La llegada al poder de Jair Bolsonaro complicó aun más la larga lucha que las comunidades indígenas mantienen en Brasil por la reivindicación de sus derechos y la recuperación de sus territorios. El fotógrafo uruguayo Pablo Albarenga ha acompañado a los movimientos indígenas en diversos frentes: visitó varias veces a los guaraníes-kaiowás en Mato Grosso del Sur (en octubre de 2017 publicamos “La retomada”, uno de sus fotorreportajes desde allí), estuvo en las demarcaciones retomadas (ocupaciones de territorios ancestrales), registró sus marchas en Brasilia y en 2018 siguió la campaña de Sônia Guajajara, la primera indígena en candidatearse a la vicepresidencia de ese país.
Guerreros de la ocupación de Guapoy bailan y rezan juntos. Cuando el nivel de conflictos es elevado, los indígenas cubren sus caras con máscaras y pinturas para ocultar su identidad y evitar así ser amenazados cuando se encuentran transitando solos por el territorio. La ocupación de Guapoy es una de las tantas que se encuentran amenazadas de desalojo. La oración es la principal arma de los guaraníes-kaiowás. Caarapó, Mato Grosso del Sur.
Los grupos ruralistas, que brindaron gran parte de su apoyo a la campaña electoral del presidente Jair Bolsonaro, se oponen fuertemente a la política que, con obstáculos de diversa índole, se venía emprendiendo desde la Fundación Nacional del Indio (Funai), dedicada a proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Creada en 1967 para sustituir al Servicio de Protección al Indio, que se había alejado considerablemente de sus objetivos, la reorganización institucional que emprendió Bolsonaro apenas asumió, el 1º de enero de 2019, implica que la Funai pase a depender del Ministerio de la Mujer y la Familia, algo que está a consideración del Senado. Pero sobre todo, la despojó de una de sus principales funciones: la de establecer qué terrenos deben ser devueltos a los pueblos indígenas, y le otorgó esa misión al Ministerio de Agricultura, que encabeza la ruralista Tereza Cristina.
Miembros de la tierra ocupada Tey’i Jusu preparan la tierra para la siembra de mandioca, en Caarapó.
Aunque los derechos de los pueblos indígenas están consagrados por ley, los movimientos en su contra también tienen una herramienta legal. Ocurre que recién en la Constitución de 1988 los indígenas pasaron a ser considerados sujetos de derecho para la normativa brasileña. Entre las directivas de la Funai, se establece que la institución debe “dar garantía al derecho originario, a la inalienabilidad y la indisponibilidad de las tierras que tradicionalmente ocupan y al usufructo exclusivo en las riquezas en ellas existentes”. Para evitar ceder terrenos, los ruralistas buscan comprobar si en 1988 —cuando pasaron a ser sujetos de derecho— los indígenas todavía ocupaban las tierras que ahora reclaman. La llamada “tesis del marco temporal” cuenta con gran difusión del lobby de los agronegocios, porque tiene el potencial de detener o revertir 80% de los procesos de recuperación de terrenos, ya que la mayoría de los indígenas fueron expulsados de sus tierras antes de 1988.
Doña Leandra y su hija recogen agua en la única naciente disponible en su territorio. A pesar de que el agua se encuentra contaminada por agrotóxicos, la utilizan para beber, cocinar y bañarse. Retomada de Tey’i Jesu, Caarapó.
Hasta entonces, el proceso de demarcación se basaba en trabajos de investigación académica que determinaban qué territorios habían sido ocupados por qué etnias. El proceso puede durar hasta diez años, porque consta de una serie de procedimientos burocráticos. Primero se realizan relevamientos antropológicos, históricos, cartográficos y ambientales para delimitar el terreno indígena. Luego se publica el estudio en el Diário Oficial da União, al tiempo que se analiza mediante el Ministerio de Justicia, que eventualmente expedirá una Declaración de Posesión Tradicional Indígena. Si la resolución es favorable, los terrenos son demarcados. Tras eso, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria releva las mejoras realizadas por los ex propietarios, para otorgarles una indemnización. Luego la Presidencia de la República debe homologar la demarcación, y se desaloja a los ocupantes no indígenas de los territorios. Tras eso llega el registro de las tierras indígenas a la Secretaría de Patrimonio de la Funai.
