El 15 de setiembre comenzó el receso parlamentario. Queda poco tiempo para que termine esta legislatura, en la que aún no se aprobó el ingreso de los delitos contra el ambiente al Código Penal. Pese a algunos intentos, tampoco se discutió en profundidad sobre diferentes aspectos vinculados a las normativas que fueron presentadas y su posterior aplicación. Recordemos que, hasta el momento, quienes generan consecuencias negativas en el ambiente son reprendidos únicamente con multas, suspensiones temporales o advertencias tras verificar los daños.

En junio de 2023, la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa parlamentaria que buscó sancionar penalmente los delitos por la contaminación de aguas, suelo, aire, la afectación de la biodiversidad y contra la gestión ambiental. Fue votada por el Frente Amplio, el Partido Colorado y parte del Partido Nacional. Durante la discusión, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, manifestó que el proyecto de ley que contó con el apoyo de las tres fuerzas políticas era “defectuoso”, que se trataba de una “criminalización indiscriminada de conductas” que “pone a los productores en libertad condicional” y era un ejemplo de “terrorismo ambiental”. En líneas similares se expresó el nacionalista Sebastián da Silva, quien agregó que a la iniciativa le “hace falta sentido campero de la realidad”.

Sin embargo, los aspectos positivos fueron los que prevalecieron. El correligionario de Da Silva, Gerardo Amarilla −quien es también subsecretario del Ministerio de Ambiente y presentó antes de asumir el cargo una de las iniciativas que no prosperó−, explicó a la diaria en su momento que se necesita legislación que “establezca un freno para ciertas actividades que contaminan o afectan y que, si no tienen normativa penal, la contaminación termina siendo un costo más en la producción”. “Se prefiere seguir contaminando y seguir pagando la multa”, afirmaba el jerarca. Adrián Peña, exministro de Ambiente y senador del Partido Colorado, también fue defensor del proyecto de ley hasta su fallecimiento en abril de este año. Amanda della Ventura, senadora del Frente Amplio, fue otra de las impulsoras para abordar la problemática. La discusión parecía haber trascendido las trincheras partidarias.

Luego de la aprobación en cámara alta, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados. Recibió varios aportes, como un informe del penalista Gastón Chaves y la perspectiva de abogados especializados en temáticas ambientales de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo. Otras organizaciones también pidieron brindar su postura, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y Conservación de las Especies Nativas (Coendú), aunque no llegaron a concretar su visita hasta el momento. Estos últimos fueron firmantes de una misiva, apoyada por más de 50 organizaciones, donde se denuncia que el proyecto deja desprotegida la biodiversidad en 99% del territorio nacional, entre otros cuestionamientos. Sin embargo, la discusión parece ni siquiera haber comenzado. Diputados que integran la comisión, e incluso el subsecretario del Ministerio de Ambiente. dijeron a la diaria que no tienen esperanzas de que se pueda aprobar el ingreso de los delitos contra el ambiente al Código Penal en este período.

Promesas en el papel

“Dada la situación de emergencia ambiental en la que se encuentra el país, nos proponemos incluir al menos ciertos delitos ambientales a la legislación penal. Existen actualmente varios proyectos de ley que van en esta dirección, pero a la fecha no se ha logrado acuerdo político en la materia. Nuestro Código Penal debe incorporar un capítulo destinado a la protección ambiental, donde el bien jurídico tutelado sea el propio ambiente, donde la actuación de las personas jurídicas no pueda ser utilizada como herramienta para escapar de la sanción penal [...] y con sanciones graduadas con base en la magnitud del daño y en la capacidad de discernimiento del sujeto llamado a responsabilidad”. Este texto fue extraído del programa 2020-2025 del Partido Nacional, que se tituló Lo que nos une.

La fuerza política se comprometía a “crear la especialización ambiental en la órbita judicial, como materia con alcance en todo el territorio, así como en la Fiscalía General de la Nación”. Insistían en la “necesidad de consagrar los delitos ambientales en nuestra legislación penal” y en la “creación de una fiscalía especializada”. Sin embargo, las promesas no fueron cumplidas. “Lamentablemente en este período nos quedaremos sin ley de delitos ambientales”, expresó Amarilla a la diaria. Sumó que “es una pena que sigamos sin esa herramienta para defender el ambiente”.

