Un viejo debate parlamentario, que parecía saldado, volvió a asomarse en esta Rendición de Cuentas. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, propuso sumar un nuevo artículo que busca modificar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En concreto, según el borrador al que accedió la diaria, pretende que sólo puedan incorporarse tierras pertenecientes al patrimonio del Estado o a particulares que brinden su consentimiento. El texto añade que, “en caso de no haber recabado los mencionados consentimientos de los titulares de los predios, el Ministerio de Ambiente tendrá un año para recabarlos”. la diaria intentó comunicarse con el legislador para obtener más información sobre qué implicaría este último punto y conocer por qué planteó nuevamente la iniciativa, pero no obtuvo respuesta.
En 2020, los últimos dos artículos del segundo borrador de la ley de urgente consideración (LUC) redactada por el Poder Ejecutivo tenían un objetivo similar. Además de establecer que para incorporar un área privada al SNAP se debía contar con el consentimiento de los dueños de los predios, se establecía que, en caso de que el propietario del terreno no quisiera pertenecer a este sistema, el único camino posible a seguir era la expropiación. En términos generales, se volvía a la legislación del año 2000, año en que se creó el sistema, lo que significaba un retroceso a los cambios votados por unanimidad de partidos políticos en 2005. Cabe resaltar que durante este período de cinco años, en el que se aplicó ese régimen, ningún área protegida ingresó al SNAP. Finalmente, los artículos de la LUC no prosperaron. Organizaciones sociales, académicos e incluso partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno mostraron resistencia. Cabe resaltar que si bien hubo consenso para eliminar el requisito de contar con el consentimiento de privados, no volvió a estar vigente la normativa anterior.
Sergio Botana.
Foto: Ernesto Ryan
“Preocuparnos un poquito”
El lunes, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores recibió a las autoridades del Ministerio de Ambiente. Durante la reunión, Botana adelantó que iba a presentar los artículos para “derogar las zonas” e hizo especial hincapié en el área protegida Paso Centurión y Sierra de los Ríos, ubicada en Cerro Largo, de donde el senador es oriundo y fue intendente. “No se trata de que el ministerio tome la zona, decrete, perjudique y no se responsabilice por el resto del tiempo”, señaló, según consta en la versión taquigráfica. Más adelante, planteó: “¿Por qué le imponemos a la gente este tipo de situaciones? Yo estoy dispuesto a impulsar la reserva, soy estricto en la preservación ambiental, pero también me siento obligado y responsable. No me gusta esto de la indefinición en el tiempo, que mientras va pasando estamos cómodos y tenemos una zona con gente afectada, sin empleo, sin trabajo y sin producción”. Manifestó que no pide que “se salga a comprar nada”, pero reclamó “preocuparnos un poquito”. “Una cosa es preservar y otra es dejar tirado o poner a unos loquitos sueltos [...] En esta Rendición de Cuentas invito a desandar lo andado y cuando estemos prontos para trabajar, aprobamos nuevamente”, sumó.
Gerardo Evia, director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, fue el encargado de responderle. Explicó que en la “última etapa” del SNAP se han incorporado propiedades privadas, pero también tierras públicas. Recordó que a la fecha existen 376.000 hectáreas totales en el sistema, cifra que considera “insuficientes para permitir la protección de la biodiversidad”. Cabe resaltar que el SNAP actualmente está integrado por 17 áreas protegidas que abarcan 1% del territorio nacional. Dentro de ese 1%, el 90% corresponde a terrenos privados que bajo la normativa actual no debieron ser expropiados a particulares ni se necesitó su consentimiento. En 2010 el país asumió el compromiso de proteger el 17% del territorio en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica.
“En términos comparativos, en América Latina tenemos un promedio del orden del 12% [de territorio protegido], como en el caso de Brasil. A nivel global están claros los compromisos con las Naciones Unidas, Uruguay ha ratificado la necesidad de alcanzar porcentajes bastante más importantes para proteger la vida y los ecosistemas. En términos absolutos podemos decir que Uruguay pierde anualmente en el orden de 140.000 hectáreas por año de ecosistemas naturales, como pastizales, que es el ecosistema natural por excelencia que tiene el país”, afirmó Evia. En este sentido, también comentó que la cartera ha hecho esfuerzos debido a los “escasos recursos presupuestales de que dispone” y se mostró molesto por la referencia del senador a “loquitos sueltos” que circulan por el área. “Se contrató a una guardaparque que está trabajando en la zona –se trata de una esforzada guardaparque que trabajaba en Maldonado y pasó en comisión a Cerro Largo– y complementa sus esfuerzos con personal de la Intendencia de Cerro Largo, en quienes nos apoyamos a través de un convenio que suscribió oportunamente el ministerio, para que ejerzan el contralor del cumplimiento de la normativa del área protegida, de la educación y de otras actividades”, sentenció.
Fuentes consultadas del Partido Colorado adelantaron que tampoco en esta oportunidad acompañarían la iniciativa.