El salario de los funcionarios políticos suele ser tema de debate bajo cuestionamientos por considerarse demasiado excesivo. Uruguay se ubica en los primeros lugares de la región en lo que respecta a los salarios para los cargos electivos, donde los sueldos de parlamentarios, ministros, intendente y presidente superan al promedio de países vecinos.

La semana pasada se discutió en redes sociales el sueldo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, a partir de una publicación del sitio web La Derecha Diario (LDD). El texto señala que la vicepresidenta percibe un sueldo de 1.061.003 pesos, y afirma que “mientras hay trabajadores que no llegan a fin de mes, y jubilados que trabajaron toda una vida y apenas subsisten, la vicepresidente de un gobierno que se autopercibe popular gana una fortuna gracias al esfuerzo de los contribuyentes”.

El cálculo surge de la propia escala salarial disponible en el sitio web del Parlamento, en el que puede consultarse el salario base y las distintas partidas por diversos rubros que pueden percibir los legisladores. Para el caso de la vicepresidencia, el sueldo base es de $ 545.162, al que deben adicionarse $ 218.462 por concepto de “gastos de representación”. Esto arroja un total mensual de $ 763.624 nominales.

La declaración jurada presentada por Cosse ante la Junta de Transparencia señala que el ingreso líquido, es decir, el sueldo bruto menos cargas legales, por el concepto salario parlamentario es de $ 486.864. Esto coincide con el salario nominal adjudicado por la ley, ya que de acuerdo a la normativa vigente un salario de esa envergadura debe abonar por concepto de IRPF en el entorno de $ 208.000 y otros $ 70.000 por cargas sociales.

Por otra parte, el artículo de LDD contempla como ingreso las partidas asignadas para el pago de secretarios, así como el de secretarios para sectores de cuatro o más integrantes, lo que sumarían otros $ 235.893 y $ 56.849, respectivamente. A esto deben adicionarse $ 4.627 por “servicio de telefonía celular”, pero está definida como “partida en especie”. No obstante, estas partidas suelen ser cedidas a los partidos así como a los sectores, en cuyo caso pasan a estar exoneradas del pago correspondiente de IRPF. De hecho, este fue el método de ingreso principal informado por el Frente Amplio en la última declaración jurada de ingresos y gastos ante la Corte Electoral, por el que ese partido percibió $ 42.800.000 de los $ 54.100.000 de aportes totales.

Fijación de los salarios parlamentarios

El artículo 154 de la Constitución establece que “las dotaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección sin que puedan ser alteradas mientras duren en el desempeño del cargo”. Por tal motivo, la evolución de los salarios percibidos por los máximos jerarcas de gobierno son los establecidos durante la legislatura pasada. Sin embargo, estos salarios fueron fijados por el Decreto-ley 15.698 de diciembre de 1984, que a su vez fue modificado por el artículo 1° de la Ley 16.100 de noviembre de 1989, que determinó un aumento del 20%.

Durante la crisis de 2002, el cuerpo legislativo estableció modificaciones al criterio utilizado hasta entonces, que pasó de estar fijado por inflación a regirse por el índice medio de salarios, período en el que sufrió retrocesos en términos reales. Asimismo, se creó un impuesto transitorio destinado al Iname (actual INAU) para absorber el aumento dispuesto. No obstante, el régimen anterior fue restablecido en 2004 por los legisladores que asumieron en febrero de 2005. A partir de entonces, la retribución sigue ajustes por inflación y los aumentos previstos para el funcionariado público en general.

Por ejemplo, el salario percibido por la exvicepresidenta Beatriz Argimón durante 2024, último año completo de su gestión, fue de $ 720.400. En enero de este año el Poder Ejecutivo, aún a cargo del expresidente Luis Lacalle Pou, definió un aumento de 6% para la administración central, lo que arrojó el salario percibido por la actual vicepresidenta.