El 5 de julio, la Comisión de Ambiente del Senado continuó con el tratamiento del proyecto Neptuno, que propone construir una nueva planta potabilizadora en Arazatí, San José, y abastecerse del Río de la Plata.
“Quiero al directorio de OSE en el Senado de la República. ¡Antes me enojaba cuando no venían; ahora también me enojo!”, manifestó el senador del Partido Colorado Germán Coutinho, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio, se sumó al pedido y planteó que tendrán que reiterar la solicitud al ente estatal. “En caso de que no vengan, las bancadas podrán establecer qué tipo de acción desarrollar”, agregó. El cabildante Raúl Lozano también mostró su molestia: “Me parece que lo que expuso la última delegación tiene muchas contradicciones con lo que dijo el señor ministro de Ambiente en cuanto a cantidad y calidad del agua. Eso en cuanto a temas globales. Si entramos a lo más pequeño, también está lleno de contradicciones. Creo que es fundamental que comparezcan aquí las autoridades de OSE”.
¿Cuál fue la delegación que desató esta respuesta? En concreto, participaron en la comisión María Selva Ortiz y Marcel Achkar, de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay. Achkar, además, integra el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. la diaria conversó con ellos para conocer un poco más los argumentos por los que se oponen al proyecto Neptuno y cómo viene siendo la participación en el proceso.
En la comisión explicaron que cuando se redactó la reforma constitucional de 2004 hicieron especial hincapié en que toda la cadena de suministro de agua potable la brindaran personas jurídicas estatales. ¿Cómo fue el proceso de discusión en aquel entonces?
María Selva Ortiz: En 2004 decidimos cambiar la Constitución a través de una iniciativa popular. Las organizaciones y movimientos sociales nos nucleamos para frenar las privatizaciones que se estaban haciendo. Ya estaban en Maldonado y en ese momento se estaba estudiando que se podían llevar a Canelones. Los usuarios y los vecinos de Canelones estaban muy movilizados. En paralelo, la presidencia de Jorge Batlle, después de la crisis de 2002, había sacado una propuesta de llevar a subasta pública todo lo que era el subsuelo uruguayo; dentro estaban las aguas subterráneas. Era una alarma que teníamos. El disparador fue frenar la privatización de un bien común y las privatizaciones del servicio de agua potable y saneamiento. Nosotros entendimos que para cuidar había que generar una Política Nacional de Aguas. Queríamos poner bases para la gestión del territorio; ese articulado se construyó en muchas horas de discusión, asesoramiento, consulta e intercambio.
Hablamos con el abogado constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz y fue él quien hizo la propuesta de este texto. Cuando uno vuelve a leer el artículo 47 de la Constitución, dice: “El servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano serán prestados [sic] exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. El servicio público es todo el proceso. No es solamente el final, es desde la toma de agua, la potabilización, el transporte, hasta que llega a nosotros. Eso claramente fue lo que pusimos en el artículo. ¿Por qué “exclusiva y directamente”? Para que no hubiera ninguna duda. Es algo que hoy no puede estar en cuestión.
También apuntaron que la planta Neptuno “no es la solución” y retoma la “misma tendencia” que se estaba desarrollando antes de la reforma. ¿Por qué?
María Selva Ortiz: El proyecto Neptuno no fue lo que el constituyente escribió. Esto es lo que queríamos frenar y apoyó 64,7% de la población el 31 de octubre de 2004. El agua no es una mercancía y, por lo tanto, nadie se puede enriquecer, nadie puede lucrar con este servicio. Por eso tienen que ser personas jurídicas estatales, exclusiva y directamente, quienes lo realicen. Tiene que hacerse priorizando lo social sobre lo económico; esa es otra de las bases de la Constitución.
El ministro de Ambiente, en el mismo Parlamento, expresó que había servicios de saneamiento que estaban siendo prestados por privados en el país. Decía que en esos lugares continuaban gestionando los privados el saneamiento porque OSE no tenía gente para destinar a esa tarea. Pero OSE tiene la obligación de seguir capacitando e ingresando funcionarios para que puedan aprender lo que es el proceso, porque únicamente la empresa estatal lo va a poder seguir haciendo. No pueden acatar las órdenes de reducción del Estado, ellos tienen un servicio esencial que dar. No puede ser que el ministro diga que esos servicios están en manos de privados porque OSE no tiene gente.
Volviendo al proyecto Neptuno, también plantearon objeciones desde un punto de vista técnico. ¿Cuáles son?
