Es cierto que hoy en día parece haber una palabra en inglés para absolutamente todo, pero hay que reconocer que, a veces, ponerle nombre a algunas conductas sirve para instalarlas en el debate público, analizar qué esconden detrás e identificarlas por si alguna vez se presentan de cerca. Es el caso del término stealthing –“sigilosamente”, en español–, que refiere a la práctica que ejercen los varones cuando se sacan el preservativo sin avisar durante un encuentro sexual en el que todas las personas involucradas habían acordado su uso. Tiene otras modalidades, como romper el preservativo antes o durante el encuentro o directamente fingir que lo están utilizando.

Si bien no es una palabra muy popular, describe una situación que suele pasar más seguido de lo que imaginamos: es muy probable que conozcamos a alguna amiga, familiar, compañera o conocida que lo haya experimentado. Pero es una práctica invisibilizada y muchas veces minimizada, pese a los riesgos que conlleva y a las consecuencias que puede tener en la salud física y emocional de las mujeres.

El stealthing es además una forma de violencia sexual, entre otras cosas porque constituye un ataque a la libertad sexual, según puntualizaron especialistas consultadas por la diaria.

La Ley 19.580 de violencia basada en género define la violencia sexual como “toda acción que implique la vulneración del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva”. Si una mujer acuerda tener relaciones sexuales con preservativo y, durante el acto, la otra persona se lo quita sin decir nada, está rompiendo con el consentimiento y vulnerando su derecho a decidir sobre su vida sexual e incluso reproductiva, en caso de que esa conducta derive en un embarazo no deseado.

Las entrevistadas coincidieron en que el concepto de consentimiento aparece como central a la hora de explicar por qué el stealthing es una forma de violencia sexual. La educadora sexual Eleni Kolukizian –creadora de “Empoderarsex”, un espacio donde difunde contenido sobre sexualidad con perspectiva de género– aseguró que, para que haya consentimiento, hay que chequear cinco puntos: que “esté dado libremente, que pueda ser reversible, que sea informado, que sea entusiasta y que sea específico”. Desde este punto de vista, cuando un varón se saca el preservativo en secreto, “el consentimiento que se había dado no se dio tan libremente, porque hubo una manipulación, un engaño”. Tampoco se cumple la característica de lo específico, en tanto “yo había dicho que sí a mantener relaciones sexuales con preservativo y eso se violó”.

Por otro lado, que sea informado implica el acuerdo sobre qué método anticonceptivo se va a utilizar, entonces, “si ya habíamos pactado previamente tener relaciones sexuales y habíamos dado consentimiento a tenerlas con preservativo, si lo retiramos o hay un engaño, ahí se viola el consentimiento dado”, especificó Kolukizian.

Ella y otras expertas entrevistadas por la diaria analizaron qué lógicas aparecen detrás del stealthing y profundizaron en cuáles son las consecuencias que tiene en la salud de las mujeres. También recordaron que en otros países esta práctica es considerada un delito sexual y revisaron qué aporta la normativa uruguaya al respecto.

Los impactos

El contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) y un embarazo no deseado son las principales consecuencias que puede acarrear esta práctica. Sin embargo, también puede generar diversos impactos a nivel de la salud mental. “Cuando se practica stealthing, se está negando mi derecho al consentimiento explícito, reversible, informado y eso supone un montón de consecuencias a nivel psicoemocional”, explicó en ese sentido a la diaria la psicóloga feminista especializada en violencia sexual Victoria Marichal.

La especialista dijo que si bien muchas mujeres se percatan de lo que sucedió un tiempo después del encuentro sexual –sobre todo si contrajeron una ITS o hubo un embarazo no deseado–, “lo más frecuente” es que se den cuenta de que la otra persona no utilizó preservativo “una vez que culmina el acto sexual”, y “ahí hay una sensación de que mi palabra no vale, de que ni mi consentimiento ni mi deseo fueron tomados en cuenta, y de que se me puso en riesgo sin siquiera tener aviso”. A estas “ansiedades” se suman los impactos que llegan cuando se logra asumir el hecho de haber sido víctima de violencia sexual, señaló la psicóloga.