El nieto de Damiana, la cacique del campamento Apy Ka’y, quienes acampan hace 15 años entre el alambrado y la ruta, frente a sus tierras ancestrales, cercadas con alambre de púa y protegidas por guardias de seguridad las 24 horas, en Dourados.
La “tesis del marco temporal” cuestiona el proceso desde el inicio: los ruralistas afirman que los antropólogos mienten y que las ONG que dan apoyo a los indígenas son “comunistas”. No es que los reclamos territoriales hayan estado teniendo mucho éxito: durante la presidencia de Michel Temer (2016-2018) no hubo ninguna homologación de territorios, y durante la de Dilma Rousseff (2014-2016) hubo un promedio de cinco homologaciones anuales. Según el Consejo Indigenista Misionero, de las 1.306 tierras reivindicadas por los pueblos indígenas en Brasil 847 tienen demorado su proceso demarcatorio; de estas, en 547 casos el Estado no adoptó ninguna medida para comenzar el proceso.
La ocupación de Guapoy es una de las tantas retomadas amenazadas de desalojo. En los últimos tres intentos de expulsarlos por parte de la Policía Militar, los indígenas permanecieron de pie y las operaciones fueron canceladas en el último minuto por el Ministerio Público Federal.
La vía legal es sólo una de las herramientas con las que se intenta denegar los reclamos indígenas. La violencia física es también usual. Según el Consejo Indigenista Misionero, en 2017 hubo 96 casos de invasión y agresión al patrimonio indígena y 110 de asesinatos a indígenas, muchos de ellos ocurridos en áreas en las que hay conflictos por la posesión de territorios.
Plantaciones de soja, cerca de la aldea Guyraroká. Antes de la llegada de los colonizadores, el bioma característico era el bosque atlántico. Con el avance del agronegocio, los guaraníes-kaiowás han perdido gran parte de su principal fuente de materiales y alimentos para sobrevivir. Si Mato Grosso del Sur fuese un país sería el séptimo productor mundial de soja.
En 2015, Sônia Guajajara se transformó en la primera mujer de origen indígena en integrar una fórmula presidencial: fue la candidata a vicepresidenta de Guilherme Boulos, dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, que adhirió al Partido Socialismo y Libertad. Guajajara era la líder del sector ecosocialista de ese partido.
Un niño de la aldea Ka’aguy Porã posa para un retrato junto con su gato, durante una recorrida por la selva para chequear y volver a armar las trampas con las que cazan animales de pequeño y mediano porte. Maquiné, Río Grande del Sur, Brasil.
Muchos escucharon su nombre por primera vez en 2017, cuando la artista estadounidense Alicia Keys le cedió un espacio durante su presentación en Rock in Rio para que hablara de la demarcación de tierras en la Amazonia. Pero Guajajara, nacida en 1974, ya era desde hacía varios años la coordinadora ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, que nuclea a más de 300 etnias.
Vista aérea de la aldea Ka’aguy Porã en Maquiné.
—Hablar de pueblos o culturas indígenas es hablar de origen, de ancestralidad y de nuestro vínculo con quienes nos antecedieron. Todos nosotros precisamos entender y respetar nuestros orígenes para podernos desarrollar con plenitud y entender nuestro papel en el mundo, sea como sociedad, como pueblos, como comunidades, familias o individuos, indígenas o no. La cultura, la espiritualidad y la historia, contada por nosotros mismos, empoderan a pueblos y grupos históricamente marginalizados. Por eso intentan repetidamente suprimirnos o forzar una asimilación desvalorizando nuestras existencias colectivas, nuestras lenguas y prácticas y, fundamentalmente, negando la demarcación y la protección de nuestros territorios ancestrales. Nosotros, pueblos indígenas de todo el continente, nos referimos a Abaya Yala en lugar de usar el término extranjero América. Llegamos a este consenso para utilizarlo internacionalmente con una nomenclatura indígena, que quiere decir “tierra de sangre vital”, para marcar una posición, a pesar de que cada pueblo también tenga su forma de designar su tierra y su continente, según su lengua. Esto se debe a que en toda Abaya Yala los pueblos indígenas continúan luchando por sus tierras y su cultura; nos vemos como parte de esta tierra. Creo que eso es poco entendido por la sociedad. Sin los bosques y los pueblos de la selva, las personas y las ciudades no sobrevivirían —dice Sonia.
