María Fernanda Souza es socióloga por la Universidad de la República, también fue docente y directora académica de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Tiene una maestría en Medio Ambiente Global, Política y Sociedad por la Universidad de Edimburgo y trabajó como asesora en justicia climática y ambiental para organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su carrera académica hizo investigaciones en las que, por ejemplo, constató el daño humano del agronegocio y la industria forestal en territorios productivos y también lideró el primer Estudio Nacional de Percepción del Riesgo orientado a fortalecer la resiliencia climática. En marzo inició su camino en la toma de decisiones y asumió como directora de Cambio Climático.

En noviembre tendrá lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil. La dirección, en conjunto con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, convocó a espacios de participación de cara a esta instancia. ¿Por qué se decidió que estas organizaciones apoyaran y qué información han recabado?

Las instancias de participación eran algo en lo que venía pensando, pero la dinámica de la gestión a veces te lleva a no poder poner algunos énfasis en esa parte. Me encontré en una de las instancias de reunión de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología con Marcelo Fossatti [integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas]. Me comentó que había sido seleccionado como representante latinoamericano de la CLOC para asistir a la COP30 y llevar la posición de la sociedad civil. El cambio climático es un tema difícil de informar y difícil para que la población lo baje a cuestiones más concretas. De repente hay posiciones muy claras sobre el agua, el tema ambiental más genérico, pero sobre cambio climático, si bien está muy interrelacionado y una cosa depende de la otra, no tanto. Pensamos que estaba bueno tener esta instancia de diálogo y me parecía importante que esa instancia de diálogo fuera realmente participativa; para que sea realmente participativa entiendo que las organizaciones de la sociedad civil tienen que tener parte también en la organización [...].

Marcelo va por la CLOC, que es una organización internacional que participa activamente en las COP desde hace tiempo. Nos pareció importante, incluso para las organizaciones de la sociedad civil que no participan tradicionalmente en la COP, tener el testimonio de una organización que sí lo hace. Hubo una primera instancia de nivelación, de comentarles la agenda de la COP: la mitigación, la adaptación, qué implica, qué es lo que está realmente en discusión. Esto duró unas tres horas aproximadamente. Dimos un plazo prudencial para que pudieran volver a sus organizaciones de base, formar posiciones, y tuvimos una segunda instancia presencial la semana pasada, en la que hubo presentaciones de aquellas organizaciones que quisieron hacerlas con su posicionamiento de cara a la COP. Encontramos que tenemos muchos elementos comunes: la preocupación por el financiamiento para el Sur Global, que sea en formato de donación y no de préstamo; la preocupación sobre cuál es ahora la hoja de ruta para cumplir con los compromisos de financiamiento internacional que surgieron en el marco de la COP; que las comunidades puedan presentar sus proyectos para recibir financiamiento [...].

Por sus características, ¿es difícil para Uruguay acceder a financiamiento?

No es tan así, al menos no en los instrumentos de la Convención [Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático]. Sí es cierto que Uruguay, como país graduado, tiene problemas para acceder a las ayudas para el desarrollo clásicas, porque hay un montón de fondos de cooperación internacional justamente para países que no están graduados, que para nosotros ya no están disponibles, pero que estuvieron disponibles durante mucho tiempo. Ahora, para la financiación en el marco de la ambición climática a proyectos que se presenten ante el Fondo Verde para el Clima, el GEF [Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial], el Fondo de Adaptación, el Fondo de Pérdidas y Daños eventualmente, para todo eso, en la medida en que integramos los países del Sur Global y los países que estamos dentro del G77, calificamos para recibir apoyos. En el marco de los fondos que hay disponibles para el cambio climático sí tenemos posibilidades de acceder.

¿Uruguay recibe dinero de fondos climáticos en términos de donaciones?