También pueden surgir sentimientos de culpa –por no haberse dado cuenta de la situación en el momento– o de vergüenza –especialmente cuando, ante el reclamo, se banaliza el engaño asegurando que la mujer es “exagerada” o “está loca”–.

Otras consecuencias que mencionó Marichal son “la pérdida de confianza y de tranquilidad a la hora de tener encuentros sexuales”, así como que “se empiece a generar una sensación de hiperalerta a la hora de vincularse sexualmente porque siento que tengo que estar cuidándome de eso”.

En este escenario, la profesional insistió en la importancia de los métodos anticonceptivos de barrera no sólo para prevenir ITS y embarazos no deseados, sino también para reivindicar el derecho de las mujeres al placer. Y destacó una consigna de los feminismos que apunta a eso: “Cuidarme me calienta”. “Para disfrutar de un encuentro sexual, tengo que estar segura y tranquila de que eso no va a tener consecuencias negativas en mi vida, si no ¿de qué manera voy a poder disfrutar? El uso de preservativo me da todas esas garantías”, planteó.

“Que la decisión de usar preservativo o no esté en manos de quienes históricamente han tenido el poder en la sociedad, claramente nos pone en una situación de desigualdad en cuanto a los métodos de cuidado”, agregó la psicóloga, y resaltó que por eso es tan importante saber que existen otros métodos anticonceptivos como, por ejemplo, el preservativo femenino, que incluso se puede colocar varias horas antes del encuentro sexual para evitar tener que hacerlo (o negociarlo) en el momento.

Porque pueden

Para Marichal, “como siempre que hablamos de violencia sexual”, este comportamiento “no tiene que ver con el deseo, ni con lo erótico, ni con el placer, sino con el uso y abuso de poder”. En ese sentido, dijo que, para quienes lo ejercen, “se trata de sentirme en poder de romper el límite que se me puso con esta persona con la que estoy teniendo un encuentro sexual y la impunidad de ser consciente de que eso, muchas veces, no tiene consecuencias” para ellos.

En la misma línea, Kolukizian consideró que “esto no lo podemos separar del modelo social o el orden político en el que vivimos, que tiene que ver con relaciones de poder basadas en el género, que implican obligaciones y derechos diferentes que están legitimados y esto constituye la forma que varones y mujeres aprendimos a relacionarnos, en donde el consentimiento no era un factor que importara tanto”.

La educadora sexual dijo que “los varones aprendieron que su forma de identidad masculina estaba en ser viriles, imponerse, dominar y controlar”, y el stealthing “está alineado a este modelo con el que crecieron”. Por eso, destacó la importancia de trabajar estos temas cuando se enseña educación sexual integral a las infancias y adolescencias: “Si aprendimos un modelo, podemos reaprender otro”.

La mirada jurídica

A mediados de 2021, uno de los tiktokers con más seguidores en España, Naim Darrechi, dijo en una entrevista que engañaba a sus parejas sexuales para no usar el preservativo porque “le costaba mucho” utilizarlo. Entre otras cosas, contó que para que las mujeres accedieran a mantener relaciones sexuales sin protección les decía que era estéril. “Nunca lo utilizo. Un día pensé: ‘es extraño que no hayas dejado nunca embarazada a ninguna chica durante todos estos años’. Entonces decidí empezar a acabar dentro. Nunca ha pasado nada, por lo que empiezo a pensar que tengo un problema”, llegó a decir entre risas el joven, que en ese momento era seguido por cerca de 26 millones de personas en sus redes sociales.