Todas las mañanas los más jóvenes, guiados por uno de los líderes, se internan en la selva de Maquiné para verificar las trampas.
Tras las elecciones de 2018, Guajajara se dedicó a girar por el exterior para advertir sobre la política medioambiental de Bolsonaro y pedir ante las Naciones Unidas y la Unión Europea que se sancione a Brasil si se llegan a poner en marcha los planes de deforestar gran parte de la selva amazónica.
En la cultura guaraní el humo es sagrado y se utiliza para curar y bendecir. Desde la mañana hasta la noche hay al menos un fuego humeando en la aldea de Ka’aguy Porã.
—Este año tendremos más mujeres en el Congreso, e incluso obtuvimos la primera parlamentaria indígena. La participación indígena en las elecciones fue muy significativa y no se acaba con un proceso electoral. Fuimos los primeros en ser atacados, sin embargo lideramos la resistencia junto a los pueblos quilombolas [afrodescendientes, hijos de esclavos], las comunidades campesinas y los defensores del medioambiente. El actual gobierno demuestra desconocer profundamente la realidad de los pueblos indígenas, nuestras actividades productivas, nuestra contribución para la alimentación de la población en general y para la economía de muchos municipios y estados. Estos discursos, junto con el desmantelamiento de la Funai, son una tentativa de reinstalar políticas de la colonización en nuestras tierras y de asimilación forzada de nuestras culturas. Nosotros, como pueblos indígenas, estamos a favor del desarrollo y del progreso, pero sólo cuando estos respetan nuestra existencia, y no así cuando su objetivo es beneficiar a una minoría que domina el poder público —agrega.
Xondaro es el primer niño nacido en la retomada aldea Ka’aguy Porã. A pesar de su corta edad, ya participa en muchas de las tradiciones de la aldea, como las danzas.
La líder indígena hace un llamado a repensar no sólo las políticas de mediano plazo, sino todo el sistema:
Xondaro, frente al templo de la aldea Ka’aguy Porã.
—Somos resistencia mas no un obstáculo. Creo que el movimiento indígena tiene que hacer resistencia y reivindicar sus derechos en todos los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha. Esto tiene que ver con la injusticia racial que hoy se impone en Brasil y poco se discute. Nuestra existencia desafía el individualismo, el consumo desenfrenado, la desi-gualdad, la desconexión entre las personas, la falta de perspectiva y esperanzas, y emite un llamado para repensar nuestra existencia.
Niños de la aldea de Panambizinho, en Dourados, una de las áreas indígenas demarcadas que fue homologada por el gobierno en 2014.
La resistencia también tiene lugar en las calles. La campaña “Janeiro vermelho” (“Enero rojo”), que tuvo lugar al inicio de 2019, tenía como consigna “Ni una gota de sangre indígena más” y fue convocada por la Articulación de Pueblos Indígenas que dirige Guajajara.
Cada tarde, los niños y jóvenes de la aldea caminan algunos kilómetros para ir a pescar al río Horqueta, en Maquiné.
Las movilizaciones, que tuvieron lugar en 19 estados de Brasil y en muchas ciudades de Europa, convocaron a decenas de miles de manifestantes que, entre otras señales de protesta, pintaron las calles de rojo. La promesa que había hecho Bolsonaro de declarar terroristas a los activistas indígenas y a los integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra había comenzado a materializarse con la nominación de un general, Franklimberg Ribeiro de Freitas, como presidente de la Funai. La llegada de Bolsonaro, además, ya parecía funcionar como “luz verde” para la ocupación violenta de territorios indígenas, y en la primera semana del año habían sido desalojados a mano armada integrantes de la etnia arara en Pará, de la etnias araribóia y awá en Maranhão, y de los grupos uru-eu-wau-wau y karipuna en Rondonia. Además, se había prendido fuego a una escuela tupiniquim en Espíritu Santo, y a una policlínica pankakaru en Pernambuco. En Porto Alegre, había habido amenazas de muerte a integrantes de comunidades guaraníes-kaiowás.