Sí, millones de dólares. Los países donan al fondo, nosotros aplicamos al fondo con proyectos concretos. Aplicamos con proyectos que tienen en cuenta las necesidades de todo el Estado: ganadería, pesca, adaptación de ciudades y pérdidas y daños, comunidades, salud. Aplicamos a los fondos y el dinero que viene no es préstamo. Es concesionario, es decir, es dinero que no tenemos que devolver. Ese dinero es el que llega al país, y ese es el financiamiento que discutimos en la COP. Por eso es tan importante el eje de financiamiento en la COP, porque ese dinero es el que va a alimentar estos fondos en los que nosotros después presentamos proyectos y, si el proyecto cumple con las condiciones, nos llega dinero que no tenemos que devolver. Por eso la insistencia en que el financiamiento tiene que ser público y concesionario, que nosotros no tengamos que devolver el dinero. Porque si son préstamos, aumenta la deuda externa de los países y, en realidad, seguimos engrosando la dependencia con el Norte.

Al hablar de cambio climático, existen tensiones reconocidas entre el Sur y el Norte Global, así como a la interna de los propios países. Imagino, por ejemplo, que con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca deben existir distintas posiciones en ciertos puntos. ¿Cómo describirías estas diferencias tanto a nivel nacional como internacional?

La posición nacional, en términos de la negociación, se discute en el ámbito del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática. Existe un grupo de negociación que genera las recomendaciones técnicas, que luego son elevadas a los ministros y a las autoridades y terminan siendo las posiciones de Uruguay en los distintos temas. Con Ganadería, en el marco del cambio climático y de la acción climática, no tenemos confrontaciones. Creo que es probable que eso que relatás se vea o se plasme en otras áreas de la gestión ambiental, pero en lo que tiene que ver con cambio climático hay un esfuerzo de Ganadería también. Hay un Plan de Adaptación en el Agro, hay esfuerzos potenciados o empujados desde la Dirección de Cambio Climático. Hay esfuerzos para transitar hacia prácticas más sostenibles y menos intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero. Trabajamos mucho con el Ministerio de Ganadería y trabajamos mucho con los productores. Te diría que las tensiones en lo interno, al menos en lo que tiene que ver con la negociación, no son un tema.

A nivel internacional, hay tensiones entre el Norte y el Sur Global y hay tensiones dentro del propio Sur. La tensión está dada, sobre todo, en el eje de financiamiento. Ha habido múltiples compromisos de los países del Norte Global en cuanto a colaborar hacia una meta de financiamiento que es global y que no se ha llegado a cumplir. Si no sabemos cuánto dinero va a haber disponible para poder planificar la acción climática, la adaptación o dar respuesta a las pérdidas y daños en nuestro territorio es muy difícil hacer política pública. Eso genera mucha tensión, sobre todo porque una de las cosas que se acordó en la COP29 es el camino de Bakú a Belém, que pretende que se termine en un total de 1,3 billones de dólares de financiamiento con un esfuerzo colectivo entre los países [del Norte] y el sector privado. Lo que necesitamos saber desde el Sur es cómo se va a llegar a ese dinero, porque hasta ahora no hemos logrado tener el volumen de financiamiento. Además –esto es importante aclararlo–, el financiamiento climático no es ayuda, tiene que ver con una responsabilidad histórica asumida por los países del Norte, firmada en el Acuerdo de París por los países del Norte y los países del Sur. Hay un consenso en que es necesario. El problema es que pasan los años y no llegamos a la meta que nos fijamos.

En 2021, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, las autoridades presentaron la Estrategia Climática a Largo Plazo. Primero quería saber si estás de acuerdo con la versión final de este documento o si están pensadas modificaciones. También me interesa saber tu postura sobre plantear como medida de mitigación aumentar en 20% la superficie de las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales en muchos casos sustituyen pastizales e incluso se han publicado investigaciones que ponen en duda que la forestación realmente contribuya a la mitigación de los países.

La estrategia climática a largo plazo, en principio, no está en revisión. Tiene como base muy evidente la Política Nacional de Cambio Climático, que es un poco mi biblia. La tengo en el escritorio, la consulto todo el tiempo. Particularmente sobre este punto, es algo que fue planteado en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio y la Variabilidad Climática, que es el órgano que acordó la estrategia de largo plazo, y también en el marco en el que se construyó la NDC3 [Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional] [son los compromisos que realizan los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático], que tiene este componente, se cuestionó y lo estamos discutiendo. En principio, no está pensado que la Estrategia Climática a Largo Plazo se revise, pero todo puede ser.

¿Cómo te imaginás una transición justa en Uruguay?

