En las últimas horas, y tras el anuncio de que la 78ª asamblea anual de la Organzación Mundial de la Salud (OMS) había aprobado un tratado sobre pandemias, circularon mensajes en redes sociales que alertaban sobre supuestas medidas restrictivas y cuarentenas, pero estos son falsos.

A través del BOT de la diaria Verifica, distintos lectores consultaron por un video que se viralizó en el que un influencer argentino celebraba que el gobierno de Javier Milei había salvado a Argentina de futuras cuarentenas gracias a que se había retirado del organismo internacional.

Si bien el gobierno argentino anunció que saldría de la OMS a inicios de febrero de 2025, aún figura en el organismo, y su silla, llamativamente vacía en la asamblea, fue objeto de cuestionamientos políticos en el país vecino.

Más allá de las discusiones en torno a la pertinencia de pertenecer o no al organismo, en las 36 páginas del acuerdo no se establecen medidas de cuarentena.

Además, otro de los cuestionamientos señalaba que los países perderían soberanía, pero los acuerdos (y este explícitamente lo señala) no suponen medidas vinculantes. Los estados miembros siguen siendo quienes, soberanamente, definen su política sanitaria.

Así lo aclara el documento y la comunicacion de la OMS.

Una de las primeras fuentes que cuestionaron el tratado y celebraron que el gobierno argentino no lo firmara fue el medio del experiodista español Javier Negre, la derecha diario, que hace pocos días celebró una reunión en un templo para aglutinar al sector libertario y de derecha local en Uruguay.

El acuerdo, que fue votado, entrará en vigencia en al menos 30 días y requiere que 60 estados miembros envíen su adhesión. “Este acuerdo mundial garantizará que los países trabajen juntos mejor, más rápido y de forma más equitativa para prevenir y responder a la próxima amenaza pandémica”, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y señaló el éxito diplomático que supone su alcance.

En la práctica, el acuerdo intenta coordinar respuestas sanitarias conjuntas y equitativas y propone transferencia de recursos y tecnologías a zonas desfavorecidas, aunque no impone sanciones ni obliga a los estados miembros.