A seis meses de los incendios forestales de Río Negro y Paysandú, vecinos y productores afectados se proponen prevenir situaciones similares a futuro

Pueblos rodeados por el fuego y medios de producción y formas de vida amenazadas. La vulnerabilidad de un sistema de prevención de incendios expuesta. Seis meses pasaron desde que 37.000 hectáreas fueron arrasadas en Río Negro y Paysandú debido a incendios forestales; seis meses en los que vecinos y productores de las localidades afectadas siguen intentando hacer escuchar su voz. Para lograrlo, elaboraron un proyecto de ley redactado por ellos y ellas mismas, que vivieron en carne propia la situación y tuvieron que paliarla con las pocas herramientas que contaban.

“Era necesario transformar ese evento tan traumático para la memoria colectiva de la comunidad en una oportunidad para generar aquellos cambios que nos coloquen en mejores condiciones para enfrentar los siguientes incendios, ya que esta posibilidad es muy real”, relatan en la exposición de motivos del proyecto. Pero la idea no nació de la noche a la mañana, es fruto del intercambio que tuvo lugar en mesas de diálogo. Entre quienes apoyan la iniciativa se encuentran la Sociedad Fomento Rural de Puntas de Arroyo Negro, la Sociedad Fomento Rural Las Delicias, Arroyo Malo, la Sociedad de Fomento Rural Colonia Porvenir, la Sociedad Fomento Rural Santa Blanca, el Grupo Paso de los Carros y el Colectivo Tierra Pa Todos, entre otros.

Cayó un mito

Uno de los principales cambios propuestos en el proyecto de ley gira en torno a la Dirección Nacional de Bomberos, que depende del Ministerio del Interior. Ven necesario crear una División Forestal dentro del ente, que tenga “recursos, equipos y personal necesario”. Buscan además que a esta división del cuerpo de bomberos se le atribuya la “centralización de las actividades relacionadas con el sector, información sobre las acciones y el seguimiento remoto del estado de las plantaciones”. Actualmente esta tarea la desempeña la Dirección Nacional Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que en el decreto no se propone que sea eliminada, sino equiparla “de manera que sirva como centro de información y colaboración de dichas actividades”.

En la exposición de motivos justifican su visión: “Se hace evidente la necesidad de transferir estas potestades a la Dirección Nacional de Bomberos, cuya esencia es la función de prevención del riesgo de incendios y cuenta con la experticia necesaria en el sector forestal”. Y enseguida señalan que, de esta forma, “se resolverá el conflicto de intereses que se plantea a veces cuando jerarcas de la Dirección Nacional Forestal han tenido vínculos comerciales, profesionales o familiares con las empresas del sector”.

Los vecinos y productores realizaron un pedido de acceso a la información pública para saber cuántas inspecciones hubo en los últimos cinco años por parte de la Dirección Forestal del MGAP. En 2017 hubo 33 inspecciones. En 2018 fueron 37. En 2019 se realizaron 41 inspecciones, 51 en 2020 y, finalmente, en 2021, 46. Estuvieron a cargo de la División Gestión de Bosques y la División Manejo Forestal Sostenible. Según se detalló en el documento, “la ubicación y áreas de los predios inspeccionados, entidad propietaria de los predios y resultados de la inspección, se trata de información reservada”.

Para Javier Dalmás, integrante de la Sociedad Fomento Arroyo Negro y de las mesas de diálogo que culminaron en la elaboración del proyecto, en términos de “prevención” la cifra es “absolutamente insignificante”. “Se cae el mito de que la industria forestal es de las más auditadas. Siempre lo hemos escuchado, es más, nosotros mismos teníamos esto en la cabeza: que era una industria muy seria, que están permanentemente controlados por empresas internacionales y por parte de los ministerios. Esto no se vio; a nosotros nos parece un número que es, casi, como si no hubiese habido inspecciones”, reclamó.

Priorizar a las comunidades

Las organizaciones de vecinos y productores también apuestan a la prohibición de la actividad forestal “dentro del radio de 500 metros desde el límite de zonas urbanas y suburbanas definidas por los planes de ordenamiento territorial departamentales para centros de poblados”. A su vez, las localidades que se encuentren a 500 metros o más de macizos forestales deberán tener un destacamento de Bomberos “dotado de personal y equipamiento adecuado, así como depósitos de agua en volúmenes suficientes, para la eventualidad de incendios forestales”.