La cabeza se me va muy rápidamente a otras situaciones de la región. Haciendo un poco de memoria sobre lo que fue la transición hacia la matriz eléctrica renovable... Es difícil mirar los procesos que pasaron en un momento determinado en el tiempo con los ojos del presente. En ese momento había muchas discusiones que no estábamos dando. Yo creo que es una buena cosa que esa transformación ya esté de alguna manera terminada, en la medida en que está resuelto el tema de lo comunitario vinculado a esa transformación.

Entiendo que cualquier proceso que implique el cambio de forma de vida de las personas siempre tiene que ser en consulta con las comunidades desde el origen. Un proceso de transición justa tiene que, obligatoriamente, incorporar a la sociedad civil y un proceso de educación de la población en general, en el que se recaben sus expectativas. En la medida en que la transición eléctrica, que es un poco la más polémica en todos lados, en Uruguay está bastante transitada, no veo demasiados problemas. No estamos hablando de gente que trabaja en minas de carbón y que ahora tiene que pasar a trabajar en los molinos de viento. Creo sí que tenemos que repensar el componente de género asociado a esa transformación, tenemos que seguir pensando en ese componente y de qué manera las mujeres lograron incorporarse al mercado laboral de la industria de la energía renovable. Pero creo que otro aspecto para lograr la transición justa de Uruguay tiene que ver con la educación. Un debe que tenemos, sin duda, es la educación en materia de cambio climático y educación ambiental, y lograr transmitir de qué manera impactan en la vida de las personas y de las comunidades los efectos del cambio climático.

También tenemos que pensar en cuáles son los costos de esta transición para los países hermanos y para otros países del Sur Global. Estoy pensando en los metales raros y en todos los elementos que son necesarios para las baterías. La disposición final de esas baterías es un tema que aún no está resuelto. Tenemos que seguir pensando qué va a pasar con ellas cuando terminen su vida útil. Debemos pensar no solamente en las comunidades de las que se extraen los materiales para construir esas baterías, que sabemos que en general son comunidades muy vulnerables del Sur Global con condiciones laborales paupérrimas y violatorias absolutamente de sus derechos humanos; también tenemos que pensar en la disposición final de esas baterías, que generan un pasivo ambiental importante. En eso estamos trabajando con la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.

¿Cómo entran las exploraciones de hidrocarburos y la industria de hidrógeno verde en esta transición?

El tema puntual de la explotación de hidrocarburos es una definición que se toma a otro nivel. Está definiéndose a nivel de Presidencia, a nivel de los ministros. Toma el componente ambiental como uno de los insumos, en el marco de otros que también toman para decidir. Tendremos que esperar a que terminen de hacerse las evaluaciones ambientales. El ministro [de Ambiente Edgardo] Ortuño ha dicho que se va a trabajar en dar todas las garantías ambientales en ese sentido. Pero bueno, es una decisión que se toma incorporando múltiples factores, no solamente el ambiental y no solamente esta mirada de transición justa vinculada al cambio climático. Lo mismo te podría decir sobre el hidrógeno verde.

Llegado el caso, algo que sí es importante es que Uruguay cumple sus acuerdos. Uruguay tiene un compromiso ante la comunidad internacional, que es su NDC [Contribución Determinada a Nivel Nacional]. Entonces, de encontrarse este petróleo, nosotros tenemos que ver cómo cumplimos con nuestra NDC y con nuestras metas comprometidas en términos de emisiones. Esto va a requerir una revisión de las emisiones de todas las industrias y actividades. El compromiso en el Acuerdo de París es que cada NDC tiene que aumentar en ambición. En ese escenario se va a tener que dar una revisión. Eso es lo que te puedo decir como directora nacional de Cambio Climático.

¿Qué opinás de los mercados de carbono? ¿Pensás que tiene que haber una regulación por parte del Estado?

Es algo que no hemos discutido todavía en la interna. Entiendo que sí, es importante regular los mercados de carbono, es importante revisar los estándares internacionales para los mercados de carbono. No hay en este momento un mercado regulado por el Estado, creo que tenemos que revisar los estándares de las certificadoras internacionales para asegurarnos de que realmente en este mercado privado de carbono los créditos de carbono que se puedan vender realmente sean adicionales a lo que está establecido en nuestra NDC, porque esa es una de las condiciones que tienen que tener esos créditos de carbono. Mercado público en este momento no tenemos, y estamos estudiando el tema, pero no tenemos una posición definitiva.

