El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló parcialmente a favor de la empresa Montecon, que había solicitado la anulación de dos decretos emitidos por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Por unanimidad, el TCA resolvió anular la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal especializada en el puerto de Montevideo durante el plazo de concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –integrada por la multinacional belga Katoen Natie Group y la Administración Nacional de Puertos (ANP)–, es decir, hasta 2081.

Montecon argumentó que el Decreto 114 vulneraba su derecho a “desarrollar una actividad empresarial lícita”, al prever “una prioridad absoluta –privilegio monopólico– en operaciones de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo” a favor de TCP, según se señala en la sentencia del TCA, de la que informó en primera instancia El Observador y a la que accedió la diaria.

En ese sentido, el grupo empresarial “indicó que la finalidad y motivo del decreto es la eliminación de competencia en los servicios a la mercadería contenerizada y, en consecuencia, al eliminar la competencia, constituir un monopolio por vía de decreto”.

En concreto, la cláusula 3.5.4 establece que “no se otorgarán nuevas concesiones ni permisos ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal de contenedores especializada durante la vigencia de la concesión, salvo que los movimientos de contenedores en la terminal gestionada por el contratista superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos”.

El TCA consideró “de recibo” el cuestionamiento de Montecon, e indicó que la cláusula “asegura un monopolio” de la terminal especializada a cargo de TCP, por lo cual “resulta ilegítima”. Para los ministros del TCA, la cláusula “prevé una limitación al derecho a la libre competencia sin previsión legal basada en razones de interés general que lo disponga”.

“El monopolio no se configura por la concentración de la operación de contenedores en la terminal especializada instalada y explotada por un concesionario en detrimento legítimo de la operativa de los operadores portuarios que no tienen concesión, sino que el monopolio queda consagrado en la cláusula 3.5.4, en la medida en que solamente una empresa podrá obtener esa concesión hasta 2081, vetando la posibilidad de que otras empresas se postulen a dichos efectos y ejerzan la libre competencia entre entidades con la misma calidad”, se sostiene en la sentencia redactada por el ministro William Corujo.

Las disposiciones confirmadas por el TCA

Por otro lado, el TCA confirmó la validez de las cláusulas 3.5.2 y 3.5.3 del Decreto 114, así como la totalidad del Decreto 115 de 2021, también impugnado por Montecon, que aprobó el Reglamento General de Atraque de Buques en el puerto de Montevideo.

La cláusula 3.5.2 define como área especializada a la terminal e impide la autorización y la instalación “de grúas pórticos y/o equipamiento que puedan dar lugar a una especialización en contenedores fuera de las áreas y muelles especializados”. La 3.5.3, en tanto, establece que “las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas a este fin”.

Montecon había argumentado que estas cláusulas eliminan “el derecho de los operadores portuarios a prestar servicios eficientes y competitivos en lo relacionado a los contenedores” e impiden que la ANP pueda disponer de los equipos especializados en los demás muelles para cumplir el servicio. Sin embargo, el TCA entendió que “es legítimo que sujetos que detentan diferentes títulos para la prestación de servicios portuarios actúen en diferentes condiciones”, como prevé la ley de puertos (16.246).

Los ministros del TCA afirmaron que “no resulta ilegítima” la prohibición de autorizar e instalar grúas pórtico fuera del área especializada. En el fallo se señala que la norma “debe interpretarse de modo que no queden incluidas las grúas móviles”, que, como sostuvo TCP, “no son instalaciones que puedan dar lugar a una especialización en contenedores”. “Conforme a esta interpretación, los demás operadores portuarios podrán emplear grúas móviles para operar mercadería no contenerizada y contenedores en el muelle de carga general en los casos previstos, siempre que cuenten con autorización a dichos efectos”, se apunta en la sentencia.

En cuanto al decreto de atraque de los buques, Montecon sostuvo que en este punto se “otorga absoluta prioridad monopólica para la asignación de atraque de buques a las terminales concesionadas, lo que supone la desviación de buques por parte de los operadores portuarios hacia TCP, suprimiendo la libre competencia”. Asimismo, el grupo empresarial de capitales chilenos y canadienses puntualizó que, “al ser el Estado socio de TCP, también es un acto de flagrante competencia desleal al derivar todos los buques portacontenedores a la terminal especializada”.

No obstante, el TCA no dio “lugar al agravio planteado”, al entender que la “priorización de atraque de buques portacontenedores es un criterio de organización que se encuentra en armonía con el resto de las disposiciones que crearon la terminal especializada en contenedores”, y “constituye una legítima regulación por parte del Poder Ejecutivo en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 7 de la Ley 16.246”.

Gandini: “Si eso es lo que anula, todo lo demás lo confirma”

El fallo del TCA provocó rápidamente la reacción de las autoridades del gobierno anterior. Está previsto que este miércoles a las 17.00 brinden una conferencia de prensa al respecto el exministro de Transporte Luis Alberto Heber, el exsubsecretario de Transporte Juan José Olaizola, el expresidente de la ANP Juan Curbelo y el exprosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés.

En su cuenta de X, Heber manifestó: “Se ha dicho mucho sobre nuestra actuación en la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto. Se agravió, se insultó, se dijo cualquier cosa del gobierno y de nuestra persona. Finalmente se pronunció el TCA. Mañana hablamos nosotros en conferencia de prensa”.