La discusión que versa sobre incorporar los delitos contra el ambiente al Código Penal no es nueva, como hemos planteado en artículos anteriores. En 2003, los diputados frenteamplistas Carlos Pita, Ramón Legnani y Ramón Fonticiella presentaron el proyecto de ley sobre “daño ecológico y ambiental”. En 2005, el ex nacionalista Gustavo Penadés ingresó una iniciativa que llamó “delitos medioambientales”. En 2017, la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Fiscalía General de la Nación elaboraron el proyecto de ley sobre “delitos contra el ambiente”, que fue puesto sobre la mesa por el Frente Amplio en esta legislatura. A su vez, en 2020, Amarilla junto a nueve representantes de la coalición de gobierno −entre ellos el entonces cabildante Eduardo Lust−, presentaron una iniciativa denominada de igual forma que su antecesora. En 2023, el Ministerio de Ambiente puso a disposición de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores un proyecto que tomaba lo mejor de las últimas dos propuestas y, en cámara alta, fue el que tuvo cuórum. Todo parecía encaminado para la aprobación en cámara baja.

Pasaron cosas

Mario Colman es diputado por el Partido Nacional y presidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. la diaria lo consultó sobre si será posible la aprobación del proyecto de ley en esta legislatura. “No, no creo. Si bien todos estamos de acuerdo que se tiene que legislar en este camino y, más allá de que tiene media sanción, lo cierto es que no hay unanimidad en algunos temas técnicos. De la consulta tanto a las cátedras, como también al asesor en la reforma del Código Penal, así como también a la Fiscalía, surge que tiene que haber cambios. La verdad no estoy encontrando cuórum para modificar y acordar en estos tiempos. Yo fui reelecto, tengo ganas de retomarlo”. El legislador no considera que hubo una falta de voluntad política para tratar el tema y en su lugar afirmó que los “asesoramientos” advirtieron que “la voluntad legislativa era buena, pero la técnica mala” y “a veces no lográs el objetivo teniendo una técnica mala”.

Eduardo Lust es exdiputado de Cabildo Abierto, participó en la elaboración de uno de los proyectos de ley sobre delitos contra el ambiente que no prosperó y también es fundador del Partido Constitucional Ambientalista. Según dijo a la diaria, considera que la iniciativa “no se va a aprobar”. “En Uruguay no hay interés por el tema ambiental. No le interesa ni a este gobierno, ni al anterior. Esa es mi opinión. El Frente Amplio tenía un proyecto excelente, lo redactaron en 2017. Con mayoría, no lo pudieron aprobar”, criticó. Apuntó que el proyecto aprobado en la Cámara de Senadores es “tibio” y “lo hicieron para decir que Uruguay tiene delitos ambientales” porque algunos artículos se aplicarían únicamente en territorios que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que abarcan alrededor del 1% del territorio nacional.

El diputado Lust expresa que la “prueba” de que en Uruguay “no hay interés por lo ambiental” la vio al impulsar el proyecto de ley que buscó transferir las competencias relacionadas con el control, manejo y cuidado del monte indígena y palmares al Ministerio de Ambiente, una responsabilidad que actualmente tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. “Trabajé mucho, incluso se creó una comisión especial para tratar el tema. Se ponía en el orden del día de todas las sesiones y después no se trataba. Insistí en que se estaba terminando el período. Entonces los coordinadores de las bancadas hicieron una reunión para tratar el tema. Fui el único orador y presenté un informe. Pensé que no íbamos a llegar a los votos necesarios para aprobarlo, pero lo hicimos. Cuando se aprobó el proyecto, algunos legisladores se acercaron a mí y me dijeron ‘mirá, Eduardo, este proyecto te lo votamos porque sos un buen tipo, pero en el Senado te lo vamos a hundir’”, contó. La iniciativa no se aprobó.

Lust anunció que, de cara al balotaje, apoyará al candidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. En el programa de gobierno de la coalición −el Partido Constitucional Ambientalista forma parte de ella− figura como uno de los compromisos el “promover la legislación ambiental, avanzando en la tipificación de los delitos ambientales”. “¡Eso lo puse yo! Cuando Delgado me preguntó si lo apoyaría, le dije que sí si se comprometían a resolver cinco o seis temas. Yo no soy gobierno, no puedo hacer nada. Algunos temas eran revisar la categoría de los contratos secretos y reservados, revisar la ley de inversiones, la creación de los delitos ambientales y la reestructura de la Fiscalía. Parte de ellos ya estaban, otros no”, contó. Al consultarle sobre su confianza en la aprobación durante la próxima legislatura, planteó que no tiene banca en el Parlamento y “tendría que ir todos los días a golpear la puerta para que se acuerden de esto”.

