El fin de semana pasado y con un spot electoral de casi cinco minutos de duración, Álvaro Delgado se metió de lleno en la campaña por las internas. Con dos emisiones por canales de televisión en prime time, el mensaje repasa los logros de la administración actual e invita a la ciudadanía a sumarse al “segundo piso de transformaciones”.

Esta emisión generó quejas en la oposición. Desde el Frente Amplio denunciaron ante la Corte Electoral la violación de la normativa que dispone la prohibición de publicidad electoral en un periodo anterior a los días previos a las elecciones. Con un discurso de continuidad de la gestión de Luis Lacalle Pou, cuya imagen da comienzo al video, el relato vierte afirmaciones y cifras que fueron analizadas por la diaria Verifica.

Asentamientos

En uno de los pasajes de la publicidad se afirma que “el Estado le destinó la mayor inversión en su historia a la situación de los asentamientos para darle una vivienda digna a 70.000 uruguayos, duplicando la inversión previa y alcanzando los 489 millones de dólares”.

El 13 de mayo de 2022, el presidente Lacalle Pou presentó el Plan Avanzar, una iniciativa que implicaba la creación de un fideicomiso por 240 millones de dólares para la intervención de 15.000 “hogares”, en 120 de los 600 asentamientos del país.

Meses más tarde, en noviembre de 2022, una publicación de Presidencia anunció que el plan aspiraba a “cambiar la realidad de más de 15.000 hogares en 120 asentamientos” con una inversión de 480 millones de dólares. En ese entonces, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) contaba con proyectos finalizados o en curso en 40 asentamientos con intervenciones en más de 5.000 hogares.

Con los recursos adicionales de Avanzar, se retomarían los proyectos de intervención en 20 asentamientos, otros 5.000 hogares, y se generarían nuevas intervenciones en otros 60, totalizando los 15.000. De acuerdo al documento del Plan Nacional de Vivienda. El programa de gobierno de Delgado publicado en la web afirma que Avanzar busca “erradicar los asentamientos”. Sin embargo, una publicación del MVOT cifraba entre 600 y 650 los asentamientos del país.

Por otra parte, la cifra señalada por el spot no corresponde en su totalidad al Plan Avanzar, sino que solamente una mitad corresponde a ese fideicomiso aprobado por el Parlamento en 2021. Esto complementa a los créditos otorgados a otros programas previos, como el Plan Juntos y el Plan de Mejoramiento de Barrios, los cuales son ahora coordinados por la nueva Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Según un pedido de informes respondido al Parlamento el último 10 de abril, de momento fueron adjudicados a través de licitaciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo un total de 5.293.983.523 de pesos (unos 135 millones de dólares al cambio actual) que incluyen costos de consultoría, infraestructuras, regularización, entre otros, de los cuales solamente fueron ejecutados 346.353.604 pesos, en el entorno de un 7%. Del total, un 90% corresponde a intervenciones de viviendas (4.760.014.769 pesos) y que se llevan ejecutados 308.360.549 pesos, 6% del total.

Por otra parte, de acuerdo a la versión taquigráfica de la comparecencia de las autoridades del MVOT ante la Comisión Parlamentaria el 15 de mayo de este año, el ministro Raúl Lozano afirmó que al momento llevaban finalizadas las intervenciones de 21 asentamientos irregulares, 55 en obra, 26 licitados o en llamado, 19 en anteproyecto o en llamado.

Desde el MVOT señalaron que no está calculada la cantidad exacta de personas alcanzadas por el proyecto y que esa cifra es un estimativo. Además, de los más de 15.000 hogares intervenidos, solamente 5.200 corresponden a construcción de vivienda nueva, y el resto corresponden a intervenciones edilicias y de entorno de distintas características.

Saneamiento

“Empezamos a universalizar el saneamiento para llegar a 61 localidades del interior y llegar a 190.000 uruguayos que no lo tenían”, señala el spot. En junio de 2021 el directorio de OSE presentó una iniciativa privada presentada por el consorcio conformado por las empresas Ciemsa, Fast, Saceem y Teyma. La propuesta abarcaba a 124 localidades con población mayor a 2.000 personas y una inversión estimada en el entorno de 1.000 millones de dólares, con lo que se alcanzaría un 88% de la población del país.

Sin embargo, de acuerdo a un documento al que accedió la diaria Verifica el proyecto se redujo considerablemente y de los 560.000 habitantes contemplados inicialmente finalmente serán alcanzados solamente unos 145.000, lejos de la cifra que destaca la publicidad. Entre otras diferencias, las conexiones nuevas previstas pasaron de 246.973 a 57.172, menos de la cuarta parte original.

El programa de Delgado marca el costo de este proyecto en unos 350 millones de dólares, que coincide con el monto de inversión adjudicado, pero a esto deben sumarse unos 48 millones de dólares por operación y mantenimiento por dos años y el costo de las conexiones intradomiciliarias que rondaría un costo aproximado de 120 millones de dólares.

El proyecto fue adjudicado en la Licitación Pública 24.711 el 13 de mayo por resolución 508/24 del directorio de OSE al consorcio original. Implicará la creación de 812 kilómetros de tuberías más 44 nuevas plantas de tratamiento, 32 de ellas lagunas con tratamiento secundario y 12 plantas con tratamiento terciario, además de la mejora de 4 plantas existentes. Las obras no comenzarán hasta que se haya hecho la revisión por parte del Tribunal de Cuentas, así como la firma del contrato y el proyecto ejecutivo de las primeras 15 localidades a intervenir.

