El Poder Ejecutivo decretó en abril una serie de modificaciones a la normativa de caza. Entre los principales cambios, se habilitó la práctica de la caza deportiva en todo el país -menos en Montevideo- y la caza nocturna de especies exóticas habilitadas por la ley. A su vez, los permisos de caza serán independientes del tipo de arma y ya no se exigirá justificar la autorización del propietario u ocupante del predio donde se llevará a cabo la actividad. Por otra parte, también se reduce de tres a un kilómetro el radio de distancia de centros poblados o escuelas rurales en el caso de caza con escopeta de perdigones.

la diaria consultó al director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente (MA), Gerardo Evia, pero prefirió no brindar su opinión sobre las nuevas medidas.

La normativa fue aprobada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), MA y Turismo (Mintur). Las discrepancias se hicieron escuchar, como es el caso de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendú), que calificó el decreto como “procaza”. También el exministro del MGAP, Carlos María Uriarte, expresó a través de su cuenta de Twitter que va a “contramano”, porque “hoy el mundo tiende a limitar la caza deportiva”. “Es inadmisible considerar una actividad deportiva el matar animales, salvo que sean declarados plagas y, por ende, exista una razón para hacerlo. No compartimos en nada esta decisión”, sumó.

¿Cómo surgió el decreto?

Pablo Borrazas, integrante de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, contó a la diaria que en 2017 se presentó este decreto a las autoridades del momento, pero no tuvieron éxito. Con el cambio de gobierno, siguieron el mismo camino hasta alcanzar a reunirse “varias veces” con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y representantes de los ministerios. Borrazas afirmó que el decreto fue aprobado “tal cual” lo presentaron.

“Nosotros no pedimos cazar especies nativas, solamente las especies exóticas. Lo que vemos es que hay muchos problemas con el jabalí y el ciervo axis, por el tema de las enfermedades. Hay análisis en Uruguay de que hubo casos de toxoplasmosis, hepatitis E, tuberculosis. Nosotros tenemos que controlar eso”, manifestó Borrazas.

Consultado sobre por qué se incluyó la habilitación de la caza nocturna, aseguró que las especies exóticas “son de hábito nocturno” y “es muy difícil localizarlas de día”. “En el mercado hay productos para cazar de noche. Una de las inquietudes que se escucharon fue el tema de la caza con perros. Al salir de noche, con lo que son visores nocturnos y térmicos… la gente se está volcando mucho a esto y dejando lo que es la cacería con perros”, agregó. De todas formas, admitió que esos productos “son muy caros” y que “capaz mucha gente no lo hace”.

Remarcó estar de acuerdo con la asociación civil Coendú sobre la “falta de controles”. “El tema del daño de las especies nativas es ya cuestión de los cazadores. El Ministerio del Interior tendría que tener mucho más control, y Dinabise. No hay control, no tienen control”, señaló y añadió que desde la Asociación de Cazadores se “opta” por “una caza responsable” y se presentó el decreto “para salir legal, con todo”. “También hay caza furtiva, pero nosotros en ese caso podemos tratar de concientizar a la gente para eliminarla”, planteó.

La pregunta central en torno a las especies exóticas es cómo lograr controlarlas, qué camino seguir y si la caza deportiva es la mejor opción. Borrazas relató que, además de ser integrante de la Asociación de Cazadores, también es concejal de la Confederación Latinoamericana de Caza y de la Confederación Mundial de Caza. “La única forma que se puede controlar es con la caza, no existe otra. No existe la castración química como se habla acá, no existe porque no hay control. No se puede controlar eso. La especie exótica desplaza a la especie nativa”, afirmó.

También se le consultó sobre por qué exigir que los permisos de caza sean independientes del tipo de arma, a lo que respondió que “los extranjeros que venían acá tenían que registrarse en el tema de las armas, era una burocracia muy grande y un costo muy alto. El tema es que en Uruguay estamos muy lejos del turismo cinegético. No podemos traer gente de otros países al turismo cinegético acá porque es muy caro. No llevamos el ejemplo de países como España que tiene el ingreso de 4.600 millones de euros por el tema de la caza. Tenemos que buscar que la caza sea controlada, responsable. Estamos en contra de la caza furtiva; pero no es prohibir todo”.

¿Cambio de planes del MA?

Según un documento al que pudo acceder la diaria, el MA habría solicitado el 8 de setiembre de 2021 una serie de cambios al decreto 164 de 1996. Específicamente, al artículo 10, que establece un listado de especies libres de caza, y al artículo 11, donde se detalla el procedimiento para determinar las condiciones de desarrollo de la caza deportiva.

“La declaratoria como especies de libre caza habilita a que se puedan desarrollar acciones de control sin que medien habilitaciones específicas”, describe el texto original. En el documento del MA se señala que dentro del listado de especies de libre caza del artículo 10 se incluyen tres serpientes nativas -yarará, crucera y coral- y se afirma que “se entiende que, al ser especies venenosas, el espíritu de su inclusión en este listado se debe a no generar consecuencias (sanciones, multas) a las personas que puedan dar muerte a ejemplares de estas especies para defenderse de potenciales ataques”.

Por otra parte, alegan que la inclusión en esta lista genera “su libre colecta y comercialización, generando consecuencias no deseadas desde un enfoque de conservación”. Además, señalan que las tres especies tienen “valor medicinal, cultural y/o económico”, y que la coral “está identificada como especie amenazada en el país”. Por lo tanto, los técnicos sugirieron excluirlas del listado de especies de libre caza, teniendo en consideración cuando se dé muerte al animal como “un acto de defensa a la integridad física de la persona”, cuando no se aplicarían sanciones o multas.

En lo referido al artículo 11, en el documento se subraya que en espacios de intercambio entre ministerios, “para evaluar la actividad de caza tanto legal como ilícita” en el país, se enfatizó “la importancia de realizar estudios poblacionales de las especies de caza deportiva permitida”. Sobre ello, dice que “la gestión moderna de las actividades cinegéticas sólo puede lograrse si existen métodos apropiados para el seguimiento de las poblaciones silvestres”. Y sobre todo, se enfatiza que es necesario emitir permisos de caza de forma que “la afectación a las poblaciones silvestres producto de la caza no ponga en riesgo” su supervivencia.

“Si bien la realización de estudios para orientar el otorgamiento de permisos está contemplada en la normativa, esto no ha sido realizado, por lo cual los permisos se han emitido sin evidencia sobre el estado de las poblaciones, para garantizar tanto la supervivencia de las poblaciones de las diferentes especies, como la sostenibilidad de la práctica de caza deportiva”, se sentencia. Por esta razón, solicitaron que “las especies habilitadas para la caza deportiva, la apertura y extensión de las temporadas de caza, el número de ejemplares autorizado a cazar y transportar y los sitios o zonas habilitadas según la especie” los establezca el MA cada año mediante una resolución. Pero un punto clave: antes de la resolución, se debe haber hecho un informe técnico de la Dinabise.

El pedido llegó a concretarse en un decreto, pero aún no ha sido aprobado.