Olaizola, quien prefirió no adelantar opiniones al ser consultado por la diaria, afirmó en la misma red social que el fallo del TCA es “contundente”. “Queda claro que TCP no es monopolio y que el reglamento de atraque es legal”, manifestó. Curbelo, por su parte, cuestionó las “críticas infundadas en estos años” sobre el acuerdo, y apuntó: “Ojalá ahora empiecen a trabajar por el interés nacional”.

En diálogo con la diaria, el director de la ANP en representación de la oposición, el nacionalista Jorge Gandini, sostuvo que el aspecto central del fallo del TCA “es que los dos decretos sobre los que se fundamentó la nulidad fueron confirmados, eso es lo importante”. En ese sentido, señaló que “sólo fue cuestionado un punto de uno de los dos decretos”, en referencia a la cláusula 3.5.4, la cual, a su criterio, “no es relevante para nada”.

Gandini consideró “correcta” la fundamentación del TCA, “en tanto no puede haber una sola terminal obligatoria y garantizada”, y dijo que lo que determina el fallo es que “de aquí a 2081, si se resuelve hacer otra terminal, se puede hacer”. “Si eso es lo que anula, todo lo demás lo confirma. Por lo tanto, me parece que da seguridad jurídica y tranquilidad para la operación hacia el futuro, y cierra un debate”, agregó.

Para TCP se confirma la “legalidad y legitimidad de los decretos impugnados”

A través de un comunicado, TCP expresó que la sentencia del TCA “confirma el sistema regulatorio del puerto de Montevideo”. Para la empresa, el “fallo es claro en cuanto a confirmar la legalidad y legitimidad de los decretos impugnados”, lo que representa una ratificación del acuerdo entre la empresa belga y el Estado uruguayo, así como “un saludable respaldo al marco jurídico vigente para la operación de contenedores”.

TCP destacó en el comunicado que el fallo, “que ha admitido varias de nuestras alegaciones”, fortalece “tanto la prioridad operativa del servicio a buques portacontenedores por parte de la terminal especializada como la potestad del Estado de organizar la actividad portuaria en base a criterios de eficiencia, competitividad y especialización”.

Respecto de la cláusula anulada, TCP sostuvo que esto no afecta “la vigencia de la concesión otorgada a TCP, su plazo, ni el régimen operativo actualmente en funcionamiento”. La empresa resaltó que el pronunciamiento del TCA “aporta certeza jurídica, consolida el marco regulatorio del puerto de Montevideo, la vigencia del acuerdo, y reafirma la importancia de la terminal especializada como infraestructura clave para el sistema logístico del país y de la región”.

“No sé qué tienen para festejar”, dijo Charles Carrera

“No sé qué tienen para festejar, porque se confirma que hicieron las cosas mal”, afirmó, en diálogo con la diaria, el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera, uno de los denunciantes del acuerdo firmado por el gobierno anterior, con respecto a la reacción de la oposición. Carrera destacó la nulidad de la cláusula 3.5.4 y expresó que recibió el fallo del TCA con “satisfacción personal por el país”.

“Era lo que nosotros dijimos en su momento: que a través de estos decretos se estaban cambiando las reglas de juego, que se estaba cambiando el paradigma en el puerto, que era el de la libre competencia”, señaló. En ese sentido, consideró que la cláusula anulada era un “aspecto crucial” del acuerdo y su nulidad “es muy importante”, ya que “restablece” la libre competencia y “la soberanía en materia de políticas portuarias”.

“Lo más importante es eso, y espero que todos los problemas que hemos tenido a nivel de competitividad en el puerto de Montevideo, que es esencial para el país, se puedan solucionar”, agregó Carrera.

Con todo, el exsenador frenteamplista no descartó que puedan “venir litigios” contra el Estado uruguayo. Carrera dijo que en el ámbito internacional “el Estado tiene muchos argumentos para defenderse”, pero puntualizó que Montecon podría entablar una demanda a nivel nacional si entiende que sufrió daños y perjuicios.

Actualmente Montecon y el Estado uruguayo se encuentran en una prórroga del plazo de las negociaciones](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2026/1/gobierno-y-montecon-extendieron-el-plazo-de-negociaciones-en-el-marco-de-la-suspension-del-arbitraje-internacional/) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

Por su parte, Silvia Etchebarne, magíster en logística y gestión portuaria y expresidenta de la Liga Marítima, dijo a la diaria que “la primera muy buena noticia es que el Estado recupera la posibilidad de establecer el régimen de libre competencia”. Recordó que “la crítica más grande” sobre el acuerdo “era que se habían cambiado las reglas de juego”, porque si “cualquiera de las grandes navieras decía ‘tengo interés en tener una terminal de contenedores en los muelles públicos’, la ANP le tenía que preguntar a TCP si se lo permitía”.

“El hecho de que el Estado pueda recuperar la posibilidad de licitar, permisar o usar cualquiera de los instrumentos jurídicos que están al alcance, o que cualquier operador hoy pueda trabajar en los muelles públicos con contenedores, me parece lo más importante; y eso, en el acuerdo, estaba previsto sólo si se le pedía el consentimiento al concesionario”, señaló. Para Etchebarne, “hoy el Estado recupera soberanía, algo que se había visto cercenado por un acuerdo con una empresa privada”.

Al igual que Carrera, Etchebarne dijo que no entiende “qué es lo que festejan las autoridades anteriores”, dado que el TCA entendió que “el Estado firmó un acuerdo con una empresa privada que es ilegal, porque acá se dice que lo que se firmó va en contra del artículo 20 de la Ley 17.243”. Por otro lado, señaló que ahora “se abre un gran desafío en cuanto a la gestión del puerto capitalino, que no viene pasando por un muy buen momento”.