Cecilia Bottino es representante del Frente Amplio y también integra la comisión a la que se destinó el proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente. “Nunca quisieron tratarlo. Hay otro proyecto de Lust también, pero nunca lo pusieron en el orden del día. Nosotros pretendíamos que, como tenía media sanción, se aprobara. Teniendo los instrumentos, incluso los acuerdos que se habían hecho en el Senado, se podría haber aprobado en Diputados perfectamente. Ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado movieron un dedo como para tratarlo”, lamentó. Consideró que no prosperó porque “toca muchos intereses económicos” y “son delitos complejos, están en juego algunas empresas, donde tenés que vigilar lo que están haciendo”. “Me llama la atención cuando ahora ponen como uno de los principales temas la protección del ambiente y, teniendo la herramienta para aprobar este proyecto en este período, no lo han hecho. Me extraña, porque en el Senado salió por unanimidad. Yo creo que es una cuestión de falta de recursos para hacer el contralor. Si realmente hay voluntad política, se puede llamar a sesiones extraordinarias. Si hay voluntad política, se puede tratar. Lo que no ha habido es voluntad política del Partido Nacional, que tiene la presidencia de la comisión”, acotó.

Los buenos ojos de Fiscalía

A mitad de año, en julio, Fiscalía envió a la Comisión de Constitución y Códigos un informe, al que accedió la diaria, donde plantea su posición respecto a la ley y sugiere algunos cambios en la redacción. “Estamos hoy frente a un entorno que ha cambiado drásticamente, diferente al que conocíamos hace tan solo unos años atrás. Hemos llegado a forzar los ecosistemas al punto tal en que los niveles de incertidumbre sobre la posibilidad de permanencia de vida en el planeta son demasiado elevados”, sostienen allí.

El texto remitido por Fiscalía afirma que Uruguay tiene “una economía basada fuertemente en la explotación de sus recursos naturales y bajo un modelo agroexportador” y que “el crecimiento de la actividad socioeconómica asociado al modelo clásico de desarrollo, conlleva generalmente un proceso de intensificación productiva o de extensión de la frontera agrícola, con una fuerte ocupación de los ecosistemas naturales”. Habla del uso de agroquímicos y cómo generan “múltiples afectaciones tanto al suelo, a la biodiversidad y a la calidad de los recursos hídricos”, de la pérdida de suelo por erosión y de la contaminación debido a vertidos industriales y aguas residuales. También menciona como un problema la pérdida de dunas, bosques y humedales debido al “desarrollo urbano explosivo y sin planificación, principalmente en la región costera”. Estas son tan sólo algunas de las situaciones que la Fiscalía reconoce como problema.

En las conclusiones del trabajo, resalta que la “necesidad de tutelar jurídico-penalmente el medioambiente está fuera de discusión en el ámbito internacional”. Mencionan que la prueba de causalidad “implicará necesariamente contar con mecanismos adecuados para el análisis técnico de los impactos ambientales, y la producción de evidencias científicamente sólidas como para presentar en juicio”. A su vez, destacan que “la regulación trae aparejado como beneficio el desarrollo de la conciencia colectiva sobre la importancia del cuidado del ambiente para las generaciones presentes y futuras, así como la implementación de límites claros”. También subrayan que “el proyecto que cuenta con media sanción, sin perjuicio de las observaciones formuladas, es el que se encuentra en mejores condiciones técnicas y la restricción de su espacio de aplicación a las áreas protegidas (en algunas figuras) si se toma como una etapa de una futura aplicación progresiva, puede ser la oportunidad para realizar una evaluación y mejora”.

Pasó un año y cinco meses desde que la Cámara de Senadores aprobó el proyecto. Nuevamente, los delitos contra el ambiente quedarán fuera del Código Penal. Mientras tanto, la iniciativa −como sus antecesoras− quedará guardada en un cajón del Parlamento esperando que algún legislador la retome el próximo período.