncias y la confianza en el Estado. “Podés tener menos denuncias porque la gente confía menos en tu credibilidad y porque es más difícil hacer la denuncia”, explicó.

Por su parte, Emiliano Rojido, sociólogo e investigador de temas relacionados con violencia y criminalidad, señaló que “es cierto” que bajaron las denuncias de delitos en su generalidad. Coincide en que el Ministerio de Interior no presenta cifras de delitos relacionados con el microtráfico de drogas, pero “en términos globales” hubo baja de denuncias de delitos.

“Esto no quiere decir que hayan bajado los delitos. De hecho, los datos oficiales de denuncias suelen ser muy criticados por ofrecer una imagen incompleta y sesgada de la criminalidad, ya que apenas una proporción de los delitos que ocurren en la sociedad son registrados y procesados por el sistema de justicia”, dijo el sociólogo.

A los factores señalados por Tenenbaum, Rojido sumó la gravedad de los hechos delictivos, así como el temor a sufrir represalias que pueden afectar la decisión de las víctimas de denunciar un delito.

“Además, las cifras oficiales dependen de decisiones policiales y de aspectos organizacionales como la cobertura territorial que hace la Policía o la dotación de efectivos, que afecta la capacidad de detectar y registrar la denuncia”, señaló Rojido. Agregó que las estadísticas no son solamente sensibles a los hechos, sino a la percepción de la población y a las medidas por las instituciones para facilitar las denuncias y registrarlas adecuadamente.

En contraposición, el doctor en Ciencia Política, especialista en criminología y asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, destacó que “todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia” hasta 2020 tuvieron en términos generales un alza en casi todos los delitos.

“Esa alza se ve fuertemente acelerada a partir de 2011, y entre 2017 y 2018 alcanza un máximo en todos los casos. De 2020 en adelante se rompe efectivamente la tendencia, por lo menos en el caso de los hurtos, las rapiñas y el abigeato. Ya tenemos cuatro años a la baja”, dijo.

“Distinto es el caso de los homicidios, que siguen por debajo de 2019, pero no se puede hablar de haber roto una tendencia porque no están muy por debajo”, resaltó, y señaló que “claramente” después de la pandemia hubo un rebote en la cifra.

Este indicador alcanzó su punto más crítico en 2018 cuando se llegó al récord de 421 asesinatos, que significó una tasa de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego evolucionó a 394 en 2019, cayó a 341 en 2020 (primer año de pandemia) y 306 en 2021, para finalmente sufrir un abrupto aumento en 2022 al totalizar 381 homicidios.

Estadística versus realidad

Ante el problema que significa la diferencia entre las cifras de denuncias y el delito real, Rojido destacó que una herramienta importante serán las encuestas de victimización que fueron anunciadas por las autoridades: “Se trata de diferenciar el volumen de delitos ocurridos en la sociedad del volumen de denuncias y ver qué explica la diferencia entre una cosa y otra y por qué las personas no denuncian”.

Al respecto, Sanjurjo señaló que “desde hace muchas décadas en el mundo desarrollado los indicadores de registros administrativos [las denuncias] se complementan con encuestas de victimización”, experiencia que será puesta en marcha con las encuestas anuales nacionales de victimización a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). La primera se hará a fin de año y sus resultados deberán ser publicados con formato de datos abiertos.

Además, se incluirá un módulo de preguntas en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. “En eso ya tenemos una mesa de técnicos trabajando, el cuestionario está casi pronto para incorporar a la ECH y se empezará a usar a mediados de año”, informó el asesor, quien además coordina el proyecto entre el Ministerio del Interior y el INE, y estimó que los informes estarán disponibles a comienzos del año próximo.

El pasado martes la encuestadora Cifra publicó un “índice de victimización” que recogió que un 29% de los hogares uruguayos fueron víctimas de algún robo o ataque en el último año, dos puntos por encima de la edición de 2019. Sin embargo, Sanjurjo aclaró que la encuesta de la consultora no tiene la metodología de una encuesta de victimización nacional como la que está desarrollando el gobierno.

“Cuando vos estás preguntando por la victimización lo estás haciendo por un fenómeno muy raro. Las personas a las que justo le robaron el año pasado son muy pocas, entonces la muestra tiene que ser enorme. La que vamos a hacer nosotros tiene entre 8.000 y 10.000 personas”, explicó. Además, señaló que la consulta al encuestado no es “delegable”, por lo tanto la pregunta sobre el delito sufrido por otros miembros de la familia no es aplicable dentro del estándar utilizado.

“Van a ser tres indicadores complementarios. Las denuncias suponen una parte de un universo mayor, pero eso no significa que su evolución no sea representativa de ese universo. Generalmente, cuando suben las denuncias es porque efectivamente creció el delito, cuando se reducen las denuncias es porque efectivamente se redujo”, aseguró.

“Este gobierno no ha dado ninguna orden de que no se tomen denuncias o de que haya algún tipo de subregistro. Se toman de la misma manera y se contabilizan de la misma manera por parte de un Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad cuyas autoridades las puso el Frente Amplio y que utilizan la misma metodología”, comentó Sanjurjo con referencia a las críticas desde la oposición que ponen en duda la estadística oficial.

Entre ellos se encuentra Fernando Gil, quien fuera director de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Interior durante las administraciones de Eduardo Bonomi, que publicó una columna de opinión en la que cuestionó que la reducción de las denuncias se deba a la efectividad de las políticas de seguridad. Entre los puntos a los que atribuye Gil la caída de las denuncias están el retiro de los becarios universitarios en la atención al público de las comisarías, la eliminación de las tablets en las unidades móviles y el maquillaje de cifras supuestamente ordenado por jerarcas policiales.

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