Un estudio sobre “El estado del sector agua, saneamiento y residuos sólidos en Uruguay” elaborado por el Banco Mundial y publicado en junio de 2020, estableció que se necesitaba entonces una inversión mínima de 1.582 millones de dólares para universalizar el acceso al saneamiento seguro y señalaba que un 38% de la población no contaba con sus hogares conectados a la red general de alcantarillado. Otro estudio de la Cinap de 2018 cifraba en 1.373.814 (37,1%) las personas que en Uruguay no tenían acceso a la red general de saneamiento.

Este proyecto logrará aumentar la cobertura de saneamiento por alcantarillado del país entre un 8% y 9% al finalizar las obras. Sin embargo, son pocas las localidades que aumentarán considerablemente su cobertura. Mientras que ciudades como La Paloma, Nueva Helvecia o Nueva Palmira pasarían de no contar con alcantarillado a tener una cobertura de casi el 60%, la mayoría de las ciudades en el plan no aumentarán más de 30% de su cobertura.

Proyecto Neptuno

“Con las prioridades claras llevamos a cabo el proyecto Arazatí para acceder a una fuente infinita de agua potable para el Área Metropolitana”, destaca la publicidad en otro de sus pasajes.

La planta potabilizadora prevista en Arazatí aportaría, en caso de estar funcionando en su máxima capacidad, a la red del Área Metropolitana unos 200.000 m3/día de agua potable, lo que representa un 30% del consumo diario de la población que abastecería en el entorno de 1.700.000 personas.

En conversación con la diaria Verifica el doctor en ciencias biológicas Luis Aubriot, señaló que “no es infinita el agua potable en ese lugar del Río de la Plata”, como afirma el spot, ya que se producen “eventos de salinidad alta que impedirían producirla”. Estos eventos ocurren ante un bajo caudal de los ríos Uruguay y Paraná, y que permiten el avance del frente salino del Océano Atlántico sobre la zona de Arazatí.

En similar línea opinó el director de OSE por el Frente Amplio, Diego Pastorín: “En caso de que la Planta de Aguas Corrientes saliera de servicio por cualquier circunstancia, como pudo ocurrir en la pasada inundación, sólo se podría abastecer (en la mejor hipótesis) con el Proyecto Neptuno, el 30% de la demanda de agua potable del sistema metropolitano”.

El proyecto prevé la construcción de una reserva de agua bruta que cubriría hasta un máximo de 71 días de demanda. En caso de que un evento de altos niveles de salinidad supere ese periodo, la planta tendría que detener su funcionamiento.

Primera infancia

La publicidad afirma que se ha dedicado -y se dedica- una “inversión histórica” para la primera infancia, en torno a los 50.000.000 de dólares anuales. Estos recursos fueron otorgados en la Rendición de Cuentas aprobada para 2022 (Ley 19.996), con el artículo N° 312, que designó 2.117.000.000 pesos a través del programa 404 de “Atención Integral a la Primera Infancia”, a distribuirse en distintos organismos.

Pero fue recién en la última Rendición de Cuentas, con entrada en vigencia el pasado 1° de enero, que se creó el grupo coordinación y seguimiento del “Programa Atención Integral a la Primera Infancia”, integrado con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los ministerios Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Salud Pública, así como ASSE, INAU y ANEP.

Allí se dispuso la reasignación de los créditos no ejecutados de la anterior rendición de cuentas y se distribuyeron los montos entre los distintos incisos. Al Mides se le destinaron 800 millones de pesos, al INAU unos 400 millones de pesos para los centros CAIF, y 110 millones de pesos fueron para ASSE. Además, 30 millones de pesos se distribuyeron al Fondo Especial para la Maternidad del MSP, 200 millones de pesos al Fondo Infancia, destinado a atender las situaciones de pobreza infantil, y 577 millones de pesos a “partidas asociadas a planes de acción específicos”.

Sin embargo, de momento el gobierno no ha presentado un plan articulado sobre qué hacer con los fondos. La economista Ida Oreggioni detalló en un artículo publicado en la diaria los diversos destinos que tuvieron los créditos asignados. En muchos organismos derivaron en destinos alejados de los temas de primera infancia y con escasa ejecución de las partidas, por lo que de momento no se ha completado ningún año con inversión total de los 50 millones de dólares como afirma la publicidad.

País confiable entre los poco confiables

“Las calificadoras nos ubicaron entre los países más confiables”, señala el spot como uno de los logros destacados, pero que sin embargo es cuestionable cuando se compara a Uruguay en el ranking global.

En marzo de este año, la calificadora de riesgo Moody´s realizó, a pedido del gobierno, un revalúo de la nota de riesgo otorgada por esa agencia y que derivó en que se aumentara a la calificación “Baa1”, dos escalones por encima del grado inversor y récord histórico para nuestro país. Esto se sumó al aumento del año pasado por parte de la agencia Standard & Poor´s que elevó la calificación a BBB+ con “perspectiva estable” y de Fitch a BBB, un escalón por encima del mínimo aceptable.

Sin embargo, esto no implica estar entre los países “más confiables”, como se afirma desde el gobierno, ya que existen al menos 50 países con mayor calificación crediticia que Uruguay en el ranking referenciado, y que aún no accedió a niveles de “bajo riesgo”, permaneciendo actualmente en niveles de riesgo “moderado”.

Por otra parte, si se toma en cuenta el spread soberano, conocido como “riesgo país” (que mide el peligro de incumplimiento de pago de compromisos internacionales) Uruguay sí se posiciona en lugares destacados, especialmente si se hace foco en la región. El Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), elaborado por JP Morgan, sitúa al país en el primer lugar entre los 17 países latinoamericanos analizados, y en los últimos meses ha fluctuado entre apenas 60 y 100 puntos básicos.