Las declaraciones de Darrechi generaron indignación y contribuyeron a poner el concepto de stealthing en el centro de la agenda pública. El episodio fue incluso repudiado por la ministra de Igualdad española, Irene Montero, que recordó en su cuenta de Twitter que “quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual” y aseguró que la ley conocida como “sólo sí es sí” –que en ese entonces todavía no había sido aprobada– lo reconocería como agresión sexual.

Hoy en día, España es uno de los pocos países en los que el stealthing es considerado un delito sexual. Incluso antes de la ley de “sólo sí es sí”, hubo casos que se juzgaron en base al artículo del Código Penal sobre abuso sexual, que definía penas de entre uno y tres años de cárcel para quien “sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona”. El caso que sentó el precedente tuvo lugar en 2019, cuando un juzgado de Salamanca condenó por abuso sexual a un hombre que fue denunciado por realizar esta práctica.

Otros países como Alemania y Canadá tienen sentencias judiciales que van en este sentido. El Tribunal Superior de Apelaciones de Berlín dictaminó por primera vez en 2020 que quitarse el preservativo sin consentimiento durante un encuentro sexual configuraba un delito de agresión sexual, a raíz de un caso de 2018 en el que fue condenado un policía. En tanto, la Corte Suprema de Canadá sentó su precedente en julio del año pasado, cuando aseguró que un juzgado de primera instancia cometió un “error” al desestimar un cargo de agresión sexual contra un hombre acusado de stealthing y pidió un nuevo juicio.

En Uruguay no hay normativa específica ni jurisprudencia vinculada, pero estos casos podrían estar contemplados en el artículo del Código Penal sobre abuso sexual especialmente agravado, que lo define como cuando “se invade cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor, a través de la penetración por insignificante que fuera, vía anal o vaginal, con un órgano sexual, otra parte del cuerpo o un objeto, así como la penetración vía oral con un órgano sexual”. La penetración sin preservativo, cuando antes se acordó su uso, podría interpretarse como “invasión”.

“Analizando e interpretando a la luz de los convenios internacionales y con perspectiva de género, efectivamente esa situación hay que considerarla un abuso sexual”, señaló a la diaria la abogada especializada en género y derechos humanos Ivana Manzolido, que asesora a víctimas de violencia de género e integra la Red de Abogadas Feministas.

Manzolido dijo que no tiene conocimiento de casos que hayan llegado a la Justicia penal en Uruguay e insistió en las dificultades que pueden surgir al denunciar este tipo de situaciones. “La penalización implica, entre otras cosas, una carga probatoria que en otros procesos no los tenemos y que hay que tener en cuenta también a la hora de analizar este tipo de casos”, apuntó.

La abogada aseguró que la principal dificultad está en lo probatorio porque “a todo lo que ya implica de por sí denunciar una situación de abuso sexual, que atenta contra la libertad sexual, y a todo lo que implica estar –en la gran mayoría de los casos– sin testigos y sin otras pruebas, acá le sumás que este vicio de consentimiento, a diferencia de otros, es muy difícil de probar”. Además, dijo que, a diferencia de España, que “ya analiza el consentimiento desde el punto de vista jurídico”, en Uruguay “el consentimiento todavía es un tema que queda perdido”.

Manzolido afirmó que “cada situación es diferente y hay veces que hay posibilidad de probar” los hechos, como cuando existe una situación “donde hay otros factores, además de esa práctica, que ponen en riesgo a la mujer”, o en los casos en los que la acción provocó el contagio de una ITS o un embarazo no deseado. De lo contrario, “es complejo alentar a la denuncia, no porque no sea una situación de violencia, sino porque hay que tener claras las expectativas” y porque “hoy la Justicia está bastante lejos de reparar, entonces en la mayoría de los casos el proceso judicial es muy revictimizante y mucho más a la hora de denunciar delitos sexuales”. Las barreras aparecen incluso antes, sugirió la abogada, porque “no creo que hoy en día, por ejemplo, una seccional policial esté preparada para recibir ese tipo de denuncias”.