Marcel Achkar: El Río de la Plata es un sistema muy complejo, es un estuario. El movimiento de agua con alta salinidad depende de lo que viene de la cuenca alta, con la combinación de dos grandes ríos, el Uruguay y el Paraná. La cuenca del Plata es muy grande y puede haber sequía en una parte, exceso de lluvia en otra parte. Esa combinación, conjuntamente con los vientos que vienen del suroeste, hace que la predicción de cómo se va a mover la flecha salina sea muy difícil. Entonces, al evaluar cómo ha sido el comportamiento, vemos que el promedio es 60 días de salinidad al año. Capaz que el año que viene no tiene ninguno y al otro año tiene 120 días. Tal vez en algún momento es en verano y en otro momento puede ser en invierno. Complejiza el manejo tener una toma de agua ahí.
La empresa [Consorcio Aguas de Montevideo] había planteado un polder; era un disparate. En eso coincidimos con Mekorot [empresa israelí que contrató OSE para hacer una consultoría]. El agua estancada, con las semillas de las algas, sería un caldo de cultivo. Pero la solución que proponen es peor. Proponen construir un reservorio más grande en Montevideo y mezclar esa agua que tiene altos niveles de salinidad con el agua que viene de Santa Lucía, que no tiene problemas de salinidad. Conclusión: el agua que se brinda a 60% de la población va a tener mayores tenores de salinidad, peor calidad. Se hace una gran inversión para brindar agua de peor calidad.
María Selva Ortiz: El costo de la desalinización es altísimo. No tenemos por qué asumir el costo los uruguayos cuando tenemos una red hídrica dulce de las más ricas del planeta.
Con la Facultad de Ciencias están haciendo una investigación en el Río de la Plata sobre las floraciones de algas y cianobacterias. ¿Qué resultados encontraron?
Marcel Achkar: A nivel internacional lo que se viene haciendo es trabajar con imágenes satelitales. Nosotros pusimos esa técnica a punto, lo hicimos para los embalses del río Negro, lo estamos haciendo para embalses pequeños de uso productivo en el Santa Lucía, lo hicimos para los lagos de ciudad de la Costa. También lo hicimos para el Río de la Plata desde 2016, que es cuando empieza la serie de imágenes Sentinel –un satélite europeo– hasta 2021. Las más de 200 imágenes muestran más intensidad de frecuencia de aparición de floraciones. Lo que vemos es que hay una clara acumulación sobre la costa argentina, pero comienza a haber una zona permanente de floraciones contra la costa uruguaya y en la faja costera.
Donde está prevista la toma de agua de la planta Neptuno, empiezan a aparecer. Hay una diferencia estacional, pero sobre la costa siempre las tenemos. Por eso decimos que el lugar donde se está planificando la toma es una zona de concentración permanente de algas. La planta va a tener que trabajar también para eliminar los efectos tóxicos de las algas. En síntesis: aumenta los costos por la salinidad y no lo resuelve; aumenta los costos por las floraciones algales, que van a ser permanentes. Vamos a pagar más por agua de peor calidad.
Por otro lado, desde el gobierno se plantea que es necesaria una fuente alternativa al río Santa Lucía para poder abastecer el área metropolitana. ¿Ustedes qué piensan?
Marcel Achkar: El Santa Lucía tiene potencial. No tiene procesos irreversibles, nosotros entendemos que esto último es falso. Se demostró, cuando se empezaron a aplicar aquellas 11 medidas de 2013, que se podía revertir. Lo más importante que se hizo fue implementar la zona buffer en Paso Severino, demostró que es eficiente. Plantear que el área metropolitana de Montevideo necesita una segunda fuente alternativa es decir que el Santa Lucía se va a abandonar. No son necesarias dos fuentes. En zonas desérticas, como lo plantea Mekorot, sí es necesario, porque hay momentos de escasez importantes, pero no en el caso de Uruguay.
Ahora, si asumimos que el futuro va a ser igual a lo que viene pasando, el río Santa Lucía está condenado al colapso. Lo que planteo es que si tomamos medidas urgentes –hace 20 años que lo venimos planteando y cada vez es más urgente–, es posible revertir la degradación del río. Lo que hace falta es voluntad política para tomar esas acciones. La pregunta que vendría asociada es si sabemos lo que hay que hacer. Sí, sabemos; el problema es que hay que hacerlo. Es necesario instrumentar las zonas de amortiguación, que se controle los tambos, que todas las localidades urbanas tengan saneamiento en condiciones.
María Selva Ortiz: No nos resignamos porque también es violar la Constitución, que establece bien claro que la gestión de los recursos hídricos tiene que hacerse de forma sustentable, solidaria con las generaciones futuras y priorizando el agua para consumo humano sobre los fines productivos. Nos asustó mucho este cambio de fuentes drástico porque es como desahuciar nuestros ríos, arroyos y acuíferos. Nosotros no vamos a aceptar esto. El Estado y la población tienen un gran tema de debate.
