La semana pasada, el Poder Ejecutivo envió el Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional al Parlamento y se espera que sea uno de los presupuestos con incrementos más austeros de los últimos gobiernos. El equipo económico mencionó la situación fiscal como uno de los factores decisivos a la hora de definir las medidas dispuestas en el articulado, como las escasas partidas incrementales y el aumento o la creación de impuestos.

¿Qué es la Ley de Presupuesto?

El artículo 214 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe enviar, con ayuda de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el articulado que regirá las cuentas públicas y cuánto se destinará a cada área del Estado por los cinco años que durará su mandato. Debe hacerlo dentro de los primeros seis meses desde su llegada al poder y es la definición fiscal y donde se traduce en gastos y programas la propuesta de gobierno.

El texto que envió el gobierno en esta ocasión, compuesto por 714 artículos, refiere a los más diversos temas, no solamente presupuestales. Se esperan negociaciones entre las bancadas para la aprobación particular de cada artículo.

Los distintos pasos legislativos suponen decisiones y modificaciones, pero no pueden aumentar el monto total presupuestado por el proyecto original. Además, cada año, dentro de los seis meses desde el cierre del ejercicio anual, deberá enviar al Parlamento la Rendición de Cuentas, en la que se hace el balance de lo presupuestado y se puede proponer ajustes al presupuesto presentado durante el primer año de gobierno.

¿Cómo se aprueba?

Para su aprobación el oficialismo necesita el apoyo de ambas cámaras. Como no tiene mayoría en Diputados, serán necesarias negociaciones complejas para alcanzar los dos votos que le faltan.

La Constitución de la República establece en su artículo 217 un plazo de 45 días para cada cámara a partir de recibido el texto para su tratamiento y aprobación. Esa cuenta regresiva comenzó el martes 2 de setiembre, cuando a la Cámara de Diputados ingresó formalmente el proyecto.

Asimismo, en caso de que el proyecto aprobado por una de las cámaras fuera modificado por la otra, la cámara original deberá pronunciarse sobre las modificaciones dentro de los 15 días siguientes, según establece el artículo 218 de la Constitución. De no pronunciarse o rechazar las modificaciones, el proyecto deberá pasar a la Asamblea General, que tendrá otros 15 días para definir. Si en esta instancia aún no se llega a una decisión afirmativa, será rechazado.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Si se llega a esta situación, de la que no hay antecedente, no podrá presentarse un nuevo presupuesto y el gobierno deberá transcurrir con los créditos otorgados por la Ley de Presupuesto aprobada en 2020. Además, en caso de aprobarse por la Asamblea General y que el Ejecutivo esté en contra, este podría vetar el texto, que volvería a la Asamblea General para que dispusiera o no el levantamiento del veto.

¿Qué se espera?

En conversación con la diaria Verifica, el politólogo Daniel Buquet recordó que diversas figuras de la oposición ya han anticipado la “predisposición” a aprobar el presupuesto en general y opinó que “no hay posibilidades de que [el gobierno] se quede sin presupuesto”. “El problema es qué artículos o aspectos van a quedar dentro del presupuesto y cómo va a hacer el Frente Amplio para lograr en cada artículo la mayoría que se necesita en Diputados”, señaló.

El analista señaló que de los más de 700 artículos, la gran mayoría “son burocráticos y no generan controversias”. “Esas cosas pueden no aprobarse, no hacen a las perspectivas de éxito o fracaso del gobierno en su gestión”, afirmó.

Opinó que el presupuesto tiene algunas características que lo hacen “muy votable en lo particular”, por ejemplo, que incluye poco incremento de gastos. “Para una oposición de derecha convencional, en general, una de sus principales reivindicaciones es la disciplina fiscal. Si vos estás haciendo un presupuesto prudente en materia fiscal, la derecha no puede cuestionarte en ese sentido”, afirmó Buquet. Y añadió: “El incremento es poco y está muy concentrado en algunas áreas en las que la oposición ya manifestó su coincidencia en las cuestiones de infancia, primera infancia, seguridad, salud mental, por ejemplo”.

Por otra parte, Buquet advirtió que “el presupuesto no va a salir igual que como entró”, ya que entran en juego las negociaciones para obtener los dos votos faltantes, que ubica las miradas en los partidos minoritarios como Identidad Soberana y especialmente de Cabildo Abierto, que ya mostró señales de diálogo con el oficialismo.

En el marco de las negociaciones, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 20 días a partir del ingreso del proyecto a cada cámara para el envío de un mensaje complementario o sustituto para enmendar el texto enviado originalmente a discusión.

Buquet recordó las dificultades que se esperan para aprobar aumentos o implementación de impuestos, ya que la oposición “es ideológicamente contraria” y “embretó al Frente Amplio en el debate”. “Ahí es donde se precisa que alguien se sacrifique”, explicó, y aventuró que quien puede tener la llave para la mayoría son los legisladores cabildantes, a cambio de la inclusión de sus solicitudes.

No obstante, el politólogo augura un “escenario de mucha negociación”, en la que los votos faltantes puedan venir de los partidos tradicionales, como de diputados del interior que “responden a intendentes” y que, a su vez, tiene “buena relación” con el presidente. “Algunos de los artículos que el gobierno quiere aprobar se quedarán por el camino, porque no le encontrarán la solución y no va a pagar todo lo que se precisa para que lo voten”, advirtió.