Un punto interesante de la propuesta –evidentemente, porque nace de las bases, del territorio– es que tiene en cuenta a la población rural dispersa. Plantean prohibir la actividad forestal “a menos de 150 metros de las edificaciones en zonas rurales (viviendas, depósitos, escuelas, iglesias, clubes sociales y deportivos, etcétera)”. “El tema de la distancia no es sólo de los centros poblados, porque a veces puede quedar una casa al lado de un monte”, cuenta Dalmás.

“Nosotros en el municipio de Piedras Coloradas podemos hacer la gestión para lograr los 500 metros de distancia desde el pueblo. Después tiene que ir a la Junta Departamental para ser aprobado. Dicho así, parece muy fácil, pero es un proceso que a otros pueblos que lo han logrado, que son tres o cuatro en todo el país, les ha llevado años con continuidad, organización de la sociedad civil. No siempre existen en los pueblos ni la organización, ni la continuidad como para sostener un proceso de años”, relata el integrante de la Sociedad Fomento Arroyo Negro. Por esta razón apostaron por el camino de crear una ley nacional, porque si no, “hay pueblos que no lo van a lograr nunca y son muchos los que están en esta situación”.

Una herramienta fundamental

Otro artículo del proyecto de ley trata sobre una de las herramientas utilizadas para prevenir la propagación de los incendios: los cortafuegos. Indican que, si se aprueba el proyecto, en “todo predio forestado” se deberán establecer “áreas cortafuegos perimetrales, así como a lo largo de caminos públicos, carreteras o vías férreas que atraviesen o linden con los mismos”. “Las áreas cortafuegos consistirán en franjas de 50 metros de ancho, como mínimo, ‘libres de árboles’ en las cuales se controlará el desarrollo de la vegetación”, indican.

Este tipo de áreas deberán complementarse con “franjas adyacentes de seguridad en las plantaciones vecinas de cinco metros ancho que deberán mantenerse libres de arbustos, de residuos de podas y raleos, y se podarán las ramas bajas de sus árboles hasta una altura de aproximadamente dos metros”.

Por su parte, las empresas o particulares que cuenten con una superficie mayor a 30 hectáreas de forestación deberán presentar a la Dirección Nacional de Bomberos un plan anual de defensa contra incendios forestales, que deberá estar “expuesto al público” en páginas oficiales y ser difundido por “distintos medios” para que la población esté familiarizada. También se deberán realizar actividades periódicas de “capacitación y adiestramiento, incluyendo simulacros de incendio y evacuaciones de los vecinos, de acuerdo con planes elaborados previamente y supervisados en su ejecución por la Dirección Nacional de Bomberos”.

Rebrote de llamas

A mediados de enero, cuando las llamas se calmaron, organizaciones sociales de Paysandú y Río Negro, junto con asociaciones de productores agropecuarios y apícolas que se vieron afectados, convocaron a una mesa de diálogo. Entre las entidades invitadas estuvieron Presidencia de la República, los ministerios de Ambiente y Ganadería, Agricultura y Pesca, intendencias, el municipio de Piedras Coloradas, la Universidad de la República y las empresas forestales Montes del Plata, UPM Forestal Oriental, Caja Notarial y Caja Bancaria. Dalmás contó que al principio participaron “todos los convocados”, pero después de la primera reunión, el proceso “tuvo sus altibajos en la parte institucional y de las empresas”.

Además, comentó que se conformó una “mesa paralela a la mesa de diálogo” en Piedras Coloradas y fueron invitados. “Tiene una impronta clara desde la óptica de las empresas forestales y del Ministerio de Ganadería. Los cambios que notamos en el mantenimiento de los montes, en los cultivos de eucaliptos y los cambios que se instalaron en torno a alguno de los pueblos tienen carácter voluntarista. Son acciones voluntarias que acordaron entre las diferentes empresas y el Estado. No nos dan ninguna garantía de que vaya a haber alguna continuidad en el tiempo. A nuestro entender, no van a solucionar el problema de fondo”, resaltó.

Entonces, optaron por el camino de elaborar su propio proyecto de ley. “Creemos que debería ser tomado por el sector productivo forestal como una oportunidad de mejorar sustancialmente su preparación para próximos incendios, no verlo como una amenaza”, señaló Dalmás. Dijo que están en una “etapa incipiente de búsqueda de apoyo”, pero “hay bastante voluntad de apoyarlo de diferentes diputados, también de diferentes bancadas”. Ve la propuesta como una oportunidad de “actualizar” la normativa vigente, para mejorar aquello que “no funcionó”. Entiende que es sumamente necesario porque estamos “en un contexto de cambio climático, con sequías cada vez más extensas, persistentes y en las que los incendios son parte de los sistemas productivos forestales”.