La siguiente historia involucra viajes al espacio, un pequeño balneario rochense y una comunidad que alerta sobre los impactos que sufrirán las personas y ecosistemas con gran riqueza que se encuentran en el territorio. Sin embargo, antes de continuar, es necesario un preámbulo.
En 2022, la compañía argentina Tlon Space presentó un proyecto ante el Ministerio de Ambiente (MA) para construir y operar un puerto espacial ubicado en un padrón propiedad del Ministerio de Defensa Nacional. Su objetivo, según versa en un documento que elaboró la cartera y al que accedió _la diaria _, es el “alistamiento, lanzamiento, llegada o asistencia técnica de vehículos lanzadores que pondrán satélites de terceros en órbita”. Durante la fase de operación, lanzarán semanalmente entre uno y cuatro nanosatélites en una “ventana de tiempo” de hasta cuatro horas, “mientras que en el primer año de operaciones comerciales se contempla realizar solamente un lanzamiento por mes”.
Uno de los puntos conflictivos del emprendimiento es el sitio donde pretende instalarse. El padrón limita con la ruta 9 y el balneario La Esmeralda −ubicado entre Punta del Diablo y Aguas Dulces−, además incluye médanos asociados a la zona costera. Asimismo, está en un área que fue clasificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) como Reserva de Biosfera, un sector pertenece al área Ramsar −de esta forma se denominan a los humedales designados como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar− Bañados del Este y también es un área importante para la conservación de las aves −IBA, por su sigla en inglés−. A su vez, el padrón se encuentra a un kilómetro de la laguna Negra, espejo de agua de 17.500 hectáreas e importante reserva de biodiversidad, que se incorporará de forma inminente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), según se menciona en la página web del MA.
Como si no fuera suficiente, en el sitio donde intenta instalarse la plataforma de lanzamiento, se ubican los únicos concheros arqueológicos existentes en la costa atlántica uruguaya. El daño a la biodiversidad y patrimonio arqueológico es tan sólo uno de los cuestionamientos que plantean vecinos y docentes de la Universidad de la República, como veremos más adelante.
De lunes a viernes, en horario de oficina
Tlon Space dice que se instalará en 87 de las 1.900 hectáreas que tiene el predio del Ministerio de Defensa Nacional. De aprobarse el proyecto, el vehículo que utilizará para enviar los nanosatélites al espacio será Aventura I, que, según la información que presentaron los privados al Ministerio de Ambiente, tiene una altura total de 9,5 metros y un diámetro de 38 centímetros. “El tramo inferior del vehículo consiste en dos cilindros concéntricos, que contienen el combustible y el comburente y un motor atmosférico debajo de ellos”, sostienen. “Durante la operación normal, esta sección, luego de desacoplarse del resto de la lanzadera, caerá en el océano a 160 km del punto de salida”, agregan. El tramo intermedio del vehículo “tiene un motor espacial que lleva a los satélites a la órbita de inserción”. “Esta parte se pierde en la estratósfera y se quema completamente debido a la fricción en el reingreso a la atmósfera”, informan. Por último, está la parte del instrumento que contiene los satélites, que “una vez se llega a la órbita de inserción, se abren las compuertas para liberarlos”.
Durante los lanzamientos −que serán de uno a cuatro por semana− se “restringirá la circulación de vehículos y transeúntes en un área de 1 km” como “medida de seguridad”. “Por cada lanzamiento se utilizarán 132,2 litros de mezcla de metanol y butanol como combustible y 468,8 litros de peróxido de hidrógeno como comburente. El combustible se cargará desde un tanque de almacenamiento”, indica el documento, mientras que el comburente se cargará “a través de un sistema automático”.
El tema de estos combustibles es sensible en el balneario: lamentablemente La Esmeralda ha sufrido muchos incendios históricamente y la memoria colectiva de vecinas y vecinos está marcada por este temor. Sin ir más lejos, al ingresar por la calle principal, se ven grandes depósitos con reservas de agua que pueden ser utilizadas por la población en caso de que el fuego amenace. El balneario, hasta el momento, no ha sufrido un boom inmobiliario tan grande si lo comparamos con sus vecinos, y muchos predios aún mantienen vegetación de grandes dimensiones. Esto genera que las casas de sus habitantes se encuentren entre los árboles, con efectos muy positivos en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo con mayor vulnerabilidad ante este tipo de incidentes.
Volviendo al puerto espacial, este busca operar de lunes a viernes, en un horario de 9.00 a 18.00, con cinco funcionarios de forma permanente. Durante las obras, que estiman serán de seis meses, trabajarán diez operarios.
Aún no se ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental
La iniciativa de puerto espacial recibió la categoría “B” por el Ministerio de Ambiente, que incluye “proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”, según se establece en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales.
