Tres islas del Queguay formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

El Grupo Ecologista Naturista Sanducero (Gensa) es una sociedad civil que comenzó como una organización que buscaba proteger los ríos y bosques ribereños en 1994. Genesa, entre otras cosas, fue el que denunció la desecación de bañados causada por la empresa Comfinco SA, propiedad de la empresaria argentina Amalia Lacroze de Fortabat, y obtuvo como respuesta amenazas judiciales. Desde principios de los 90, Gensa intenta que se catalogue a las islas del Queguay y parte de la costa del río Uruguay como área protegida. En 2018, junto con Paysandú Nuestro ‒otra organización ambientalista del territorio‒, el polo de Ecología Fluvial del Centro Universitario Litoral Norte de la Universidad de la República, y otros integrantes de la comunidad, presentaron el correspondiente proyecto a las autoridades para lograrlo.

El domingo 17 de abril, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, publicó en Twitter un video, que también fue difundido por los canales oficiales, en que se lo ve en la desembocadura del río Queguay. “Toda esta zona con tres islas va a ser parte integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas [SNAP]”, anunció, y agregó que la medida se tomará “próximamente”.

Lucía Bartesaghi, coordinadora del SNAP, indicó que la propuesta realizada por las organizaciones ambientalistas fue “robusta” y contiene “toda la información necesaria para incluir el área al sistema”; al mismo tiempo destacó la importancia de su “gran riqueza de especies”.

La coordinadora del SNAP recordó a la diaria que tanto el gobierno como particulares pueden presentar proyectos para la creación de un área protegida. “Luego pasa por un proceso en el que interviene la Comisión Nacional Asesora. En este caso pasó en diciembre, hizo la presentación la misma ONG. Más tarde se pone de manifiesto público, pasa por una audiencia pública y después se hace un decreto. En el caso de las islas, cuando hay declaraciones como área protegida previo a la ley del SNAP y son tierras fiscales, como es este caso, puede no hacerse el proceso de participación pública”, indicó. Si bien en el proyecto de las organizaciones se incluían tanto tierras fiscales como privadas, Bartesaghi manifestó que se está haciendo una “revisión” en la que sólo se incluyen tierras fiscales. “Esto no significa que en un futuro no se puedan incorporar las privadas”, aclaró.

El proyecto presentado en 2018 abarca a “las islas del Queguay y la costa del río Uruguay”. Se propone realizar una “estrategia cronológica” por la que, en lo inmediato, se decrete “la cadena de islas” como Parque Nacional y así ingrese al SNAP. Más adelante, las islas se convertirán en “la zona núcleo” y “todo el corredor ripario, desde el Arroyo Malo hasta el San Francisco” será “la zona de amortiguación del área a proteger”. Se admite que la segunda etapa es de “mayor dificultad” porque “involucra múltiples establecimientos privados”. Sin embargo, en el proyecto se afirma que ello traerá “mayores beneficios a la conservación de la biodiversidad y a la calidad de vida y disfrute de las generaciones futuras de las poblaciones del litoral”. También hacen hincapié en que “la mayor parte de la superficie en estudio no está siendo explotada” y que su potencial uso agropecuario es “restringido”; al mismo tiempo serán beneficiadas “las actividades productivas tradicionales vinculadas al río”.

¿Cuáles son los usos del suelo?

Para una mejor caracterización del área, según el documento, se dividió en tres zonas: sur, norte y centro. La zona norte está compuesta por cinco padrones que abarcan 2.317 hectáreas, donde predomina la vegetación natural y “hay escasos parches de cultivo de secano y forestación”. La zona centro incluye nueve padrones distribuidos en 6.775 hectáreas, donde “la faja costera de todos ellos (aproximadamente la mitad de la superficie) está cubierta por vegetación natural”. Por otra parte, las planicies altas “están mayormente ocupadas por cultivos de secano” y dos padrones de menor tamaño cultivan frutales.

La zona sur se subdividió en dos categorías: la costa y las islas. La costa tiene 15 padrones que ocupan 7.578 hectáreas; diez de ellos tienen “cultivos de secano, de extensión variable, en las zonas periféricas”. A su vez, es utilizada para pastoreo, en cuatro establecimientos se practica la citricultura y un padrón fue forestado. Por otra parte, en el documento se menciona que sólo hay planes de uso provenientes de cinco propiedades. Mientras tanto, la superficie total de las islas es de 2.067 hectáreas repartidas en cinco padrones, pero también se ubica el islote Varillal, que no tiene padrón. “A excepción de los bancos y playas arenosas, la vegetación riparia cubre toda la superficie. A pesar de que algunas de estas islas son de propiedad privada, aún no se han presentado planes de uso”, se reseña en el documento.