Proponen que no es necesaria otra fuente, pero ¿qué opinan sobre la represa de Casupá? Si bien el gobierno la dejó en stand by, aún no la descartó.
Marcel Achkar: Casupá es una de las alternativas inmediatas para la cuenca del río Santa Lucía. Es una zona de la cuenca donde las causas de la eutrofización, del aporte de nutrientes, no están presentes. Tiene un nivel de intensificación agrícola muy bajo, todavía no llegó la forestación a esa zona, hay poquita. Si se construye una represa ahí, el agua va a ser de buena calidad y va a permitir un flujo permanente de agua, porque se transporta por gravedad hasta la planta de Aguas Corrientes por el cauce. No va a permitir que el agua quede estancada en el curso y se desarrollen las floraciones algales. Si queremos seguir teniendo agua potable, es la mejor solución posible.
María Selva Ortiz: Queremos saber cuál fue la razón para descartar Casupá. Era una política de Estado, el presidente saliente lo había entregado como proyecto prioritario, con financiamiento, ya estaban iniciados los trámites de expropiación y licitación.
Lo descartaron porque tomaron esta opción [Neptuno] que privados vinieron a plantearles. Esta iniciativa no tiene nada de innovadora, está desde la década de 1990. Han perdido dos años, Casupá ya podría estar encaminada. Si es tan inminente la problemática, perdimos dos años por hacer un cambio de rumbo para escuchar a privados.
El 15 de junio participaron en el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Allí se habló, por primera vez en un ámbito de participación, sobre la planta Neptuno. ¿Qué balance realizan?
María Selva Ortiz: En los espacios de Consejos Regionales tendría que estar este tema en discusión; pero una discusión constructiva, con toda la información disponible, como establece el Acuerdo de Escazú, que dice bien claro que en temas ambientales tiene que haber acceso a la información, participación y acceso a la Justicia. La participación, además, se tiene que dar desde el inicio y con todos los elementos sobre la mesa. Quienes viven en las regiones y van a ser afectados tienen que recibir esa información y tener derecho a opinar. En ese Consejo Regional, una de las cosas que venimos pidiendo junto con los vecinos de Arazatí hace más de un año es la creación de la Comisión de Cuenca del Arroyo Sauce, que es la cuenca que termina en Arazatí. El ministro de Ambiente y la directora nacional de Aguas volvieron a decir que está a estudio, que van a ver. No crearon la comisión y seguimos sin tener noticias.
También le dijimos al ministro que no había que esperar hasta que el proceso licitatorio saliera para tener información y participar. Nos dijo: “Yo me comprometo a hablar con mis técnicos para ver qué información les podemos dar que no esté bajo el secreto empresarial. En diez días la van a tener”. Eso fue el 15 de junio, hoy estamos a 8 de julio. Seguimos sin tenerla a través de los órganos oficiales, del Consejo Regional o la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, que se reunió ayer y donde volvió a no tratarse el proyecto Neptuno. Para poder tener un Consejo que participe, tenemos que tener información; hemos accedido a la que se ha filtrado por diferentes lugares. Oficialmente, a través de los órganos por los cuales nos tendría que estar llegando la información, no hemos recibido información.
¿Piensan que se está limitando la participación?
María Selva Ortiz: Cuando escribimos la Constitución, veníamos de procesos de participación en los que íbamos, nos preparábamos para hablar y después, cuando las iniciativas surgían, no aparecía nada de lo que decíamos. Decían que habíamos sido consultados, que habíamos participado, pero no tomaban ninguna de las opiniones que nosotros brindábamos. Por eso lo escribimos de esta forma en el artículo 47: “Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. Esto no es lo que está pasando, no estamos pudiendo comunicarnos. Queremos que la participación sea efectiva.
Marcel Achkar: En los últimos 20 años, se avanzó muchísimo en la legislación que incluye distintos niveles de participación. No fue acompañado por una preparación de los organismos del Estado. Se dan situaciones en que la participación está en las normas, en las leyes y los cuadros técnicos no saben cómo efectivizarla. A eso le sumamos que en el último tiempo hay una falta de voluntad política para llevarla adelante. Eso nos lleva a otro punto: ¿por qué se aprobaron esas leyes? Iniciativa popular, presiones desde organismos internacionales que daban financiamiento. Uruguay aprobaba las leyes y “después se verá”. Ese “después se verá” se dejó en nada.
Neptuno está siendo la cabecera de un puente de un proceso que molestó mucho a quienes impulsamos la reforma constitucional. Un primer intento de desvalorizar el artículo 47 fue la ley de riego. Neptuno le pondría, no sé si la defunción, pero sí se acerca mucho. Se genera un antecedente para que en otros lugares se pueda hacer lo mismo. Es mucho lo que se está jugando desde el punto de vista de la gestión pública de los recursos naturales.