Las autoridades, según consta en un documento de la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, reconocen que “el lanzamiento de nanosatélites mediante cohete se trata de una actividad sin precedentes en nuestro país y que a la vez el proyecto involucra una tecnología que se encuentra en etapa de desarrollo”. En este marco, le solicitaron al privado información complementaria. Por ejemplo, “documentación que acredite que el desarrollo del sistema se encuentra validado por un organismo reconocido internacionalmente para tal fin” e “información sobre el proceso de validación del diseño del vehículo y de la tecnología de lanzamiento, así como el sistema de control y terminación de vuelo”.
Por otra parte, le solicitaron a Tlon Space que elabore un Estudio de Impacto Ambiental que analice con “especial atención” aspectos como la “afectación a actividades recreativas, navegación, pesca y uso del espacio aéreo derivada del establecimiento de zonas de exclusión necesarias durante los lanzamientos”, la “perturbación a la fauna terrestre, avifauna y fauna acuática por aumento de nivel de presión sonora y vibraciones derivados de los sucesivos lanzamientos”, la “afectación a ecosistemas acuáticos por la disposición de residuos en el océano”, la “afectación a sitios de interés arqueológico” y de “ecosistemas y sitios prioritarios de conservación”.
El MA también le pidió a la empresa el “análisis de riesgos de derrame, explosión e incendio durante el manejo de peróxido y combustible, incluyendo las medidas de prevención a implementar y acciones a tomar ante contingencias”. A su vez, exigió “análisis de riesgos de lanzamiento fallido (incendio, explosión, trayectoria descontrolada)”. Para los lanzamientos fallidos con “caída descontrolada y/o explosión del cohete” expresa que “deberán determinarse las zonas/distancias en que podrían caer partes del cohete para diferentes escenarios de falla y la probabilidad de ocurrencia y el nivel de daño a la población e infraestructura relevante presente en la zona”. En este punto, el MA indica que “deberá considerar además el elevado riesgo de incendio forestal de la zona”.
En mayo de este año, la compañía le dijo a Ámbito que esperan hacer el primer lanzamiento de un vuelo experimental durante el segundo semestre del 2025. Sin embargo, fuentes del MA dijeron a la diaria que aún no han presentado el Estudio de Impacto Ambiental.
Una iniciativa nueva para el país, pero sin información para los vecinos
“La información disponible es escueta y de difícil acceso. El proyecto no ha sido informado a la población, ni se han generado instancias de participación donde poder dialogar sobre la pertinencia o no del proyecto y el cambio de uso del suelo (actualmente rural) para las 1.900 hectáreas en un tramo de la costa atlántica uruguaya, muy cercano a la laguna Negra, que permanece como un área natural con presencia de ecosistemas en peligro”. Así comienza una carta que escribieron vecinos de La Esmeralda, Punta del Diablo, docentes del Centro Universitario Regional Este y otros académicos y protectores de la costa. A las pocas horas de haber comenzado a circular, la misiva contaba con la firma de más de 300 vecinos y de 25 docentes de la Universidad de la República.
En el documento expresan que “el tema tampoco ha sido informado ni tratado en la Junta Departamental de Rocha, incumpliendo con los procedimientos legítimos de abordaje de este tipo de proyectos”. Insisten en que han existido “irregularidades y resoluciones cuestionables en los procedimientos para tramitar las autorizaciones correspondientes, aspectos técnicos y factores de riesgo que no están siendo debidamente contemplados, además de los impactos sociales que no han sido en absoluto considerados”.
Los investigadores y locales recuerdan que el área del puerto espacial está categorizada como suelo rural, potencialmente transformable. “Desde la Intendencia de Rocha se autorizó la instalación de este puerto en ese padrón sin necesidad de cambiar la categoría del suelo (Oficio 186/022 con fecha 4/7/22), a pesar de que los instrumentos de Ordenamiento Territorial departamentales no refieren a ese tipo de actividad en suelo rural y que las actividades que se admiten en este tipo de suelo deben ser compatibles con usos que no hagan perder el carácter rural o natural al paisaje, deben ser compatibles también con el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas y proteger especialmente los componentes vulnerables y sus funciones, y no deben interferir con el potencial de desarrollo turístico y la valorización de sus recursos ambientales”, señalan.
También apuntan que, por las características de la obra, “este procedimiento no ha seguido las vías formales adecuadas”, y consideran que debería “haberse generado un trámite de recategorización del suelo con la elaboración de PAI [Programa de Actuación Integrada] complementario que diera cuenta de las transformaciones y los nuevos usos de esta porción del territorio”, agregando que ese procedimiento “se deberían evaluar las compatibilidades o incompatibilidades de forma específica a través de una Evaluación Ambiental Estratégica”.
¿Cómo se mide el costo ambiental y local del emprendimiento?
Los vecinos y académicos definen como “cuestionable” que el proyecto haya sido categorizado por el Ministerio de Ambiente como “B” cuando “existen claramente riesgos ambientales”. Esto implica, por ejemplo, que no sea obligatoria la realización de una audiencia pública. La cartera puede disponerla, según su reglamento, “considerando las repercusiones de orden cultural, social o ambiental del proyecto”.