En las islas no hay ni viviendas ni residentes permanentes. Según informan las organizaciones, es un “área de campamentos temporarios de pescadores” y visitas transitorias de turistas y residentes de la zona, principalmente de Paysandú y Entre Ríos. Allí se practica la pesca artesanal y la apicultura, además de actividades recreativas y deportivas.

Encontrar coincidencias

Pablo Silchenko, presidente de Gensa, expresó a la diaria que la solicitud fue producto de “muchos años de trabajo” en los que “se logró reunir todos los datos necesarios”. Según señala, los movilizó la preocupación por un “turismo mal manejado”, aunque enseguida aclara que no están “en contra” de la actividad. “Cuando el grupo comenzó, la idea siempre fue tratar de informar a la gente. Hasta el día de hoy lo sostenemos sembrando conciencia. Buscamos transmitirle a la gente, mostrar cuáles son los problemas y por qué queremos proteger las áreas. En este caso, todo nació por la flora”, contó. En la actualidad, la sociedad civil brinda charlas en centros educativos de Paysandú, realizan talleres y tienen un vivero de flora nativa propio. “Como siempre dicen, al árbol hay que enderezarlo desde chiquito”, comentó entre risas. Pero aún se encuentran en busca de un “área que proteger” y “desarrollar mucho más los estudios” que están llevando adelante.

Silchenko mostró una postura conciliadora y nuevamente retomó el tema del turismo. Afirmó que, al igual que con otros problemas de los territorios, se busca “solucionar” y no “pelear”. Próximamente estarán coordinando una reunión para planificar cuales son los “objetivos” para presentar a los dueños de establecimientos de la zona y pensar “qué es lo que nosotros queremos proteger dentro de sus áreas privadas”. “Hay que ir viendo, también aconsejando. Hay muchas veces que la gente no lo hace de mala voluntad, sino simplemente porque no sabe. Por ejemplo, con el tema de los agrotóxicos y el agua. En ese caso tendríamos que empezar a tallar por el lado de la legislación del agua, de los residuos. Es bastante complicado”, admitió.

En el proyecto se menciona que a partir de talleres realizados con “participación de público general y conocedores de la zona” identificaron la existencia de especies exóticas invasoras, la caza y turismo no regulado, la presencia de perros que amenazan la fauna autóctona y la contaminación por residuos sólidos no biodegradables. “Es necesario un control efectivo de las actividades humanas en el corredor ripario ribereño, procurando lograr el compromiso y la colaboración activa de los propietarios de las tierras marginales”, se exige.

Sin embargo, Silchenko recordó que el primer paso es que la zona sea declarada área protegida, y dijo estar cansado de las promesas. “Hasta que no tengamos esto establecido, no podemos dar el segundo paso. Es un camino que tenemos que dar con mucha cautela y tratar de no herir a nadie”, planteó. Sobre el anuncio de Peña manifestó que le gusta “pisar sobre lo firme” y que espera ver “qué es lo que sigue”.

Diego Varela es biólogo y fue el encargado de redactar el proyecto. En la misma línea que su compañero, recibió con “expectativa” la noticia. “Tal vez lo que no se haya resaltado del todo en las declaraciones del ministro, pero que sin embargo en el proyecto está, es que abarca no sólo a las islas, sino a toda la faja costera, que va desde el Arroyo Malo hasta la desembocadura del San Francisco; son aproximadamente 48 kilómetros de largo”, agregó.

Justificación de sobra

Las islas están ubicadas en el río Uruguay, frente a la desembocadura del río Queguay. En el documento se indica que a 56 kilómetros, aguas abajo, está el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, declarado área protegida en 2008. Mientras tanto, aguas abajo por el río Queguay, se encuentra Montes de Queguay, área que también ingresó al SNAP en 2014. Los representantes de la propuesta enfatizan que el área tiene “un alto interés desde el punto de vista de la conservación”. “Además de su belleza paisajística, de su biodiversidad y de brindar los ya mencionados servicios ecosistémicos de primera importancia, es una zona de nidificación de aves que están dentro del listado de prioridad de conservación del SNAP”, apuntan.

En el proyecto se menciona que la zona fue catalogada como “significativa para la conservación de aves” por BirdLife International, organización dedicada a la protección de las aves y sus hábitats. Además, se suma que “51% de las especies amenazadas y 47% de las especies prioritarias para conservación en el SNAP, a nivel país, tienen distribución potencial en el área”.

También se agrega que es “irreal, a largo plazo” pensar en la conservación de las islas “aisladamente del corredor fluvial” donde “mantienen un intercambio constante de sedimentos, nutrientes y seres vivos”. Las áreas protegidas funcionan mejor cuando están conectadas, como retrató Varela: “Si uno aísla las islas para su protección, si continúa con un manejo no sustentable del bosque, a la larga esa supuesta protección va a fracasar”.