Búsqueda reportó que, ante amenazas de represalias de Estados Unidos, Uruguay está evaluando qué posición tomar en la votación internacional para crear un acuerdo vinculante que tenga como objetivo reducir las emisiones del transporte marítimo, responsable de cerca del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Remarcó que en el Ministerio de Ambiente existía la preocupación de que no se votara a favor.

Es un tema que se está manejando en la cancillería. En el Ministerio de Ambiente damos nuestra visión, pero a la hora de tomar esa decisión se consideran múltiples factores. La decisión dependerá de eso y de lo que entienda la cancillería que es lo mejor para el país con respecto a este tema puntual. Por supuesto que apoyamos la necesidad de avanzar en nuestra ambición climática, apoyamos el compromiso de disminuir a nivel global las emisiones y de atender los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Esa decisión específicamente está en la órbita de la cancillería y ellos, así como toman los insumos de Ambiente, toman los de muchos otros organismos de energía, de industria, de comercio, tienen otros elementos sobre la mesa.

Decías que el cambio climático es un tema difícil para que “la población lo baje a cuestiones más concretas”. ¿Qué trabajos en territorio hace la dirección?

La Dirección Nacional de Cambio Climático es la rectora de la política climática, no necesariamente la ejecutora de las acciones vinculadas a esto. Nosotros hacemos evaluaciones, diagnósticos, recomendaciones, seguimiento y también conectamos a los gobiernos subnacionales o a los distintos ministerios sectoriales con posibilidades de financiación, siempre y cuando las acciones estén alineadas con mitigación o adaptación en algunos de los ejes que nosotros trabajamos y manejamos. Además de todo el trabajo que tenemos en términos de medición, verificación de datos y generación de los informes, que luego van a nivel internacional y nos habilitan a integrar algunos espacios que nos permiten tomar fondos, la dirección también trabaja en la adaptación. Es decir, de qué manera las poblaciones y las ciudades se preparan para los efectos adversos de los fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático. Tenemos una estrategia desplegada; la intención y la marca de esta gestión va a tener que ver con la descentralización.

Uno de los ejes tiene que ver con el ecosistema de la costa. Tenemos el NAP-Costa funcionando, con acciones que desarrollamos en coordinación con las intendencias, siempre respetando las potestades que tienen en la toma de decisión sobre su territorio. Ahora se están cuadrando en un marco más general, que es el Plan Costero Integral que está elaborando la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Tenemos todo el trabajo de estimación de la evolución de la línea de costa, de conservación del cordón dunar, de las playas y de todo el ecosistema costero como una forma también de construir resiliencia frente ante las posibles inundaciones, el aumento del nivel del mar, las tormentas, las marejadas. Vemos cómo esto repercute tanto en las actividades del sector pesquero, de las personas que viven de turismo y que trabajan en esa zona y de las personas que tienen su propiedad, que tienen su casa en esas zonas.

Igualmente relevante es el trabajo que llevamos adelante en las zonas ribereñas. Acaba de terminar el proyecto de Adaptación en Costas del Río Uruguay. Trabajamos apoyando la relocalización de poblaciones que vivían en zonas inundables, obviamente esto en coordinación con el Ministerio de Vivienda [y Ordenamiento Territorial], con las intendencias y sus planes de Ordenamiento Territorial. Esto requiere mucho trabajo interinstitucional, y un poco ese es el rol de esta dirección: estar ahí como engranaje articulador, además de conseguir los fondos. Trabajamos en planes de educación a la población e incorporamos la visión de las comunidades, que participaron mucho a la hora de definir qué hacíamos en esas zonas inundables. En algunas se definió hacer plazas de deportes para que las escuelas y la gente de la zona pueda ir a tener sus espacios de ocio y esparcimiento pero que, cuando suba al río, el sitio se puede inundar y, cuando baje el río, vuelve a ser un parque. Lo importante es que ahí ya no están las casas, no está la gente inundándose varias veces por año todos los años.