A su vez, la información de la iniciativa no se encuentra disponible en el Observatorio Ambiental Nacional. “De partida, cabe señalar que no existen antecedentes en Uruguay de este tipo de emprendimientos y sus riesgos, siendo la primera vez que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental evalúa una propuesta de este tipo. Es una actividad totalmente nueva en el país que merece todo el cuidado y atención posible, tanto en sus aspectos constructivos y de desarrollo tecnológico, como en la evaluación de sus potenciales impactos ambientales, sociales y culturales, así también en los mecanismos de control y seguimiento de la actividad a medio y largo plazo”, resaltan los vecinos y docentes. Al respecto, señalan que la propuesta de la empresa “no es completa” y “no aborda correctamente todos los riesgos que presenta”.
“Estos riesgos se ven incrementados por el lugar y la zona donde está prevista la instalación. Una población de más de 300 personas a dos kilómetros, otra a unos 15 kilómetros y en medio una zona de bosques y plantaciones forestales con un altísimo riesgo de incendio. Todo esto en un área que es Reserva de Biosfera de Unesco, área Ramsar, IBA y tiene tres áreas protegidas a su alrededor [cerro Verde, laguna de Castillos y laguna Negra, de próximo ingreso al SNAP]”.
También agregan que “en el predio donde se va a establecer la plataforma de lanzamiento están los únicos concheros arqueológicos existentes en la costa atlántica uruguaya. Este tipo de sitio, con cronologías de 3.000 años de antigüedad, es único y representa un valor histórico-arqueológico inédito para comprender los procesos de poblamiento humano del área”.
Por todas estas razones, exigen que el proyecto sea clasificado como “C”, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de prevención o mitigación”. “Un proyecto de esta naturaleza debe ser informado mediante mecanismos abiertos, participativos y contar con la opinión de la sociedad civil y, particularmente, de los pobladores locales”, declaran los vecinos y académicos.
A lo largo de la misiva se relatan algunos factores contaminantes y algunos riesgos del proyecto. La contaminación sonora −junto con sus repercusiones en la fauna y personas del lugar−, peligro de derrames, contaminación por desechos, son tan sólo algunos ejemplos. “Cada lanzamiento supone la caída de objetos extraños al mar (siempre y cuando no haya un fallo). Esto supone altos riesgos para la fauna marina local, en una zona de gran importancia para la reproducción de la ballena franca y un corredor biológico de tortugas marinas, delfines y franciscanas, entre otras especies marinas, varias de ellas prioritarias para la conservación y ya amenazados por otras actividades”, enfatizan. A su vez, describen que la zona marina es un área de pesca de barcos artesanales, industriales y ruta de tránsito de barcos comerciales que se dirigen al puerto de Montevideo. “¿Cómo se evitarán los impactos que pueda causar la caída de estos objetos? ¿Cuánta agua se necesitará para atender y cubrir los diferentes requerimientos del puerto espacial y cada lanzamiento? ¿De dónde se sacará? Ninguno de estos aspectos está contemplado en el proyecto”, declaran.
Por otro lado, también ponen sobre la mesa que los poblados cercanos al puerto espacial viven del “turismo y naturaleza de la zona”. En ese sentido, observan que la iniciativa “no parece ser algo que vaya en la dirección de fortalecer el turismo, sino en su detrimento (riesgos de incendios, explosiones frecuentes en cada lanzamiento, etcétera)”. “No se visualiza cuál es el beneficio para la población del departamento a cambio de estos potenciales perjuicios”, insisten. Enseguida, suman que “la operación de esta plataforma no es una industria que implique la generación de muchos puestos de trabajo”. Ante esto, se preguntan: “¿Cuál es la ecuación costos-beneficios para el país y para el departamento de Rocha? ¿Se calculan los costos ambientales y socioeconómicos que supondrá la pérdida para el turismo y los costos ambientales?”. Asimismo, también se cuestionan por qué la empresa privada se puede instalar en un padrón propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.
Involucrando a la academia
En febrero de 2022, el gobierno creó la Junta Nacional de Política Espacial, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, pero también cuenta con la participación de miembros permanentes y miembros asesores. Entre estos últimos, está la Universidad de la República. Los vecinos e investigadores enviaron una misiva a autoridades, entre las que se encuentran el rector Rodrigo Arim, el director regional del CURE, Joaquín Marqués, la directora de la sede de Rocha, Lorena Rodríguez, la decana de la Facultad de Ciencias, Mónica Marín, el decano de la Facultad de Ingeniería, Pablo Ezzatti, y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Pablo Martinis. Allí comparten las inquietudes sobre el puerto espacial y agradecen a Gonzalo Tancredi, representante de la Universidad en la Junta Nacional de Política Espacial, por haberse reunido con ellos.
“Entendemos que la Udelar y los diferentes servicios involucrados deberán analizar e informar sobre este tema, ya que se deberá dar opinión en la Junta Nacional de Política Espacial. Por este motivo, hacemos llegar las consideraciones que nos merece el proyecto y estamos a disposición para hacer llegar de primera mano las preocupaciones de vecinos y docentes a los ámbitos de decisión”, finalizan.
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