Esta semana el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, alertó sobre el aumento en los casos de abigeato, fenómeno que, según el jerarca, “nunca paró”. Asimismo, planteó que la seguridad rural “vuelva a manos de la Policía”.
“Una cosa es que no se denuncie y que no aparezca; no es un hecho nuevo”, afirmó el ministro, y recordó que en el gobierno anterior la directora de Seguridad Rural era una funcionaria del MGAP.
“Nosotros no estamos de acuerdo. La Policía está de acuerdo con nosotros, no las altas jerarquías, pero nos han dicho los mandos medios que están dispuestos a asumir ellos y que el MGAP sea apoyo, pero no la cabeza de la seguridad”, explicó el ministro.
Fratti hizo estas declaraciones luego de que la Federación Rural (FR), entidad de la que el ministro fue dirigente en el pasado, emitiera un comunicado alertando por el aumento de casos de abigeato. En el mensaje, la FR exigió “medidas concretas” ante el aumento del delito y de los ataques de jaurías de perros a ovinos, y manifestó su intranquilidad ante “la lentitud” de la convocatoria de las comisiones de Seguridad Rural departamentales.
¿Quién controla el delito rural?
Las afirmaciones de Fratti pueden llevar a confusión, ya que en la actualidad es la Dirección Nacional de Seguridad Rural, a cargo del Ministerio del Interior (MI), la que ejecuta la estrategia de prevención y represión del delito en el ámbito rural. Esta dependencia fue creada en 2020 por el artículo 55 de la ley de urgente consideración (19.889). La base se encuentra en el departamento de Florida, desde donde se coordinan las acciones en todo el territorio.
Si bien hubo cuestionamientos a la evolución de las estadísticas oficiales, especialmente por el supuesto de que las cifras de denuncias no reflejan la totalidad del fenómeno, así como acusaciones de manipulación de su registro, los números de abigeato se han reducido de forma considerable desde 2021.
Los casos atravesaron un aumento constante desde 2013 hasta 2020, período en el que las denuncias se duplicaron al pasar de 1.059 a 2.206. En 2021 se redujeron a 1.349 –casi 40% menos–, tendencia que se mantuvo hasta el cierre de 2024, año en el que se denunciaron 858 casos. Sin embargo, durante el primer semestre de 2025 se registraron 423 denuncias, un aumento de 8,7% respecto de igual período del año anterior, y los principales incrementos se produjeron entre febrero y abril.
La dependencia a la que hacía referencia Fratti es la Comisión Honoraria de Seguridad Rural, un órgano compuesto por integrantes del MI, el MGAP, la FR, la Asociación Rural de Uruguay, las intendencias departamentales, el Poder Judicial, las cooperativas agrarias y las comisiones de Fomento Rural. En el pasado, esta comisión honoraria estaba encabezada por el MI, pero luego de promulgada la LUC pasó a ser dirigida por el MGAP. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou su titularidad recayó en Fernanda Maldonado, entonces directora general de Secretaría del MGAP. Sin embargo, no hubo grandes cambios en sus potestades ni en su funcionamiento.
Fuentes del MI dijeron a la diaria que en materia de delitos la jurisdicción es exclusiva de esa cartera y, por ende, también lo son la prevención y represión del abigeato, mientras que el MGAP se encarga del control y la regulación en temas relacionados con la producción y el transporte, entre otros, aunque ambas carteras trabajan de forma “coordinada y conjunta”. Asimismo, confirmaron lo dicho por Fratti respecto de que se están impulsando conversaciones para que la Comisión Honoraria vuelva a estar presidida por la Policía.