El pasado 28 de agosto, los maestros de todas las escuelas del país se congregaron en las Asambleas Técnico Docente (ATD), realizadas en todas las escuelas del país como espacio de discusión de diversos temas relacionados con la educación, pero un detalle llamó la atención de la opinión pública y despertó la polémica. La discusión la impulsó el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez, que publicó en su cuenta de X una serie de capturas de un formulario con consultas realizadas entre docentes de un centro de enseñanza: entre ellas, algunas se referían a los actos escolares protocolares. De acuerdo al legislador, la información le llegó por parte de un grupo de maestros que expresaron “su indignación” ante la consideración de la propuesta.
Esto derivó en reacciones de otros actores del ámbito político, como Graciela Bianchi, quien anunció que el Partido Nacional citará al Parlamento a las autoridades del Codicen, por considerar que las iniciativas son “ataques a la base de la nacionalidad”, según dijo en conferencia de prensa. Sobre esto, tanto las autoridades del Codicen como de Primaria se deslindaron de la consulta, por entender que es de la órbita exclusiva de la ATD. La pregunta puso a consideración “la eliminación de la obligatoriedad de los actos patrios, así como el porte de banderas, la promesa y la entonación de la Marcha a mi Bandera”, ya que, según consideraba, se impone “institucionalmente algo que a quienes está dirigido no pueden entender; es un claro ejercicio de violencia institucional”.
En conversación con la diaria Verifica, Cecilia Notari, presidenta de las ATD, explicó que la consulta realizada en las escuelas surgió de lo discutido en la trigésimo cuarta Asamblea Nacional Ordinaria de las ATD, realizada entre el 4 y el 8 de agosto pasado, en la que se trabajaron diversos temas, como presupuesto, educación sexual integral, rol y bienestar docente, programas educativos, normativas, entre otros. Uno de los tópicos fue el de “violencia estructural” y su impacto en la escuela, en el que se incluyó la consulta respecto a la obligatoriedad de los actos patrios.
“En base a esas resoluciones, se armó una consulta a las escuelas, que tiene 31 temáticas distintas; algunas tienen que ver con estos pilares centrales que están en los documentos, y otras tienen que ver con consultas que la Asamblea Nacional consideraba necesario hacerles a los colectivos docentes a la ATD por escuela”, explicó Notari.
Asimismo, la docente enfatizó que la consulta “no busca eliminar los actos escolares”, sino que habla de eliminar la “obligatoriedad” y “las reglas protocolares que rigen a esos espacios” y que la propuesta se realizó bajo “el entendido de que el desarrollo cognitivo de los estudiantes no les permite llegar a la abstracción pertinente para entender qué es lo que están haciendo”. Y agregó: “Por eso nosotros lo asociamos con la violencia institucional ejercida a través de ellos, pero nadie está hablando de sacar los actos escolares. Se está hablando de eliminar la obligatoriedad y con ello el protocolo que va con esa obligatoriedad”.
Además, recordó que no es la primera vez que se discuten estos temas, ya que desde 2022 las asambleas cuentan con comisiones de trabajo que se basaron en el cuerpo en la escuela y rituales escolares. “No solamente está relacionada con los actos patrios. Hablamos de la violencia de género o de cómo permanecen los estereotipos de género a través de las prácticas escolares. Es algo que ya la ATD viene trabajando hace muchos años y es esta cuestión de pensar las instituciones hacia adentro y ver cuáles prácticas tienen que ver como con una reproducción que violenta al desarrollo integral de nuestras infancias”, explicó.
Por otra parte, señaló que la polémica se dio por desconocimiento de cómo funcionan las ATD. “La Asamblea Nacional pone arriba de la mesa un montón de cuestiones y debates que pregunta a las asambleas por escuela”, dijo, y explicó que luego las asambleas departamentales se encargan de sintetizar la información, para finalmente ser unificada por la Mesa Permanente, conformada por siete integrantes en total. Este órgano elaborará un documento que será recién discutido en la Asamblea Nacional de 2026.
“Nosotros como mesa permanente tenemos el deber de replicar en cada instancia, sea esta o cualquier comisión de trabajo a la cual el Codicen nos cite, y le preguntamos a los colectivos docentes qué piensan al respecto. No somos los 192 delegados nacionales que vamos a la Asamblea Nacional los que decidimos qué cosas se van a resolver. Todo lo que nosotros decimos en la Asamblea Nacional está basado en lo que los 18.000 docentes aportan y se expresan al respecto de cada temática”, sentenció Notari.
“Esto no es resolución ni tampoco lo será hasta el año que viene, llegado el caso”, relató, y señaló que, en caso de que la mayoría de los docentes del país hayan descartado la consulta, la propuesta finalmente desaparece. En caso afirmativo, la Asamblea Nacional a realizarse a mediados de 2026 deberá resolver en base a lo dispuesto por el cuerpo docente de todo el país.