Intervención durante las protestas en la avenida Eixo Monumental, en Brasilia.
La retomada es, en parte, un atajo. Los antropólogos que inician el proceso de demarcación de tierras realizan un trabajo de campo a lo largo de aproximadamente dos años. Buscan indicios arqueológicos, realizan entrevistas, examinan lugares de entierro, cruzan la información que obtienen de distintas etnias. Como el proceso que sigue es extremadamente burocrático, una vez conocido el informe antropológico favorable los indígenas ocupan esos territorios, a la espera de la resolución legal. Allí es que se producen los conflictos armados, ya que los estancieros se resisten a la ocupación.
Espera por el resultado de una audiencia frente al edificio de la Advocacia Geral da União, en Brasilia.
Pero la retomada es también la recuperación de una cultura, de una forma de vida, o de la posibilidad de elegir una forma de vida. No se trata, sin embargo, de un regreso al estilo de vida ancestral, en parte porque los terrenos a los que regresan los indígenas están agotados por el monocultivo (la soja abunda) y por el abuso de agrotóxicos. En algunos lugares, como en Laranjeira Nhanderu, los estancieros llegaron a fumigar los ríos para volver no potable el agua.
Uno de los líderes indígenas reza y canta frente a la Policía Montada, que bloqueaba la entrada al Palácio do Planalto, en Brasilia.
Cuando hay conflictos con policías o sicarios los indígenas se pintan para no ser identificados; si no lo hicieran, sería muy probable que se los atacara luego de forma individual. Es usual la vigilancia con drones para rastrear y asesinar a los líderes indígenas. “Ellos creen que la solución es enterrarnos, pero no se dieron cuenta de que somos semillas”, dicen algunos representantes de estos movimientos, confiados en que siempre surgirán líderes.
Protesta en Brasilia.
La adversidad, además, ha unido a etnias que antes eran rivales. Es el caso de los apiaká, los mundurukú, los rikbaktsá y los cayabíes, que decidieron confrontar juntos los estudios de impacto ambiental de la hidroeléctrica de Castanheiras, en Mato Grosso. Tres líderes de cada pueblo recorrieron durante nueve días los ríos Arinos y Dos Peixes, donde se ubicaría la represa, que se secarían porque su flujo se vería incrementado considerablemente. Los apiaká, mundurukú, rikbaktsá y cayabíes viven de la pesca, y la preservación de estos cuerpos de agua es vital para ellos.
Sônia Guajajara y sus hijos, Yaponã e Ywara, miran el video de presentación de Sônia antes de subir al escenario durante un acto político en Belém, en el estado de Pará.
Sônia en su casa en la ciudad de Imperatriz, antes de dirigirse a un acto político de su partido en Maranhão.
Guilherme Boulos y Sônia Guajajara con trabajadores de la ciudad de Belém.
Sônia en el río Tapajós, antes de una reunión en el agua junto a un colectivo de mujeres indígenas. Alter do Chão, Pará.
Vista aérea del río Arinos, mientras el equipo de indígenas e investigadores mapeaba sus lugares sagrados, en Mato Grosso.
Antonio Apyaká liderando una de las tres lanchas de la expedición por el río Arinos.
Una de las tres lanchas de la expedición a los ríos Arinos y Dos Peixes.
Mujeres rikbaktsás buscan caracoles en el río Arinos.
Caracoles usados por la comunidad rikbaktsá para confeccionar sus collares de casamiento. Si la hidroeléctrica de Castanheiras se instala los rikbaktsás no podrán recogerlos más, ya que se prevé que la cota del río suba 40 metros.
Zona del río Xingú inundada tras la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte, la más grande de Brasil, en Altamira.
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