La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida envió este lunes una carta dirigida a autoridades del Ministerio de Ambiente. En ella solicitan información “detallada y fundamentada” sobre varios puntos vinculados a las obras previstas en la cuenca del río Santa Lucía y a las negociaciones en torno al contrato del proyecto Neptuno.

La organización sostiene que, tras descartar la planta potabilizadora en Arazatí, el nuevo plan del gobierno “prioriza” la cuenca del río Santa Lucía. Sin ir más lejos, las obras que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo para reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana –sin contar la represa en Casupá– son una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, mejoras en la cuarta y la quinta línea de bombeo y una nueva reserva de agua bruta, junto con una usina potabilizadora más pequeña sobre el arroyo Solís Chico. En este contexto, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida demanda conocer “los recursos presupuestales y medidas concretas y adicionales que se destinarán específicamente a la protección de la cuenca, más allá de la construcción de infraestructuras”. Por ejemplo, hace referencia a las medidas de gestión para “controlar las principales presiones”, como los monocultivos, la agricultura extensiva, el uso de agrotóxicos, efluentes industriales y falta de saneamiento.

En la misiva, la organización recuerda que el artículo 47 de la Constitución declara el agua como un “derecho humano fundamental y un bien esencial para la vida” que “debe ser gestionado de forma pública y con participación ciudadana”. Defiende que los “ámbitos naturales para la discusión y toma de decisiones sobre las actividades que puedan afectar la disponibilidad, el acceso, la cantidad o la calidad del agua para consumo humano” son los Consejos Regionales y las Comisiones de Cuenca.

Por otro lado, busca saber el “estado actual de la negociación del contrato” del proyecto Neptuno firmado con el Consorcio Aguas de Montevideo. Argumenta que existe “falta de información pública y transparente sobre las modificaciones al contrato original”. La organización entiende que la cartera debería brindar detalles sobre “las negociaciones en curso, los plazos estimados y los cambios sustanciales introducidos” en el contrato. A su vez, ve pertinente que “se evalúe y comunique si existe la posibilidad de reclamos legales por parte de empresas que no se presentaron al llamado original, ante los cambios en las condiciones del proyecto”. Cabe destacar que, en los últimos días de agosto, el directorio de OSE firmó una resolución por la cual prorrogó el plazo de las negociaciones entre los representantes del gobierno y las empresas hasta el 30 de setiembre. Consultado por la diaria, Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, dijo que los intercambios continúan y que el plazo se “extendió un mes más al menos”.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida quiere información sobre “los estudios que respalden la creación neta de puestos de trabajo” asociados a las nuevas obras y “si se han considerado los posibles empleos perdidos en otros sectores productivos de la zona”. En esta línea, pregunta “cómo se prevé el ingreso de personal a OSE” y resalta que “la empresa no cuenta con el personal suficiente para sostener la demanda actual a la cual se le agregarían las nuevas obras”. Al mismo tiempo, señala que “aún no está claro el monto final” ni la “modalidad de pago” del nuevo proyecto y pide que “se aclare si se mantendrá el pago por disponibilidad y cómo se garantiza que la infraestructura será propiedad de OSE, tal como ha sido anunciado”. También quieren explicaciones sobre por qué no se declaró la “nulidad” del proyecto Neptuno-Arazatí.

Finalmente, la organización pone sobre la mesa el “plan de reducción de pérdidas en la red de Montevideo”. Apunta que, “dado que se reconoce que hasta el 50% del agua potable se pierde en la red de distribución, solicitamos conocer el plan específico, con metas y cronograma, para atacar esta problemática, que es fundamental para una gestión eficiente y sostenible del agua, como también el monto de dinero que se pierde mensualmente por dichas pérdidas”.